POR JOSÉ PABLO DEL ÁGUILA
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El Ministerio Público (MP) presentó mediante un escrito a la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) los argumentos por los cuales considera que la ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, debe ser enviada a juicio por el delito de adopciones irregulares.
El planteamiento del MP se deriva de una resolución que dictó la jueza Silvia de León el 27 de agosto de 2017, cuando fungía como titular del Juzgado Sexto de Primera Instancia Penal.
En esa ocasión, De León celebró una audiencia de etapa intermedia en la que la Fiscalía contra la Trata de Personas solicitó que Jovel fuera enviada a juicio por el delito de adopciones irregulares. Esto, por considerar que en 2010 la Canciller obtuvo de forma irregular la tutela de un niño.
Sin embargo, la jueza consideró que la sindicación carecía de fundamento, por lo que cerró el proceso a favor de Jovel y ordenó el cese de la persecución penal en su contra.
Inconforme con esa resolución, la Fiscalía la impugnó, sin embargo, la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones confirmó la resolución del juez.
Ahora, la Fiscalía recurrió a la Cámara Penal de la CSJ y planteó un recurso de casación. De declararse con lugar el recurso, la Cámara dejaría sin efecto la resolución de la Sala Segunda y, por ende, podría reactivarse el proceso penal contra Jovel.
Los magistrados de la Cámara Penal programaron una vista pública hoy a las 15:00 horas para escuchar el pronunciamiento del MP y de Jovel. No obstante, la CSJ informó que las partes, si así lo desean, pueden presentar su argumentación por escrito.
En este caso, fungen como querellantes adhesivos la Procuraduría General de la Nación (PGN) y el Refugio de la Niñez.
Luego de escuchar a las partes, la Cámara Penal tiene un plazo de 15 días hábiles para dictar la sentencia.
CASO
Según la investigación de la Fiscalía contra la Trata de Personas, en julio de 2010 Jovel pactó con la prima de un juez de turno, Dominga Lisette Ordóñez Sáenz, que le fuera otorgada la tutela de un niño recién nacido que había sido abandonado por sus padres biológicos en un sanatorio ubicado en la zona 1 de la ciudad capital.
Entre las irregularidades que detectó la Fiscalía también se encuentra el hecho de que Jovel no estaba registrada en la Secretaría de Bienestar Social para que pudiera adoptar al niño. Esta situación fue ignorada por el juez al momento de cederle la tutela.
Posteriormente, un Juzgado de Niñez se percató de las irregularidades y ordenó que el niño fuera enviado a un albergue de forma temporal. En noviembre de 2010, el Juzgado de la Niñez entregó el cuidado del niño a Ordóñez Sáenz y Mynor Edgardo Quintana. Sin embargo, en febrero de 2012 se estableció que el niño nuevamente estaba bajo el cuidado de la actual Canciller, lo que provocó que fuera rescatado por la PGN.
