Por Sonny Figueroa
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Organizaciones No Gubernamentales siguen oponiéndose a la iniciativa que busca reformar la Ley de las ONG, que pretende fiscalizar los recursos privados que estas reciben. Este proyecto también busca limitar el trabajo de las organizaciones, amenazándolas con una cancelación, según diversos sectores.
A decir el diputado de Winaq, Amílcar Pop, la iniciativa marca una expresión de temor del gobierno por el trabajo que distintos entes internacionales hacen en el país, donando recursos a Organizaciones No Gubernamentales para que desarrollen actividades.
“Creo que la iniciativa de ley es ilegal y puede ser declarada inconstitucional. Veo mucha ilegalidad y veo el temor de la auditoría social que se está haciendo, porque quieren aprobar mecanismos de control de la cooperación internacional”, dijo Pop.
La iniciativa establece que las ONG que reciban recursos externos deben informar al Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) sobre el origen y destino de los mismos, es decir, en que programas serán usados.
Otro punto de rechazo es que la reforma establece que las ONG pueden ser canceladas si causan acciones que alteren el orden público, sin dar más detalles de los parámetros que son considerados como una alteración al orden.
RECHAZAN REFORMA
Durante una conferencia de prensa, Organizaciones No Gubernamentales rechazaron la propuesta, argumentando que atenta con lo establecido en los estándares internacionales y derechos constitucionales.
“La reforma contempla que las ONG pueden ser disueltas por acuerdo de la autoridad respectiva cuando se compruebe que sus actividades son contrarias al orden público, pero no se indica de qué forma se determinará esa contrariedad, por quién y bajo qué condiciones”, expresaron las Organizaciones a través de un comunicado de prensa.
En el documento piden que la iniciativa sea enviada a la Comisión de Cooperativismo y Organizaciones No Gubernamentales para su análisis y que ya no sea conocida por la Comisión de Gobernación. Las Organizaciones piden que sean incluidas en el análisis que se le haga a dicha iniciativa y expresaron que no se oponen a una auditoría, pero sí a la restricción de proyectos que son para el beneficio de la población.
