De forma sorpresiva, en febrero pasado, la Corte de Constitucionalidad (CC) exhortó al Congreso a reformar el párrafo segundo del artículo 407 N del Código Penal que se refiere al financiamiento electoral ilícito. A consideración de la Corte, las penas, de cuatro a doce años impuestas a quien reciba y proporcione dinero proveniente de actividades ilícitas no deben ser las mismas para quienes reciban o aporten recursos de forma anónima. A decir del constitucionalista Víctor Hugo Godoy es inoportuna la decisión de la CC porque puede propiciar una amnistía a señalados por ese delito.
Por Sonny Figueroa
sfigueroa@lahora.com.gt
Desde hace dos años, el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala empezaron a revelar casos sobre financiamiento electoral ilícito. En 2017, por ejemplo, los entes investigadores pidieron el retiro de la inmunidad de los diputados Roberto Villate, Orlando Blanco, el presidente Jimmy Morales, Secretarios Generales de los partidos Lider, Unidad Nacional de la Esperanza y Frente de Convergencia Nacional, respectivamente en las elecciones del 2015, derivado de los indicios que pudieron haber cometido ese delito.
Para el constituyente, Víctor Hugo Godoy, es inoportuna la exhortación que hizo la CC por los casos que se están ventilando en los tribunales de justicia. Explicó que los diputados con la excusa de cumplir con lo dicho por la Corte de Constitucionalidad harán una reforma que crearía una amnistía a los que están señalados por este delito.
“Es un momento inoportuno, porque se están ventilando este tipo de casos –de financiamiento electoral ilícito– y entonces, el Congreso con el pretexto que harán una mejor tipificación de ese delito, tratarán de exculparse y darse una amnistía. Creo que si bien ese segundo párrafo del artículo 407 N –del código penal– no estaba bien redactado, lo cierto es que, al dejar un rango entre 4 y 12 años de sanción, se dejaba la discrecionalidad al juez para que él calificara cuan grave era la falta”, explicó Godoy en una entrevista con La Hora.
PROPUESTA QUE CONMUTA EL FINANCIAMIENTO ANÓNIMO
Recientemente fue presentada una iniciativa de ley por los diputados Moisés Castañón y Estuardo Galdámez de FCN-Nación, y Óscar Argueta (UNE), la cual pretende modificar la tipificación (haciendo necesario que haya acuerdo previo) y castigar el financiamiento electoral anónimo y no registrado con penas de uno hasta cinco años de prisión, lo que las convierte en penas conmutables.
A decir de Godoy, con esta propuesta lo que buscan hacer los congresistas es “salvarse el pellejo”, previendo futuros casos en los que puedan estar señalados o sus dirigentes.
“Lo que creo que harán los diputados es “salvarse el pellejo” y no resguardar el ejercicio de la soberanía del pueblo, que lo hace cada cuatro años. Este tema del financiamiento electoral ilícito es uno de los temas delicados que tiene la democracia. Es un Estado cooptado por los partidos que llegan al poder público con ese tipo de financiamiento”, expuso el constitucionalista.
SOBERANÍA SECUESTRADA
A decir del experto en Derecho, la soberanía del pueblo se delega en los funcionarios que son electos para los poderes del Estado, pero al existir financiamiento electoral ilícito en estos funcionarios que llegan al poder se habla de una soberanía secuestrada.
“Muchos de los diputados no están conscientes de lo que significa el financiamiento electoral ilícito porque somos una sociedad y una clase política que ya está acostumbrada a eso, a un financiamiento que se hace a escondidas. El sistema electoral es el medio por el cual el pueblo ejerce su soberanía y prácticamente esa soberanía ha sido secuestrada. La soberanía radica en el pueblo quien la delega en los Organismos del Estado, si hay financiamiento electoral ilícito se dice que esa soberanía está secuestrada”, puntualizó el entrevistado.
El entrevistado catalogó de positivas que las investigaciones de la Comisión Internacional Contra la Impunidad y el Ministerio Público estén enfocadas en el financiamiento electoral ilícito, ya que están devolviendo la soberanía al pueblo.
FINANCIAMIENTO ILÍCITO DURANTE AÑOS
Según Víctor Hugo Godoy el financiamiento electoral ilícito se ha incrementado conforme se han dado los procesos electorales e indicó que ya no proviene únicamente del sector empresarial, sino de otros grupos como el crimen organizado.
“Ahora ya no se habla del sector empresarial, ahora se habla del crimen organizado, el narcotráfico, que se mueven en los departamentos del país, estos son los que financian, ¿por qué?, porque no existe un control en el tema del financiamiento electoral ilícito. Insisto, la exhortación de la Corte de Constitucionalidad es inoportuna porque se puede usar para otros propósitos”, recalcó.
El entrevistado concluyó explicando que los financistas han creado opciones “infladas” –apoyo a partidos políticos– con el dinero y por eso se ha equivocado la población, porque no conocen las otras opciones existentes.
EXISTEN OTRAS PROPUESTAS
De la Comisión Extraordinaria que se encargó de analizar la exhortación de la CC para modificar la tipificación del delito de financiamiento electoral ilícito surgieron cuatro propuestas para realizar esa reforma, la mayoría contemplaba penas conmutables.
Sin embargo, el proyecto legislativo de Encuentro por Guatemala o la recomendación del Ministerio Público planteaban otras especificaciones.
La propuesta de la bancada Encuentro por Guatemala pretende castigar con penas de tres a ocho años inconmutables a los que cometan financiamiento electoral ilícito en su modalidad de anónimo y no registrado.
“Se considera, asimismo, financiamiento electoral ilícito todo aporte, recepción o autorización de recursos realizados en forma anónima o los que no se registren en el libro contable que para el efecto deberá llevar la organización política y será sancionado con prisión de 3 a 8 años inconmutables”, dice la propuesta de Encuentro por Guatemala, que fue tomada de la recomendación que hizo el Ministerio Público.
Tanto la iniciativa de los tres diputados y la de Encuentro por Guatemala fueron enviadas a la Comisión Extraordinaria para que sean unificadas y se dictaminen en una iniciativa.
PROPUESTA DEL MP
La recomendación del Ministerio Público no fue tomada en cuenta por la Comisión y planteaba la siguiente modificación: “Se considera, asimismo, financiamiento electoral ilícito todo aporte, recepción o autorización de recursos realizados en forma anónima o los que no se registren en el libro contable que para el efecto deberá llevar la organización política y será sancionado con prisión de 3 a 8 años inconmutables. La sanción se incrementará en dos terceras partes cuando el delito sea cometido por quien ejerza empleo o cargo público, o cargo de elección popular, además de las penas impuestas se le inhabilitará para optar a cargos públicos”.
“El Congreso con el pretexto que harán una mejor tipificación de ese delito, tratarán de exculparse y darse una amnistía”.
“Lo que creo que harán los diputados harán es “salvarse el pellejo” y no resguardar el ejercicio de la soberanía del pueblo”.
“Somos una sociedad y una clase política que ya está acostumbrada a eso, a un financiamiento que se hace a escondidas”.
Víctor Hugo Godoy.
