Un clima de tensión y amenazas se vivieron la semana pasada, luego que el Gobierno de Jimmy Morales arremetiera contra el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). El 19 de abril ambas entidades revelaron la segunda fase de una investigación de posible financiamiento electoral ilícito al partido FCN-Nación, agrupación política que llevó a Morales a la Presidencia y que habría ocultado Q15 millones al Tribunal Supremo Electoral (TSE).
POR MARIELA CASTAÑÓN
mcastanon@lahora.com.gt
La reacción de Morales y su Gobierno inició el 20 de abril, un día después de que el MP y la CICIG, informaran de los resultados de las investigaciones por financiamiento electoral ilícito a FCN-Nación.
En una actividad del Día del Soldado Caído y acompañado por miembros del Ejército de Guatemala, el Presidente advirtió que había ordenado a la Procuraduría General de la Nación (PGN) revisar el mandato de la CICIG. Además, rechazó las investigaciones y negó ocultar dinero del financiamiento electoral –Q15 millones.
El 23 de abril, Morales publicó en su página oficial en la red social Facebook un video del “allanamiento ilegal en Casa Presidencial” realizado por el MP y la CICIG, el 2 de noviembre de 2016.
En el video, una voz similar a la que promueve la comunicación institucional del Gobierno, explica lo que sucedió y señala: “En este allanamiento hubo abuso de autoridad, prepotencia y violación de varias leyes penales del país”.
Añade que se violaron los Artículos 418 y 436 del Código Penal de Guatemala: abuso de autoridad y allanamiento ilegal respectivamente.
El Artículo 418 abuso de autoridad, literalmente dice: El funcionario o empleado público que, abusando de su cargo o de su función, ordenare o cometiere cualquier acto arbitrario o ilegal en perjuicio de la administración o de los particulares, que no se hallare especialmente previsto en las disposiciones de este Código, será sancionado con prisión de uno a tres años.
Mientras que el Artículo 436 allanamiento ilegal indica: El funcionario o empleado público que allanare un domicilio sin las formalidades prescritas por la ley o fuera de los casos que la misma determina, será sancionado con prisión de uno a cuatro años.
Según quien relata los acontecimientos que se observan en el video, ese día el personal del MP y la CICIG ingresaron por la fuerza a Casa Presidencial. Añade que si se hubiese activado el protocolo de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS) encargada de la seguridad presidencial, se habría dado una “tragedia”.
La Hora consultó al abogado y analista del Centro de Estudios de Guatemala (CEG), Oswaldo Samayoa, sobre si en su opinión, en lo que se observa en el video puede existir un delito o una irregularidad; respondió que no.
Por el contrario, Samayoa explicó que en el Artículo 192 del Código Procesal Penal, que detalla la diligencia del “Procedimiento” se explica que sí hay resistencia para realizar una diligencia de allanamiento, la legislación contempla hacer uso de la fuerza.
Literalmente, refiere el Artículo 192: “La orden de allanamiento será notificada en el momento de realizarse a quien habita el lugar o al encargado, entregándole una copia”.
Agrega: “Si quien habita la casa se resistiere al ingreso o nadie respondiere a los llamados, se hará uso de la fuerza pública para ingresar. Al terminar el registro se cuidará que los lugares queden cerrados y, de no ser ello posible inmediatamente, se asegurará que otras personas no ingresen en el lugar, hasta lograr su cierre. Este procedimiento constará en el acta”, indica.
EN 2016 PRESIDENTE NEGÓ ALLANAMIENTO EN CASA PRESIDENCIAL
La información publicada el 23 de abril por el Presidente es diferente a lo que dijo en el año 2016, pues en aquella ocasión refirió que no se hizo un allanamiento en Casa Presidencial, sino en SAAS.
En un video de Canal Antigua, donde fue entrevistado por varios periodistas, el Jefe de Estado reiteró en esa fecha, que había disposición de permitir el ingreso de las autoridades para que hicieran su trabajo.
“En Casa Presidencial no hubo allanamiento, sin embargo, nosotros abrimos las puertas para que pudieran entrar. A donde entraron fue a las oficinas de la SAAS y cuando se dieron cuenta que ahí no estaba la Guardia Presidencial procedieron a retirarse, pero creo que es una manifestación que bendito sea Dios, el Ejecutivo tiene toda la disposición. Nunca ha escondido nada y abre las puertas para que se puedan hacer todas las diligencias. Insisto, Casa Presidencial no sufrió ningún allanamiento, pero estuvimos dispuestos a abrir de la forma más educada el callejón Manchén para que pudieran llegar a constatar y así lo hicieron”, dijo Morales.
DEGENHART A LA CARGA
Después de la difusión del video del “Allanamiento ilegal en Casa Presidencial”, funcionarios de Gobernación, de SAAS y de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIE), ofrecieron una conferencia de prensa; sus declaraciones fueron consignadas por diferentes medios y por el diario oficial.
El ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, anunció que la Inspectoría General (IG) de la Policía Nacional Civil (PNC) realizaría una investigación de los agentes que participaron en el allanamiento del 2 de noviembre de 2016.
Mientras tanto, César Orlando Ramírez, titular de la SAAS, indicó: “Violaron varios artículos de la Constitución. Se ingresó violentamente a Casa Presidencial; la dirección consignada era otra en el oficio que el juez emitió. Se les explicó que el allanamiento no procedía por tener la dirección equivocada, y luego ingresaron hasta mis oficinas”, refirió.
Mario Duarte, secretario de Inteligencia Estratégica del Estado, quien es miembro del Consejo Nacional de Seguridad, dijo que el hecho fue estudiado y se determinó que se dilucidaría por medio de las instituciones internacionales correspondientes; sin embargo, ahora que el video es público se estima que esa acción constituye “una amenaza a la seguridad de la Nación”, por lo que se procedería a las acciones legales, según consignó el diario oficial, un día después de la conferencia de prensa.
La Hora buscó a Degenhart y Duarte para ampliar sus respuestas en relación con lo que pretenden hacer. Se tenía previsto consultarles las bases legales para actuar y las acciones que interpondrían, por un video que fue difundido por el propio Presidente; ninguno de los dos atendió a La Hora.
El 24 de abril, Degenhart divulgó una carta en las redes sociales del Ministerio de Gobernación, donde le pedía al comisionado de la CICIG, Iván Velásquez, que le explicara las razones por las que agentes de la PNC asignados a esa Comisión habían entrado al condominio donde vive sin identificarse.
Velásquez, en otra carta, explicó lo que sucedió; indicó que los policías entraron para verificar la existencia y funcionamiento de una empresa. El jefe la CICIG negó que existiera una investigación contra el Ministro de Gobernación.
Esto llevó al titular de la Cartera del Interior a tomar medidas que han sido cuestionadas, contra los agentes de la PNC.
Una publicación de elPeriódico el 28 de abril, señala que los agentes Rumualdo Lozano Jutzuy, Rosa Mélida Peñate López y Silvia Soledad Escobedo, que están asignados a la CICIG, se encontraban detenidos ilegalmente en la Subdirección General de Personal de la PNC, desde el 24 de abril.
El Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas, presentó exhibiciones personales a favor de los agentes.
Tras la información, el vocero del Ministerio de Gobernación (Mingob), Fernando Lucero, dijo que un juez había practicado la exhibición personal y había determinado que los agentes estaban de descanso.
Sin embargo, derivado de la escasa información para determinar el estado de los policías, el PDH emitió un comunicado el 29 de abril, para pedirle al ministro de Gobernación, Enrique Degenhart y al director de la PNC, Erwin Tzi, que de manera urgente se garantizara la vida y la integridad física de los agentes Rumualdo Lozano, Rosa Peñate, Silvia Escobedo y el inspector José Ávila González.
Mientras que el viernes el Alcalde de la municipalidad de Guatemala y expresidente, Álvaro Arzú falleció. La muerte de Arzú modificó los escenarios debido a que su figura se había planteado como un apoyo al presidente Morales y llegó a liderar los esfuerzos para minar la lucha contra la corrupción.
GOBIERNO Y MORALES ATACAN
Edgar Celada, del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), opinó que las últimas acciones de Morales y del Gobierno, responden a un ataque, por la investigación que se reveló hace unos días. Agrega, que la imagen del Presidente es débil y por ello necesita de sus funcionarios para que hagan creer que la CICIG es una amenaza a la seguridad de la Nación.
“Esto nos da una idea del debilitamiento del Presidente, él no sabe responder más que atacando, dando pasos que a lo que conducen es al debilitamiento de las instituciones. La idea que han estado manejando, es que la CICIG es una amenaza a la seguridad de la Nación, es una idea descabellada, aquí hay un procedimiento jurídico en curso”, indicó.
De acuerdo con Celada, el Presidente debe resolver los problemas legales y permitir que lo investiguen para que esclarezca cualquier duda respecto al tema.
A criterio del profesional, la actitud de Morales es errada y pone en juego la institucionalidad. Considera que el Consejo Nacional de Seguridad, no debe ser usada por Morales para involucrarse con supuestas amenazas de país, que no existen.
Por otro lado, se refirió a la muerte del alcalde Álvaro Arzú el pasado 27 de abril (por un paro cardiorrespiratorio, mientras jugaba golf) y de cómo esto puede impactarle al Presidente.
“Ahora con la muerte del alcalde Arzú, que era uno de sus soportes políticos principales, quién sabe que va a pasar, el panorama se sigue complicando para el Presidente y para la estabilidad política del país”, argumentó Celada.
Finalmente, sobre el ministro Degenhart, considera que se está prestando a la confrontación y calificó de irresponsables sus acciones.
“Están jugando a hostigar a la CICIG, apostando a que la Fiscal General ya va de salida, ahora quieren salir de una vez del Comisionado, pero esto es una conducta irresponsable. Prestarse en el Ministerio de Gobernación para sumarse al hostigamiento es muy delicado. Ahorita es el video y los policías, pero se le olvida al Ministro que los agentes de la PNC que van en esas comisiones van bajo las órdenes del MP y ellos no tienen eventualmente una responsabilidad, en el supuesto que el MP hubiera cometido una ilegalidad, pero evidentemente no cometió una ilegalidad”, reiteró.
EL PAPEL DE LA PGN
Luego de que Morales anunciara que pediría a la PGN una investigación sobre el mandato de la CICIG, la procuradora Anabella Morfín dijo que acataría la instrucción de Morales.
Según Morfin, la instrucción del mandatario es legítima y como PGN están sujetos a este tipo de peticiones.
Raquel Zelaya, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), fue consultada por la situación del país y las últimas acciones del Gobierno; se limitó a responder que espera que cese la confrontación y que se encuentren referentes para propiciar un acuerdo mínimo.
Cronología
– El 19 de abril, el MP y la CICIG revelaron la segunda fase de investigación de financiamiento electoral ilícito FCN-Nación, agrupación política que llevó a Morales a la Presidencia y que habría ocultado Q15 millones al Tribunal Supremo Electoral (TSE).
– El 20 de abril, el presidente Jimmy Morales, anunció en una actividad del “Día del Soldado Caído”, que solicitaría a la PGN una investigación sobre el mandato de la CICIG. También rechazó las investigaciones y negó ocultar financiamiento electoral.
– El 23 de abril, Morales publicó en su red social Facebook un video del “allanamiento ilegal en Casa Presidencial” realizado por el MP y la CICIG, el 2 de noviembre de 2016. Ese mismo día, el Mingob, la SAAS y la SIE anuncian investigaciones por lo sucedido hace dos años.
– El 24 de abril, la titular de la PGN, Anabella Morfín, dijo que acataría la orden del Presidente.
– Ese mismo día, pero por la tarde el ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, divulgó una carta en las redes sociales del Ministerio de Gobernación, donde le pedía al comisionado de la CICIG, Iván Velásquez, que le explicara las razones por las que agentes de la PNC asignados a esa Comisión habían entrado al condominio donde vive sin identificarse. Velásquez en otra carta le respondió que los policías entraron para verificar la existencia y funcionamiento de una empresa. El jefe la CICIG negó que existiera una investigación contra el Ministro de Gobernación.
El 28 de abril se conoció que tres agentes de la PNC a los que hizo alusión Degenhart en la carta enviada al Comisionado de la CICIG, estaban retenidos y la PDH había presentado una exhibición personal a favor de ellos.
– El 29 de abril, el PDH, Jordán Rodas, pidió al ministro de Gobernación Enrique Degenhart y al director de la PNC, Erwin Tzi, que de manera urgente se garantizara la vida y la integridad física de los agentes Rumualdo Lozano, Rosa Peñate, Silvia Escobedo y el inspector José Ávila González.
