Por Redacción La Hora
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Esta mañana se llevó a cabo una audiencia programada en la Comisión Helsinki del Congreso de EE. UU. para discutir el caso de la familia de Igor e Irina Bitkov. En la sesión, encabezada por el representante Chris Smith, testificaron el empresario multimillonario William Browder y los abogados defensores de los Bitkov, Rolando Alvarado y Victoria Sandoval.
Los testigos insistieron en que la familia de origen ruso son inmigrantes “ilegales” en Guatemala. El propósito es lograr que queden amparados bajo la Convención de Palermo y se les trate como refugiados, lo cual impediría que se les juzgue penalmente. Sin embargo, los Bitkov ingresaron a Guatemala en 2008 como migrantes legales, por lo cual no pueden ser ubicados en este estatus migratorio.
Al matrimonio Bitkov y su hija Anastasia se les acusa de alteración de estado civil y uso de documentos falsificados. En enero de este año se les condenó a casi dos décadas de prisión. Sin embargo, una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) revirtió el proceso hasta antes de la primera declaración, lo cual puede resultar en su expulsión del país.
Browder inició su declaración narrando la historia de los Bitkov y de su llegada a Guatemala. La versión de los sindicados narra que huyeron de Rusia, en donde eran empresarios prominentes, por persecución política del gobierno de Vladimir Putin.
Al salir del país, buscaron una forma de obtener identidades nuevas y así encontraron a la firma Cutino Internacional, que les ofreció conseguirles pasaportes e identidades nuevas por US$50 mil cada una. Los rusos aceptaron y así se convirtieron en Igor, Irina y Anastasia Benítez, sin cuestionar las implicaciones legales.
El empresario Browder reconoció el pago que la familia realizó a Cutino para cambiar sus identidades. Y así los Bitkov ingresaron al país de forma legal, cambiaron de identidad y nacionalidad, y vivieron su vida plenamente hasta 2015, cuando el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) allanaron su casa y abrieron un proceso penal en su contra como parte de una red de corrupción en la Dirección General de Migración.
Entre sus declaraciones, Browder mencionó al banco ruso VTB, el cual inició acciones legales en contra de los Bitkov por el impago de un crédito. El mandatario de VTB era Henry Comte, ahora magistrado suplente de la CC. Browder cuestionó el papel de la entidad bancaria en el caso.
Browder tiene interés en el caso porque se declara enemigo del gobierno de Putin. A raíz de la investigación y acusación en contra de los Bitkov, cuestiona el rol de CICIG en el caso de los Bitkov. El empresario presume que la Comisión está siendo influida por el Kremlin. Sin embargo, Browder reconoce que no tiene pruebas para sustentar su acusación ni sus sospechas.
El empresario solicitó que mientras se investigue el caso, el gobierno de EE. UU. suspenda el financiamiento que le da a la Comisión. A la vez, reconoce que el experimento de CICIG es un buen instrumento para combatir la corrupción que pudo haber sido comprometido por el gobierno ruso.
Rolando Alvarado, el abogado de la familia, también narró la historia de los Bitkov y resumió cómo se ha llevado el proceso legal desde su captura. En la fase de preguntas el congresista Smith preguntó qué rol jugaba Mayra Veliz -actual Secretaria del MP- en este caso.
Alvarado respondió acusándola de integrar la red criminal de Cutino Internacional y aseguró que hay un abogado dispuesto a testificar sobre el rol de Veliz. Sin embargo, esta persona a quien no nombró busca la protección del gobierno de EE. UU. a cambio de dar su testimonio. En repetidas ocasiones Mayra Veliz ha negado su involucramiento en esta red criminal.
La comisión Helsinki tiene como propósito velar por las relaciones y la cooperación entre EE. UU. y Europa.
El congresista Smith declaró que hay que seguir investigando si existen indicios o evidencia que el Kremlin tenga injerencia en CICIG.
