Redacción La Hora
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El jefe de la Comisión Contra la Impunidad en Guatemala, Iván Velásquez, concedió una entrevista a “La Hora” en el que se abordaron varios temas. En esta primera entrega, publicamos lo que dijo Velásquez en torno a la metodología de casos y los casos de la familia Morales, negando las acusaciones de que la CICIG y el Ministerio Público (MP) estaban persiguiendo a la familia del mandatario Jimmy Morales.
Además, se refirió al caso de financiamiento electoral de FCN-Nación y la razón por las que los sindicados fueron citados a la audiencia de primera declaración que se llevará a cabo mañana. Calificó de “importantísimo” para el futuro del país, el paso que el 19 de abril del presente año dieron varios empresarios.
¿Quisiera empezar preguntándole, si nos puede llevar de la mano y explicarnos cuál ha sido la metodología de la Comisión para elegir los casos que se han investigado?
En el año 2014, después de muchas conversaciones que sostuve con numerosas personas desde el día de mi llegada a la CICIG el 1 de octubre de 2013 hasta finales de ese año o principios del 2014 para tratar de conocer la realidad de Guatemala, nos surgió una gran inquietud que es, podríamos decir, la base de lo que después se acreditó en el Caso Cooptación del Estado: era una percepción de corrupción casi generalizada en todos los niveles de la administración pública, en todos los niveles del Estado, pero además también de una impunidad grande que había, que hay, no solo respecto de esa corrupción sino de comunidades indígenas o campesinas que han sido afectadas por las acciones del crimen organizado.
Entonces, diseñamos unas líneas de investigación bajo esa hipótesis de la captura del Estado, de una corrupción sistémica, no episódica, de una corrupción estructural. Y definimos en ese proyecto de investigación varias líneas que tenían que ver precisamente con los poderes del Estado, desde una concepción actualizada de los CIACS, porque no es que se haya cambiado la interpretación del mandato sino que las estructuras criminales no permanecen inmóviles en el tiempo, van evolucionando también de acuerdo con el desarrollo del Estado y de la sociedad. Es distinto pensar en los CIACS en 1994, cuando se firma el acuerdo global de derechos humanos, que pensar en organizaciones de esa naturaleza en la época de postconflicto.
El plan de investigación que empezamos a ejecutar en el 2014 arrojó el primer resultado a mediados de ese año, con el caso de corrupción en el Sistema Penitenciario al que fueron vinculados, entre otros, el director Édgar Camargo y el preso Byron Lima. Hacia finales del mismo año se presentó el caso de un grupo de muerte y despojo que existe, porque no se logró acabar con él, en Izabal: Haroldo Mendoza y parte de su estructura sicarial. Luego siguió la investigación de La Línea en abril del 2015 y a partir de ahí una gran cantidad de casos que se sucedieron durante todos esos meses del 2015.
Adicionalmente, de una investigación pueden surgir otros casos o conocerse nuevos hechos delictivos que deben ser investigados conjuntamente, aunque a veces no sean de gran entidad.
En síntesis, el plan investigativo que se empezó a desarrollar desde el 2014 partió de una aproximación al conocimiento de la realidad guatemalteca, la hipótesis de hallarnos ante una corrupción sistémica, estructural, que poco a poco se ha venido demostrando. Y de los primeros casos surgieron otros, además de nuevos hechos y redes político económicas ilícitas que hemos venido conociendo con el transcurso de los años y la mayor experiencia en el país, que ha dado lugar a nuevas líneas investigativas.
Y de esos casos, ¿cuál fue el que tuvo mayores ramificaciones o que pudo derivar en otras investigaciones?
De la investigación sobre defraudación aduanera conocida como La Línea se han iniciado muchas otras que no tienen relación directa con el tema, pero que empezaron a partir del análisis de las interceptaciones telefónicas o de los miles de documentos hallados en los allanamientos que se realizaron desde el 16 de abril del 2015. Lo mismo ocurrió con el caso relacionado con la corrupción del Sistema Penitenciario, pues el contenido de conversaciones que en el 2014 no tenían mucho sentido para los investigadores -se hablaba de asuntos extraños como la adquisición de facturas para acreditar la compra de material de propaganda política para el partido Unionista- se fue aclarando más de dos años después y sirvió para estructurar una parte del caso conocido como Caja de Pandora.
Cosas que en un principio no estaban buscando
Exactamente, cosas que no se estaban buscando. Estábamos concentrados en un tema específico, el del contrabando, la defraudación aduanera, pero cuando se están escuchando las conversaciones telefónicas de un integrante de la organización que se refiere a otras actividades ilícitas, surgen otros temas de investigación que también se van desarrollando.
En otras oportunidades, el cúmulo de trabajo y los intentos por no desviarnos de los temas centrales han impedido que se continúe avanzando o se inicien otras investigaciones que, entonces, van quedando relegadas. Por eso estamos ahora en la revisión de todos los casos iniciados o no desarrollados inclusive desde antes de 2014, casos que quedaron en suspenso por circunstancias del momento.
Muchas veces se está adelantando una investigación, pero surge por la fuerza de las circunstancias la necesidad de ocuparnos con los mayores recursos en otro tema. O puede suceder también que, teniendo un objetivo principal en una investigación, aparezcan inesperadamente otras personas de las que ni siquiera se sospechaba.
¿Se refiere al caso de los familiares del Presidente?
Exactamente.
¿Cómo surgió esa situación?
Ese caso surge de la investigación en el Registro General de la Propiedad. Lo que queríamos verificar eran actuaciones de la entonces directora del Registro, la señora Anabella de León, a partir de unas denuncias que la Contraloría General de Cuentas y el sindicato del Registro habían presentado. Una de las denuncias se refería a servicios que al parecer no se habían prestado, pero que sí se habían pagado.
Y es en el marco de la investigación de ese hecho específico cuando aparece que una persona que no está contratando recibe cheques y pagos del Registro General. La inquietud apenas natural del investigador es ¿por qué esta persona que no aparece en ningún contrato es la que reclama los cheques? ¿Será un mensajero, un intermediario? ¿Tendrá que ver en algo con una organización? Entonces se busca a esta persona, que resultó ser el esposo de quien efectivamente había contratado o aparecía contratando el suministro de unas canastas navideñas. Cuando este señala al Ministerio Público, menciona que su esposa es la que tiene ese contrato y sugiere que se le pregunte a ella, porque está afuera de la oficina del fiscal. Entrevistada la esposa, ella de una vez cuenta la historia de un contrato con el Registro General de la Propiedad para el que requería facturas que no tenía, pero que le fueron ofrecidas por el entonces novio de su hija, José Manuel Morales Marroquín, hijo del presidente Jimmy Morales.
Frente a una realidad como esta había dos opciones: o se desarrolla ese elemento de la investigación, que en realidad no se puede separar si precisamente estamos averiguando cómo fue la provisión de esos servicios al Registro General de la Propiedad; o miramos para otro lado y dejamos inconclusa la investigación en ese extremo. Como ya todo el mundo sabe, optamos por lo primero. Hay que recordar, además, que casi a la media noche del día en que se estaba realizando la audiencia de primera declaración de las personas vinculadas inicialmente, la Juez Sexta de Primera Instancia Penal leyó una parte de esa entrevista o declaración ministerial en la que se refería este hecho.
Y así ha ocurrido en muchos eventos: se está investigando un tema y aparecen otras personas involucradas que no se habían considerado inicialmente; o surgen otros hechos, delictivos naturalmente, que esas mismas personas u otras han estado desarrollando, y eso va obligando a que la investigación tome otros rumbos o se amplíe.
En el Caso del Registro de la Propiedad, esto ha sido utilizado maliciosamente por algunas personas, que han afirmado que el MP y la CICIG tenían la intención de perseguir al Presidente. Esta afirmación, rotundamente falsa, ha tenido implicaciones graves para el trabajo de la Comisión.
Y eso respondería un poco a las personas que dicen que los casos se eligen en base a una carga ideológica o cuando decían “¿Para cuándo la UNE?”, por ejemplo.
Siempre es factible, mucho más cuando no somos el MP y no tenemos la capacidad para adelantar todas las investigaciones por hechos delictivos en un país, que nos señalen porque falta algo.
El caso de los reclamos porque no se investigaba a la UNE es bastante particular. A pesar de que en los años 2015 y 2016 hubo investigaciones que vincularon a diputados de la UNE y al propio Secretario privado del expresidente Álvaro Colom, la falta de investigación a ese partido siempre fue un reclamo por parte de ciertos grupos. Cuando, a principios de este año, la primera fase del Caso Transurbano vinculó al gobierno del expresidente Colom, de la UNE, entonces también vinieron críticas de esos grupos porque parece que lo que en realidad quisieran es ver a una persona específica vinculada. Nosotros (con la ex fiscal general Aldana) siempre dijimos: “Un caso se presenta ante los jueces cuando el resultado de la investigación muestra que existen sólidos elementos probatorios que sustentan la probable responsabilidad de una persona, independientemente de quién sea esa persona que resultaría afectada”. Y lo hemos cumplido.
“¿Por qué este y no el otro?” Es algo que también hemos escuchado repetidamente. Cuando se judicializaba un caso se decía “pero nada de Sinibaldi” y resultó Sinibaldi; “pero nada de Baldizón” y resultó Baldizón; “pero nada de la UNE” y resultó la UNE. Lo que nosotros hemos tenido siempre por compromiso es que todo lo que sea susceptible de ser judicializado, se judicializa.
Y una pregunta, usted decía “no somos el MP”, ¿en algún momento la Comisión ha tomado decisiones de forma unilateral sin que el MP esté involucrado o la Fiscalía Especial Contra la Impunidad?
No es posible. Nosotros por mandato tenemos dos facultades o campos de acción distintos relacionados con la investigación: por un lado, determinar la existencia de CIACS; Y por otro, apoyar al MP en la investigación penal para la identificación, persecución y desarticulación de estos CIACS.
En el primer caso, se nos otorga la posibilidad de realizar investigaciones preliminares independientes encaminadas a la verificación de hechos que confirmen la existencia de estas estructuras criminales. En todo caso, si hubiera necesidad de intervención judicial para autorizar una restricción de garantías fundamentales como el derecho a la intimidad, por ejemplo, mediante interceptaciones telefónicas o allanamientos, siempre tendría que mediar la solicitud de un fiscal. En el segundo caso, dirigido al apoyo al Ministerio Público en la investigación y persecución penal, naturalmente sólo podemos actuar de la mano de la Fiscalía.
Yo he dicho que una de las virtudes que se podrían rescatar del modelo de CICIG para alguna futura colaboración de la comunidad internacional con la justicia en otros países es que la titularidad de la acción penal recae siempre en el MP. La CICIG no es un órgano de sustitución, la CICIG no reemplaza. Ninguna acción que tenga efectos judiciales puede ser adelantada por la CICIG de manera independiente.
Nosotros podemos tener un caso probatoriamente muy bien construido, pero si el fiscal no decide presentarlo ante el juez, si no decide solicitarle a un juez órdenes de captura o citaciones para primera declaración, nosotros nos quedamos con ese hermoso caso construido tal vez para la historia, pero sin efecto judicial.
Y en un reciente caso de financiamiento electoral que los entes investigadores develaron, una gente ha expresado opinión respecto a la citación que se le hizo a dos personas y no fueron capturadas para ser llevadas a primera declaración, luego vemos que un grupo de empresarios sale, pide perdón, reconoce hechos sobre los que fueron mencionados en esa conferencia de prensa a la que hago referencia y dicen: “sí, lo hicimos, damos la cara y pedimos perdón”. ¿Qué ha cambiado?
Con la ex fiscal general hemos planteado que la actitud de los imputados o de personas objeto de investigación debe tener una respuesta acorde de la justicia. Si una persona que se sabe investigada se presenta al Ministerio Público o a la CICIG y ofrece aportar información, esto debe ser tenido en cuenta. La finalidad de la detención preventiva -además de alguna discusión sobre la naturaleza del delito- es preservar la prueba o la investigación de tal forma que no vaya a ser adulterada por la acción de la persona que se investiga, o evitar la fuga. Entonces, si su actuación procesal demuestra que esas finalidades de la detención preventiva no se dan en un caso específico y tampoco por la naturaleza del delito se excluye la posibilidad de una medida sustitutiva, tanto el MP como la CICIG han venido solicitando que ese beneficio se conceda.
Esto sucedió en el Caso Cooptación del Estado, en el que unos empresarios de la construcción aparecían vinculados por cohechos relacionados con el Ministerio de Comunicaciones y Alejandro Sinibaldi. Algunos de los empresarios que no fueron ubicados en las diligencias se presentaron voluntariamente al enterarse que tenían una orden de captura. Otros, siendo capturados, señalaron, por ejemplo, que no fueron dos sino tres cheques, o no fue por 300 sino por 800. Eso revela una actitud positiva de los implicados que para esa etapa del proceso permitió la citación de algunos y la solicitud de medidas sustitutivas para varios.
Y por lo que entiendo, obviamente, un asunto es la presentación y otro es la colaboración, no basta con presentar un memorial de: “me pongo a disposición de la justicia y absolutamente nada más”.
Claro. En nuestra experiencia hemos conocido de muchos implicados que vienen a la CICIG o van al Ministerio Público y dicen: “Aquí estoy a disposición, ¿qué necesitan?, ¿en qué les colaboro?, sé que me están investigando”. Nosotros tenemos por norma nunca contar qué es lo que estamos investigando. Si la persona no da información específica, nosotros le contestamos: “Muchas gracias, si usted no tiene nada que lo preocupe, entonces esté tranquilo”. Otros vienen y dicen “yo quiero colaborar, pero no tengo nada que ver, yo no cometí delito.” Después se realizan las indagaciones y se encuentran pruebas que los vinculan. Algunas de esas personas luego dicen: “¿y por qué procedieron en mi contra si yo me puse a disposición?”. Es que el asunto no es eso precisamente de ponerse a disposición. El asunto es reconocer los hechos y dar información.
Hay dos formas en que las personas se han acercado, particularmente desde el año 2016. Una es cuando una persona sabe que está siendo investigada (por ejemplo, tras un allanamiento de su empresa). La persona o su abogado entonces dicen “mi cliente o yo sabemos que se está buscando esto. Yo reconozco que cometí un delito y quiero ser colaborador eficaz”. La persona reconoce los hechos, aporta lo que él tiene para entregar, se hace el convenio con el Ministerio Público -porque los convenios de colaboración son con el Ministerio Público,- y se hacen verificaciones. Esa es la figura de colaborador eficaz, que tiene beneficios de acuerdo a como lo establece la Ley: puede aplicarse un criterio de oportunidad o puede hacerse una rebaja de pena hasta dos terceras partes.
Otra situación diferente es como la que mencionaba de los empresarios de la construcción en el Caso Cooptación, en las que las personas reconocen todo lo que hicieron, aportan más información de la que se disponía en ese momento y esto se toma en consideración. Respecto a estos empresarios, por ejemplo, fue el Ministerio Público, acompañado por la CICIG, quien pidió la medida sustitutiva.
Y ahorita vamos a hablar del tema de la prisión preventiva, pero antes ¿por qué la aceptación de hechos y la reparación integral, que ustedes han hecho hincapié, son tan importantes en este proceso?
Siempre que hay un delito podríamos decir que hay una ruptura de las relaciones sociales, del compromiso que debe tener el ciudadano con el Estado y con la legalidad, de asumir un comportamiento dentro de ciertos parámetros socialmente aceptados. El reconocer la comisión de un hecho que resulta ser delictivo, si bien podría no llegar hasta la consideración del arrepentimiento, sí contribuye a este restablecimiento de las relaciones que se deterioran cuando una persona comete delito. Si con el delito la persona no solo lesiona esas normas de convivencia, sino también afecta patrimonialmente, entonces debe reintegrar y además reparar los efectos nocivos de sus actos. Por ejemplo, digamos que un funcionario público se apropia de unos recursos, un caso de peculado. Entonces tiene que reintegrar, pero además reparar todos los efectos nocivos que podrían derivarse de esa apropiación que hizo, para restaurar esas relaciones que se fracturaron por la comisión del delito.
Para nosotros lo que significó, por ejemplo, que unos empresarios muy respetables en el país asumieran públicamente el reconocimiento de unos hechos que habían alterado la democracia en un momento determinado en Guatemala, nos parece que es un camino importantísimo en ese proceso de construcción del Estado y de la cultura de legalidad.
Hemos insistido que la investigación criminal, el proceso judicial, no es un fin en sí mismo. Lo que se pretende es que se logre enraizar una cultura de legalidad que nunca debió perderse en ninguno de nuestros países. Diversas circunstancias, incluida la impunidad, han logrado que sea muy fuerte la cultura de la ilegalidad, a partir de la falta de consecuencias por los hechos delictivos que se comenten. Cuando un homicida tiene la garantía del 97% de impunidad en la comisión de un homicidio, probablemente no se va a detener para cometer el segundo porque tiene casi que asegurada su impunidad; cuando hay una consecuencia, las personas miden el perjuicio que van a sufrir por haber cometido ese delito. Entonces, cuando hay expresiones públicas como esta que mencionaba, se contribuye, desde una perspectiva más amplia de país, a ese proceso de cultura de legalidad, de institucionalidad, de fortalecimiento del Estado de Derecho. Muchos entendemos la justicia no como una venganza, sino como un proceso de construcción social, de restauración del tejido social. Cuando los jueces toman una decisión porque una persona fracturó el orden social, lo que se pretende es precisamente contribuir a la construcción de institucionalidad.
