Por Sonny Figueroa
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La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) interpuso un recurso de revisión ante la Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad Nacional por una resolución en la que clasifican como información reservada la totalidad de las actas emitidas por el Consejo después de cada reunión.
El PDH Jordán Rodas señaló que salvo que se trate de asuntos militares o diplomáticos de seguridad nacional, todos los actos de la administración son públicos. Agregó que el ocultamiento de información refleja opacidad, transgrede el principio de transparencia y constituye una seria violación al derecho humano a la información.
“El mismo Consejo debe dar marcha atrás con esta resolución, de lo contrario habrían otras acciones legales, esperamos que tengan la madurez en reconocer que su disposición viola lo normado por la Ley de Acceso a la Información Pública y la Constitución. No hay ninguna razón que lo justifique porque pretenden reservar información que no ha surgido”, explicó Rodas.
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO
En la nota del Diario La Hora titulada se dio a conocer que a través de la resolución STCNS 038-2018 la Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad Nacional, no quiere dar información en relación a temas que se traten de asuntos militares o diplomáticos de seguridad nacional y/o de la nación, o de datos suministrados por particulares bajo garantía de confidencialidad.
“Se clasifica como información reservada la totalidad de los pasajes en que se componen las actas que sean emitidas, suscritas y/o aprobadas por el Consejo Nacional de Seguridad, en las reuniones ordinarias y extraordinarias, en el marco de la toma de decisiones en materia de seguridad nacional y/o de la nación, en sus cuatro ámbitos de funcionamiento: seguridad interior, seguridad exterior, inteligencia de Estado y, gestión de defensa y defensa civil. Se establece como período de reserva siete años”, se indica en el documento.
La resolución del Consejo de Seguridad Nacional se dio en el marco de la investigación del allanamiento en Casa Presidencial por parte del Ministerio Público (MP) información que ha sido requerida al Consejo por los medios de comunicación y que sus integrantes se han negado a compartir.