POR KIMBERLY LÓPEZ
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Como una petición sin precedentes describió el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Mario Aguilar Elizardi, la solicitud que el Ministerio Público (MP) anunció ayer de pedir la cancelación del partido oficial Frente de Convergencia Nacional (FCN). La petición aún no ha sido formalmente recibida pero, en cuanto ingrese al ente electoral, será analizado por el pleno de magistrados.
Aguilar Elizardi explicó que hasta esta mañana, el MP no había enviado la solicitud que anunciaron ayer en conferencia, para pedir la cancelación del partido oficial.
El magistrado explicó que la petición no tiene precedentes pero resulta totalmente válida y razonable, en vista de los hallazgos anunciados ayer por las instancias de investigación.
En esa línea, dijo, cuando la solicitud ingrese, los miembros del pleno de magistrados la conocerán para evaluar los argumentos que el ente presentará con su solicitud.
Según Aguilar, esta será una decisión que deberá tomar el pleno de magistrados luego de evaluar los indicios que se presenten.
Para el magistrado, la solicitud es válida y razonable tomando en cuenta la información anunciada ayer.
De la misma forma, opinó la magistrada María Eugenia Mijangos, quien se refirió a esta solicitud como una petición válida que se someterá al análisis de los miembros del pleno.
“Lo tendremos que analizar, nos parece un fenómeno positivo lo que ha sucedido ayer, vamos a analizar la solicitud del MP para definir qué camino vamos a tomar, no puedo decir por ahora qué criterio vamos a tomar, pero al momento que recibamos la solicitud la vamos a tomar con la seriedad del caso”, dijo Mijangos.
La magistrada señaló que este tipo de casos despiertan en el TSE la preocupación por fortalecer los procesos de control. Mijangos mencionó la importancia de seguir trabajando en la conformación de la Unidad de Fiscalización de Partidos y en el fortalecimiento del TSE, a través de unas reformas electorales.
En tanto, el magistrado Aguilar Elizardi reconoció que muchas de las prácticas anómalas del financiamiento electoral se han escapado a los ojos del TSE debido a que esta entidad no ha contado con las capacidades normativas suficientes para auditar de forma profunda las finanzas de los partidos.