POR JOSÉ PABLO DEL ÁGUILA
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Alrededor de tres meses, según las estimaciones de las partes, permanecerá detenido el Caso Hogar Seguro, en el que se esclarece la muerte de 41 niñas y las lesiones que sufrieron otras 15 durante el incendio. Esto, debido a que el juez Pedro Laynez, suplente del Juzgado Cuarto de Primera Instancia Penal fue recusado por presuntamente haber externado opinión en el proceso penal y, mientras no se esclarezcan las dudas de su imparcialidad, el proceso penal estará estancado.
La recusación contra el juez Laynez fue presentada por la organización Mujeres Transformando el Mundo (MTM), querellantes adhesivos en el proceso penal, y se deriva de la decisión del togado de admitir al Estado, representado por la Procuraduría General de la Nación (PGN), como “agraviado” en el proceso penal.
Según la argumentación del juez, el Estado podría resultar como agraviado debido a los daños que se causaron a las instalaciones del Hogar el 8 de marzo de 2017, cuando se propagó el incendio que cobró la vida de las niñas.
MTM, al escuchar la resolución, planteó dos recursos legales para que el juez revocara su decisión. Esto, debido a que en el caso no se está ventilando daños al patrimonio, sino las muertes de las niñas y las lesiones que sufrieron las sobrevivientes.
Sin embargo, Laynez declaró sin lugar los planteamientos y confirmó que la PGN actuaría como agraviado y, al mismo tiempo, representaría a las adolescentes que no están siendo defendidas por ninguna organización.
Ante esta postura, MTM presentó una recusación contra el juez al considerar que había externado opinión dentro del proceso.
La recusación la resolverá la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, instancia que deberá determinar si el juez Laynez está actuando con imparcialidad o si, por el contrario, ya externó alguna opinión que pueda perjudicar o favorecer a alguna de las partes.
Este es el segundo juez que es recusado en el caso. El primero fue el juez Carlos Guerra, quien actualmente es presidente del Consejo de la Carrera Judicial. El Ministerio Público (MP) y demás querellantes lo recusaron y le pidieron que se excusara del caso porque había generado una grave enemistad con el fiscal que conoce el caso.
