Un artículo de Adriana Beltrán, quien dirige el Programa de Seguridad Ciudadana de WOLA, publicado esta semana en la revista Foreign Affairs, hace un recuento de los más recientes ataques contra la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), a raíz del Caso Migración, en el cual resultaron condenados algunos integrantes de la familia rusa Bitkov por la adquisición de documentos falsos que les permitieron alterar su estado civil. En particular, ha cobrado relevancia el proceso penal contra los ciudadanos rusos, el cual ha sido utilizado para acusar a la Comisión de servir a los intereses del Kremlin en Rusia.
La publicación de Foreign Affairs firmada por Beltrán, hace énfasis en lo infundado de los señalamientos contra la Comisión, la animadversión del Gobierno de Guatemala hacia el ente internacional y los riesgos que representa para el país la estrategia emprendida por cabilderos para ahogar financieramente a CICIG.
POR DOUGLAS GÁMEZ
dgamez@lahora.com.gt
“El Congreso de EE. UU. debe elegir: distraerse con una campaña de desinformación infundada o continuar protegiendo a la CICIG de sus enemigos, lo que le brinda a Guatemala la posibilidad de un futuro estable”, es la parte conclusiva del artículo publicado en el sitio web de la revista el pasado 6 de junio.
Bajo el título: ¿Está la lucha de Guatemala contra la corrupción bajo amenaza?, Beltrán resalta la importancia que ha cobrado para el país el funcionamiento de la CICIG, porque ha permitido llevar ante la justicia a poderosos criminales, funcionarios y elites influyentes que se consideraban intocables.
Además, recuerda que los críticos de la Comisión han intentado situarla como una herramienta de Estados Unidos o de la izquierda para sus intereses en el país. “El ataque más reciente afirma, sin fundamento, que la Comisión se coludió con el Kremlin. Estas acusaciones de interferencia rusa les proporcionaron a los enemigos de la CICIG una nueva estrategia para disminuir su apoyo internacional, y la acusación ha ganado popularidad entre una pequeña minoría de legisladores en Washington”, señala en la publicación.
LOS DETRACTORES
El contenido del artículo dedica una importante sección a la reacción dentro y fuera del Gobierno de quienes se han visto afectados por el trabajo de la Comisión anticorrupción. Primero menciona las campañas de difamación contra Iván Velásquez y la exfiscal General, Thelma Aldana.
Luego relata la crisis desatada en agosto del año pasado, cuando el Ministerio Público (MP) pidió que se levantara la inmunidad al presidente, Jimmy Morales por indicios de su relación a un caso de financiamiento electoral ilícito; la respuesta del mandatario declarando non grato a Velásquez y el intento de los diputados de aprobar reformas al Código Penal que eximía a secretarios generales de partidos políticos de responsabilidades penales frente a casos de aportes económicos anómalos. Ambas situaciones fueron detenidas por amparos otorgados por la Corte de Constitucionalidad, aunado a las manifestaciones ciudadanas.
“En los últimos meses, la administración de Morales reemplazó a varios altos funcionarios del gobierno que se sabía que apoyaban los esfuerzos contra la corrupción. Después de estos cambios, las filtraciones de información frustraron varias operaciones anticorrupción llevadas a cabo por la Oficina del Procurador General y la CICIG. Los aliados de Morales en el Congreso continúan buscando formas de restringir la lucha contra la corrupción”, puntualiza la publicación.
Sin embargo, la parte toral se centra en lo que consigna como “estrategia” de Morales, la cual apunta a las fuentes de apoyo y financiamiento claves para CICIG, una de ellas Estados Unidos. Ante ello, menciona el interés del Gobierno de congraciarse con EE. UU. lo que influyó en la decisión de mover la embajada de Guatemala de Tel Aviv a Jerusalén.
“Los activistas anti CICIG han utilizado lo que se conoce en Guatemala como el Caso de Migración para difundir una narrativa falsa sobre la Comisión”, añadió Beltrán para luego detallar lo complicado y riesgoso que significó esa indagación contra una red involucrada en defraudación dentro de Migración.
Después se adentra en el caso de la familia rusa, “el caso de la familia Bitkov ha recibido una gran atención en Washington debido a acusaciones infundadas de que su condena fue el resultado de una conexión entre el Kremlin y la CICIG”, aunque quienes han abanderado ese argumentado no han proporcionado pruebas. Además, Beltrán recuerda que Rusia se opuso a la formación de la CICIG ante el temor que se establecieran misiones similares cercanos a su entorno.
“Sin inmutarse por la falta de evidencia, estas acusaciones de colusión entre la CICIG y Rusia se hacen eco de un puñado de congresistas estadounidenses, incluido el representante republicano Christopher Smith, de Nueva Jersey, y el senador Marco Rubio, republicano de Florida”, este último anunció recientemente la suspensión de 6 millones de dólares para la Comisión hasta que se esclarezca la situación de los Bitkov.
DESTACA RELEVANCIA DE CICIG
Aunque CICIG funciona desde 2007 en el país, la publicación destaca el papel del comisionado Iván Velásquez, ya que bajo su dirección la Comisión apoyó al Ministerio Público (MP) a destapar en 2015, algunos de los casos de mayor impacto indagados por la Fiscalía General, refiriéndose a los que llevaron a Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti a renunciar de sus cargos y enfrentar a la justicia.
También aclara que el trabajo de la Comisión es de acompañamiento a las instituciones guatemaltecas, no realiza intervenciones telefónicas, investigaciones independientes o redadas, “Por lo tanto, la CICIG no reemplaza a las instituciones locales, sino que trabaja con ellas, fortaleciendo las capacidades del frágil sistema de justicia de Guatemala a lo largo del camino”.
A la vez, hace un recuento de los aportes al país del ente internacional, debido a que se ha mejorado el sistema de protección a testigos, se implementaron métodos científicos de investigación penal para sustentar los expedientes y la creación de tribunales que protegen a los jueces del crimen organizado.
El artículo hace referencia a una encuesta de la Universidad de Vanderbilt, en la cual se menciona que el 70 por ciento de los guatemaltecos apoya a la Comisión.
LAS CONSECUENCIAS
Por último, Beltrán cataloga como “terribles” las consecuencias que tendría para el país y Estados Unidos, ayudar a quienes pretender descarrilar el progreso de Guatemala.
“Si bien los esfuerzos de la CICIG han logrado resultados sin precedentes, las instituciones de justicia doméstica aún no son lo suficientemente fuertes como para asegurar los logros alcanzados hasta el momento; la influencia de poderosas estructuras criminales en las agencias estatales no ha sido completamente deshecha. En muchas partes del país, el estado sigue siendo inexistente”, puntualiza.
En su conclusión, reitera la importancia que tiene para Estados Unidos los avances en Guatemala, debido a los altos índices de migración irregular hacia Norteamérica e insta a continuar apoyando los esfuerzos para construir una nación la posibilidad de un futuro estable.
