Por Sonny Figueroa
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El pasado 12 de junio los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), por unanimidad, ampararon provisionalmente a la organización Acción Ciudadana, ordenando que diputados tránsfugas no deban presidir comisiones de trabajo, jefaturas y subjefaturas de bancada. Tras esa resolución, el Congreso accionó, pero la CC rechazó su impugnación.
El Congreso alegó ante la Corte que Manfredo Marroquín, actual presidente de Acción Ciudadana, no tiene la representación legal de la organización. Sin embargo, ayer, los magistrados por unanimidad resolvieron que Marroquín sí tiene las facultades legales para accionar antes las instancias correspondientes.
DIPUTADOS CON PROHIBICIÓN
El amparo provisional que la CC otorgó a Acción Ciudadana ordena que diez diputados tienen que dejar sus puestos dentro del Congreso.
Luis Hernández Azmitia, del Movimiento Reformador (MR) y Delia Bac, de Alianza Ciudadana (AC) deben abandonar la jefatura de sus bloques por ser tránsfugas. Por el mismo inconveniente Mario de León debe dejar la subjefatura de Todos y José de León la subjefatura de MR.
Sandra Ester Cruz Ramírez (FCN-Nación), Eva Nicolle Monte Bac (AC) y Elza Leonora Cú Isem, Nery Orlando Samayoa Barrios, Mike Ottoniel Mérida Reyes y Ronald Ramiro Sierra López (MR), deben renunciar a las comisiones que presiden.
DENUNCIA CONTRA MARROQUÍN
El 21 de junio, el presidente del Congreso, Álvaro Arzú, a través de un mandatario legal, presentó una denuncia penal en el Ministerio Público (MP) en contra de Manfredo Marroquín por la posible comisión de los delitos de falsedad ideológica, uso de documentos falsificados, estafa propia y caso especial de estafa.
El argumento de la denuncia es que Marroquín no tiene la representación de la organización. Sin embargo, con la resolución de la Corte, la denuncia carece de argumentos legales.
En una entrevista con Diario La Hora, Manfredo Marroquín dijo que es una denuncia espuria que tiene como propósito atacar a una institución que fiscaliza la labor del Congreso. Añadió que esa denuncia no tiene legitimidad porque no se consultó a los 157 diputados restantes sobre si estaban de acuerdo, por lo que pidió ante el Ministerio Público que se desestime.
“Es una denuncia espuria sin fundamento legal. Ellos alegan que mi representación legal está vencida y que todo lo que yo he actuado es fraudulento. Eso es absurdo porque no solo no es cierto, sino que son temas que solo podría alegar alguien de la institución”, expresó Marroquín.
