Por Denis Aguilar
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La Fundación Myrna Mack se pronunció respecto a las decisiones adoptadas por el Gobierno de Jimmy Morales en torno a la política exterior, y aseguraron que este ha hecho uso arbitrario de las atribuciones que la Constitución le confiere, lo que afecta directamente las relaciones internacionales.
Según lo explican en un comunicado, las decisiones de Morales en cuanto a política exterior se ven opacadas debido a los conflictos de intereses en el marco de la lucha contra la corrupción y la impunidad, pues familiares del mandatario han estado involucrados en procesos penales.
La organización cuestionó las decisiones tomadas respecto a la decisión de expulsar a Iván Velásquez, titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Además, señala que reubicar la embajada ante el Estado de Israel en Jerusalén atenta con las relaciones armónicas y pacíficas con otros Estados.
De esta forma, señalan que Guatemala se ha situado al lado de violaciones a derechos humanos y al derecho internacional al dar un paso hostil contra el pueblo palestino y los países árabes.
“La Fundación Myrna Mack expresa su preocupación ante estas decisiones en materia de política internacional, promovidas por el gobierno del presidente Jimmy Morales y expresadas a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, que parecen motivadas por intereses distintos al bien común y a mantener relaciones pacíficas y armónicas con otros Estados”, se lee en el comunicado.
Además, consideran que hubo arbitrariedad en la solicitud de la Cancillería de Guatemala al reino de Suecia para pedir el cambio del embajador Anders Kompass, y aseguran que esta decisión es contraria a lo establecido en la Constitución.
“Es meritorio recordar que el reino de Suecia forma parte de la Unión Europea y las decisiones adoptadas tendrán repercusiones más allá de dicho Estado, pudiendo afectar las buenas relaciones que el Estado de Guatemala debe sostener con Europa y que se pueden traducir en la merma de acciones y emprendimientos a todo nivel, pero en especial en el ámbito de los derechos humanos y el de comercio”, se resalta en el pronunciamiento de la Fundación.
Reiteraron que el uso del poder no debe ser absoluto, ni obedecer a conflictos de intereses, tampoco a la búsqueda de impunidad y que se deben atener a normas establecidas. Hicieron un llamado también a que las potestades constitucionales no sean utilizadas para beneficios particulares.
