El 20 de agosto de 2017 Jordán Rodas asumió como Procurador de Derechos Humanos (PDH), en sustitución de Jorge de León Duque. Ni siquiera tiene un año en el puesto y dos diputados buscan removerlo. Además, el presidente de la República, Jimmy Morales ha vociferado en actos públicos, que en “Guatemala no hay quien vele por los derechos humanos”.
POR MARIELA CASTAÑÓN
mcastanon@lahora.com.gt
Sin embargo, representantes de diversos sectores nacionales e internacionales, respaldan la labor de Rodas, quien siete días después de estar en el cargo, presentó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad para que se suspendiera la declaratoria de “non grato” a Iván Velásquez, comisionado de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), anunciada por el Presidente.
También planteó otra acción similar para evitar leyes promovidas por diputados que integran el denominado “Pacto de Corruptos”. Entre lo más reciente destaca las exhibiciones personales que pidió a favor de policías detenidos ilegalmente por disposición del Ministerio de Gobernación (Mingob).
Rodas concedió una entrevista a La Hora y explicó por qué ha actuado de esta manera. Argumentó que cuando en un país prevalece la corrupción, hay menos derechos humanos.
La Hora. ¿Cuál es el desafío de entender qué significan los derechos humanos en Guatemala?
Jordán Rodas. Solo en la medida que empoderemos los derechos humanos, podemos defenderlos y difundirlos. Si no se empoderan, derechos humanos suenan como algo retórico, como un poema. No es poesía, es algo que se debe reflejar en la vida cotidiana.
Es muy importante sensibilizar que todos tenemos derechos humanos, no es patrimonio de ningún sector, ni de derecha, ni de izquierda. Lo tienen militares, empresarios, campesinos, profesionales, desempleados, urbanos, rurales, indígenas, ladinos, xincas, todos los habitantes del mundo.
En Guatemala, comprender esto nos facilitará la defensa, porque tarde o temprano tendremos la necesidad de que alguien defienda los derechos y para eso está el Procurador -para que defienda- el derecho a la vida, integridad, salud, educación, no es que sea un favor del Estado o de un funcionario. El desafío es conocerlos, empoderarlos para promoverlos y defenderlos.
L. H. ¿Cuáles han sido los retos que ha enfrentado, después de presentar una acción de amparo para evitar la expulsión del comisionado de la CICIG, Iván Velásquez?
J. R. No estaba en mis planes tener el protagonismo que se ha tenido, no fue una estrategia de figurar, sino la necesidad, la problemática, la situación de país exigió posicionarme. Yo nunca pensé que el Presidente fuera tomar esa decisión tan desafortunada, de declarar “non grato” y expulsar al Comisionado, sin esa acción yo no hubiera reaccionado.
En el mes siguiente -de ese suceso- en septiembre (de 2017) con las leyes cuestionadas del 13 de septiembre para favorecer a un número de congresistas, se tuvo que plantear otra vez una acción de amparo, acompañar y vigilar para que la ciudadanía pudiera protestar, en el ejercicio pleno de sus derechos. Son dos momentos muy peculiares en el país.
Cuando así se amerita, se ha tenido que plantear, por ejemplo, el amicus curiae para el coronel -Juan- Chiroy, la esposa ha visitado en dos ocasiones la institución, manifestando que muchas puertas se le habían cerrado y por eso valoraba mucho la apertura de la institución del Procurador para plantear la problemática, se hizo un análisis porque yo quería determinar si no hubo litigio malicioso, se hizo un análisis por parte del equipo jurídico, pero se determinó que no. Dije, vale la pena decirle a la Corte Suprema –de Justicia– que resuelva y notifique. Efectivamente habían resuelto, pero no habían notificado.
Una resolución jurídica no surte efecto sino es notificada, fue importante. Yo no podía decir es inocente o culpable, porque no es mi –trabajo–, simplemente –fue– la garantía, ya estaba excedido el plazo, después se fijó una temporalidad para el debate, por lo menos lo colocó en una situación que tendrá el derecho de hacer uso de sus garantías, mecanismos de defensa y el Ministerio Público (MP) por su parte desvanecer el principio de inocencia que debe prevalecer, pero hasta ahí me doy por satisfecho, contribuir con un caso -determinar que no hubo- litigio malicioso y desentramparlo, porque estaba paralizado.
L. H. ¿Por qué evitó la expulsión del comisionado Iván Velásquez?
J. R. Si el Comisionado estuviera fuera desde el 27 de agosto, tengo mis dudas que hubiéramos tenido casos como el de Construcción y Corrupción. Hoy estamos viendo como los mismos empresarios de la construcción aceptan formar parte de un sistema, en el cual le tenían que dar una comisión al exministro -Alejandro- Sinibaldi.
Hoy estamos viendo casos de financiamiento ilícito, los empresarios están diciendo financiamos de manera irregular. Eso marca la historia, es decir, todo lo que ha pasado desde que se accionó para que el Comisionado siguiera trabajando, ha tenido resultados concretos, porque el MP es una institución permanente en Guatemala, que hoy por hoy cuenta con el apoyo técnico de la comunidad internacional de Naciones Unidas, por medio de la CICIG para presentar de la mejor manera los casos.
Hubiera quedado mal precedente, de que Guatemala es un país desagradecido, porque la CICIG no es una imposición, a veces nos venden esos fantasmas que es una imposición del extranjero y que viola nuestra soberanía, nada más falso que eso, porque Guatemala voluntariamente por medio de sus órganos competentes, fueron y plantearon a Naciones Unidas la necesidad de la implementación de esta Comisión que es inédita en el mundo y que quisieran tenerla otros países, porque hay un sistema de justicia frágil y no es independiente.
L. H. ¿Qué opina de los señalamientos y la intención de algunos diputados –Luis Hernández Azmitia y Felipe Alejos– de removerlo del puesto? Algunos de los señalamientos indican que usted no vela por los derechos humanos, no se presenta a la comisión parlamentaria de esa materia y no envía la información que le piden.
J. R. Cada vez son menos diputados, la mayoría está consciente que es necesario el fortalecimiento de la institucionalidad y no la erosión. Ante estos últimos ataques sin fundamento, las redes sociales fueron contundentes contra ellos, fue categórico el rechazo. Los diputados maduros, objetivos, dirán que por unos pocos van a erosionar la calidad de un organismo del Estado. No vale la pena.
El Congreso se divide en comisiones, soy respetuosos de la Constitución y claramente establece que el vehículo de comunicación entre el PDH y el Congreso es la Comisión de Derechos Humanos porque si no imagínese, sería un trabajador del Congreso y yo no soy trabajador del Congreso, que es lo que algunos no terminan de comprender, sino tendría 158 jefes.
Ha habido de todo, solicitudes de un informe pormenorizado de deserción escolar por municipio, como si yo fuera el Ministro de Educación y otros –preguntan– ¿qué ha hecho por la desnutrición y por los migrantes? Ni soy ministro de Educación, ni canciller, ni de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Presidencia de la República (Sesan).
Nuestro mandato está claro: la educación en derechos humanos, la divulgación, la defensa y la supervisión de la administración pública, que la hacemos en todo el país. Espero que al concluir mi primer año como PDH, hacer una visita en el país o en un alto porcentaje de los departamentos, la gente nunca había visto a un Procurador. Sí hay auxiliares departamentales, pero hay que empoderarlos. Cuando visitamos voy a hospitales, a ver centros de salud, centro de recuperación nutricional, voy a ver escuelas, centros de detención –donde- también hay seres humanos. Hablar de privados de libertad no es políticamente rentable, pero como yo no estoy aquí para ganar adeptos, ni votos, ni nada, tengo que defender los derechos humanos de todos. D entro de las siete prioridades que tenemos definidas: desnutrición, salud, educación, migrantes, tercera edad, defensores de derechos humanos y personas privadas de libertad.
L. H. ¿Cómo califica la situación de los agentes de la PNC -detenidos ilegalmente-, que estaban asignados a la CICIG?
J. R. Personalmente, sin querer anticiparme, llama la atención los interrogatorios tan prolongados que no son prácticas que valoren la dignidad del ser humano, someter a un interrogatorio de varias horas, –a una persona– no se está en condiciones de responder con precisión, aparte de lo cansado. No sabemos si tuvieron alimentación, acceso a los servicios, todo ese nivel de detalle, pero por lo menos se evidenció que sucedió, que este hecho abre la puerta y demuestra que la institución está para los funcionarios públicos como los Policías Nacionales que desafortunadamente –algunos– ven como funcionarios de segunda o tercera categoría. Ellos son los servidores públicos, encargados de darnos seguridad, tendrían que tener salarios y condiciones dignas, estabilidad laboral. Esto es una lección importante que los PNC se sientan que tienen derechos, los pueden hacer valer y no sean vulnerados en su dignidad.
L. H. ¿Cómo evalúa las condiciones laborales de los agentes de la PNC?
J. R. No son las mejores, no son las que merecen. Merecen más, sabemos que no hay suficiente presupuesto, pero es cuestión de prioridades. Los Acuerdos de Paz, hablan del rol del Ejército en una sociedad democrática, a mí me sigue llamando la atención que se incremente constantemente el presupuesto del Ejército, cuando ya no hay guerra.
Tendríamos que fortalecer a la PNC, dignificarla para tener policías capaces, honestos, con condiciones dignas para prestar su servicio, no como de segunda o tercera categoría, todos los ciudadanos somos de primera categoría.
L. H. ¿Se debe analizar cómo se asignan los recursos y cuáles son las prioridades de país?
J. R. La calidad del gasto público tiene que evaluarse, los Acuerdos de Paz marcan una ruta, lo que pasa es que para unos es más fácil ignorarlos, pero son una agenda importante si se quisiera tener una Guatemala distinta.
Sufrimos una guerra de 36 años, pero hoy por hoy, las razones que dieron origen al conflicto armado, no se pueden dar por desaparecidas, porque simplemente no ha habido un cumplimiento real de los Acuerdos de Paz, es cierto que ya no hay violencia política, pero toda la desigualdad social y los vicios del Estado siguen igual.
L. H. ¿Qué recomendaciones le puede sugerir la PDH al Ministerio de Gobernación en el sistema carcelario?
J. R. Hay roles importantes, el Congreso tiene competencia, el exministro -Francisco- Rivas hablaba de aprobar un préstamo para cárceles de alta seguridad y eso está en manos del Congreso, lógicamente sería exhortarlo para que lo apruebe en una sola lectura, porque es urgencia nacional.
También en el Congreso está la elección de los relatores contra la tortura, ayudaría. A nivel administrativo –implementar– los famosos brazaletes, esto no puede demorar más, pero como el sistema de justicia tiene distintos fundamentos, distintas patas como si fuera un banco. El Organismo Judicial, el Ministerio Público, el Instituto de la Defensa Pública Penal, Instituto Nacional de Ciencias Forenses, Sistema Penitenciario tienen diferentes funciones. Al SP no le asignan recursos y si no se trata de manera pronta, responsable, eficiente y transparente va a colapsar, porque hemos tenido varias expresiones, -nueve reos muertos- en Escuintla –en la Granja Penal Canadá– fue la última.
L. H. ¿Cómo califica la situación de los hogares de protección de niñez y adolescencia?
J. R. En el olvido, lamentablemente pareciera que somos indiferentes ante los niños y adolescentes del país que están en resguardo del Estado, aquí se tiene la idea que los niños y adolescentes son delincuentes. Hay jóvenes que han entrado en conflicto con la ley penal, pero eso no los hace delincuentes, se tiene que tener la sensibilidad de tratarlos como lo que son adolescentes con necesidades. Yo pude ir a uno de los dos incidentes de la zona 15, me percaté que los niños se quejan de lo que cualquier de nuestros hijos se quejaría: mala alimentación, malos tratos, poca recreación, pero el problema es integral porque platicando con los monitores, –dicen que– reciben un poquito más de Q3 mil –de sueldo– por ejemplo, en estas personas está la gran responsabilidad de educar y cuidar a estos adolescentes, tienen turnos de ocho días de trabajo y ocho de descanso.
Reafirmo lo que dijo Liliana Valiña, representante del Alto Comisionado, las condiciones siguen siendo las mismas por lo que cualquier día podría pasar lo que sucedió el 8 de marzo –en el Hogar Seguro–. En cualquier país civilizado del mundo mueren 41 niñas quemadas, perdóneme, pero debe ser forzada una transformación inmediata, no es que el dinero sobre, pero hay prioridades.
L. H. ¿Cómo se debe abordar la institucionalización de la niñez, todavía hay 5 mil niños en hogares?
J. R. Tenemos que apostar a la desinstitucionalización, agilizar la adopción, no como antes cuando era un negocio, pero si fomentar la adopción. Se lo digo con conocimiento de causa que es muy importante, edificante y lindo –adoptar–, ayudaría mucho a tener en mejores condiciones a los jóvenes y niños.
L. H. ¿Han verificado si se cumplieron las medidas cautelares que otorgó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en los centros de detención juveniles? Pedían proteger la vida e integridad de los jóvenes, mejorar las condiciones de los centros y fortalecer la seguridad.
J. R. Sí se han verificado, oportunamente lo daremos a conocer, pero sí podemos adelantar que en gran medida no se han cumplido, eso es preocupante.
L. H. ¿Qué sugieren con el tema de las niñas embarazadas?
J. R. Eso es importante, ineludible e impostergable, abordar el tema de los derechos de salud y reproductivos, porque hay un alto índice de jovencitas que quedan embarazadas, es importante que sepan las consecuencias que tienen las relaciones sexuales, que es algo normal. Tienen que saber cómo cambia un hijo la vida a un adolescente, pero hay mentes retrógradas que quisieran que viviéramos en el oscurantismo y no dar a conocer los derechos.
L. H. Algunos casos están relacionados con la falta de educación sexual, pero otros están vinculados con los incestos ¿cómo se debe abordar?
J. R. Es un problema estructural porque los incestos se provocan por el hacinamiento, la poca cultura de las personas que sacian sus instintos sexuales sin meditar las consecuencias, abusando de menores, ese tipo de violaciones son muy lamentables.
L. H. Algunas de sus acciones evidencian cuál es su postura frente a la corrupción e impunidad, pero en sus propias palabras, ¿podría explicarlo?
J. R. Estoy totalmente convencido que, a más corrupción, menos derechos humanos, cuando el recurso público no se utiliza de manera eficiente, transparente y en lugar de hacer obras de calidad se hacen de baja calidad con tal de quedarse con más comisión (por ejemplo, con las construcciones), ese dinero va a parar a bolsillos de malos funcionarios y abona a la mala prestación de servicios públicos.
Los doctores en el sistema hospitalario están mal pagados, hay que dignificarlos. Hay desabastecimiento en muchos casos. La plata no alcanzará nunca con la corrupción. Queremos educación de calidad, pero ¿si no hay dinero para pagar maestros?… Hay maestros que tienen que buscar dos o tres trabajos para sobrevivir.
Le he hablado en tres momentos distintos: policías, médicos y maestros, por citarle algunos temas concretos. El servicio público tiene que ser altamente tecnificado y para eso debe estar bien remunerado.
Mi apuesta total es apoyar a la CICIG, al Comisionado y a la Fiscal –del MP–. Los resultados saltan a la vista. Hoy hay una Guatemala distinta después de abril de 2015, por eso hay resistencia porque muy pocos ganaban mucho cuando funcionaba ese sistema, mejor volver al estatus quo, dejar hacer, dejar pasar.
¿Cuál debe ser la postura de la sociedad guatemalteca frente a la corrupción y la impunidad?
J. R. Hemos avanzado bastante, hoy hay movilizaciones sociales, perdimos el miedo a manifestar y pasa por empoderarse de lo público. Lo público nos pertenece a todos, lo pagamos y tenemos que defenderlo. Antes llegaba alguien a un puesto público y robaba era –considerado– chispudo. –Si– no robó se baboseó. Ahora se empieza a cuestionar, imagínese que en algunos centros comerciales ya no se dejaba entrar a ciertos funcionarios, ese rechazo, esa repulsa social es importante también.
“Es muy importante sensibilizar que todos tenemos derechos humanos, no es patrimonio de ningún sector, ni de derecha, ni de izquierda. Lo tienen militares, empresarios, campesinos, profesionales, desempleados, urbanos, rurales, indígenas, ladinos, xincas, todos los habitantes del mundo”.
“Nuestro mandato está claro: la educación en derechos humanos, la divulgación, la defensa y la supervisión de la administración pública, que la hacemos en todo el país”.
“Yo no soy trabajador del Congreso, que es lo que algunos no terminan de comprender, sino tendría 158 jefes”.
“Estoy totalmente convencido que, a más corrupción, menos derechos humanos, cuando el recurso público no se utiliza de manera eficiente, transparente y en lugar de hacer obras de calidad se hacen de baja calidad con tal de quedarse con más comisión, ese dinero va a parar a bolsillos de malos funcionarios y abona a la mala prestación de servicios públicos”.
