Por Sonny Figueroa
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Para hoy se tiene previsto que algunos de los integrantes de la Comisión Extraordinaria que trabajó en una reforma al artículo 407 N del Código Penal que se refiere a las penas por cometer el delito de financiamiento electoral ilícito, presenten la iniciativa de ley con el dictamen favorable a la Dirección Legislativa. Esta reforma debilita la tipificación a ese delito porque no se alcanza a los secretarios generales de las organizaciones políticas.
La reforma quedó de la siguiente manera: “Quien resulte responsable de consentir y recibir aportaciones, con motivo de actividades permanentes o de campaña electoral y no las reporte a la organización política para su registro contable, será sancionado con prisión de uno a cinco años y multa de veinte mil a cien mil quetzales e inhabilitación para optar a cargos públicos hasta por cinco años.
Quien resulte responsable de realizar aportaciones dinerarias o en especie a las Organizaciones Políticas o a sus candidatos, para actividades permanentes o de campaña electoral sin acreditar su identidad, según los procedimientos establecidos en la Ley Electoral y de Partidos Políticos, será sancionado con prisión de uno a cinco años y multa del cien por ciento de la cantidad no registrada e inhabilitación para ser contratista y proveedor del Estado de Guatemala, hasta por un período de cinco años”.
Con esa reforma se desliga de responsabilidad alguna a los secretarios generales de los partidos políticos, ya que las sanciones irán dirigidas a la persona que reciban el aporte (contadores), no al secretario general, quien es el representante de la agrupación.
Además, del cambio de tipificación, la condena para el financiamiento electoral ilícito en su modalidad de anónimo y no registrado quedó hasta en cinco años, convirtiéndola en condenas conmutables.
El Ministerio Público (MP) por su parte pedía hasta 8 años de prisión para este delito, pero su propuesta no fue tomada en cuenta.
DICTAMEN FAVORABLE
La iniciativa de ley necesita la firma de 9 diputados para que pueda ser dictaminada favorablemente, de lo contrario no podrá pasar a ser leída en el pleno. Hasta ayer en la tarde la propuesta llevaba la firma de tres legisladores, uno de estos el presidente de la comisión, Moisés Castañón. Se conoce que los diputados que apoyarían esa propuesta son: Carlos Maldonado, Luis Hernández Azmitia, Estuardo Galdámez, Óscar Argueta, Rudy Castañeda, José Arturo Martínez Dell, Manuel Conde y Francisco Tambriz, alcanzando los nueve votos.
Las reformas a este artículo se empezaron a trabajar por la exhortación de la Corte de Constitucionalidad (CC) en febrero pasado.
