/var/www/wp-content/themes/Newspaper-child/loop-single.php on line 105Cada mes durante 2018, en promedio, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha juramentado a 200 profesionales del derecho que recién egresaron de las distintas universidades del país y están listos para ejercer la abogacía. Sin embargo, no existe certeza de que la cantidad sea proporcional a la calidad académica de los nuevos abogados y notarios y, por lo tanto, muchos usuarios de sus servicios no tienen garantía de estar siendo asistidos por profesionales debidamente capacitados, señalan analista del sistema de justicia.
POR JOSÉ PABLO DEL ÁGUILA
jaguila@lahora.com.gt
Mensualmente la CSJ juramenta a profesionales del derecho que han cumplido con los requisitos y los trámites de inscripción que los faculta para ejercer la abogacía. En algunas ocasiones, los abogados y notarios reciben las palabras de magistrados y funcionarios judiciales, quienes los exhortan a ejercer su profesión con responsabilidad y apegados a ciertos principios éticos.
Según estadísticas del Organismo Judicial (OJ), en enero de este año fueron juramentados 198 abogados y notarios, en febrero 209, en marzo 206, en abril 201 y en mayo 197. Algunos de estos profesionales son los que, inmediatamente, se lanzarán al litigio en los tribunales de justicia, o bien, tendrán incidencia en algún otro ámbito de la administración de justicia.
Sin embargo, en la práctica, no existe una garantía real de la calidad con que las distintas universidades forman a los profesionales del sistema de Justicia.
Carmen Aída Ibarra, representante del Movimiento Pro-Justicia, señala que existen percepciones respecto a que la formación académica de los profesionales del derecho es deficiente. Sin embargo, aclara, no es posible en estos momentos determinar con certeza cuál es la calidad de la preparación porque, actualmente, no existe ninguna certificación que mida estos aspectos.
Según Ibarra, no existe ningún reglamento o ley que obligue a los abogados a someterse alguna evaluación, posterior a su egreso de la universidad, que corrobore el conocimiento que supuestamente han adquirido.
LA POLÍTICA Y LA ACADEMIA
Javier Monterroso, académico y analista del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (IECCPG), señala que un factor que ha provocado el demérito de la academia en Guatemala radica en las potestades que se les ha otorgado a las universidades, principalmente a través de las Facultades de Derecho y Ciencias Económicas, para la toma de decisiones políticas.
Las Facultades de Derecho de las distintas universidades, por disposición constitucional, tienen una silla en la Comisión de Postulación que elige la nómina de seis candidatos a Fiscal General del Ministerio Público.
En su artículo 251, la Carta Magna establece que entre quienes integran las Comisiones de Postulación, se encuentran los decanos de las Facultades de Derecho o Ciencias Jurídicas y Sociales de las universidades del país.
De igual forma, los decanos de las Facultades que incluyan la carrera de Contaduría Pública y Auditoría ocupan un lugar en la Comisión de Postulación que integra la nómina de seis personas que eligen al Contralor General de Cuentas.
Monterroso asegura que la academia no debería tener ninguna facultad para la toma de decisiones políticas, como lo es la designación del titular de alguna dependencia pública.
De igual forma, Alejandro Balsells, abogado y académico, considera que la mezcla entre la política y la academia ha provocado que algunas Facultades de Derecho aspiren únicamente a tener cuotas de poder, y no precisamente velen por la calidad académica.
Debido a que las facultades que se otorga al sector académico en las decisiones políticas son disposiciones constitucionales, cambiar esto representa una dificultad mayor.
Actualmente, las universidades del país que tienen Facultades de Derecho son: Universidad de San Carlos, Universidad Francisco Marroquín, Universidad del Istmo, Universidad Rafael Landívar, Universidad Regional, Universidad Mariano Gálvez, Universidad Mesoamericana, Universidad de Occidente, Universidad Rural, Universidad Da Vinci, Universidad Panamericana y la Universidad San Pablo.
Para este reportaje se buscó obtener la opinión del presidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), Luis Fernando Ruiz, sin embargo, al cierre de esta edición, argumentando carga laboral, no le había sido posible atender a este medio.
