POR MARIELA CASTAÑÓN
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El pasado 26 de enero, Enrique Degenhart asumió como ministro de Gobernación, en sustitución de Francisco Rivas. En un promedio de dos meses en el puesto, Degenhart ha recibido varios señalamientos e incluso ya fue denunciado ante el Ministerio Público (MP) por abuso de autoridad y nombramientos ilegales. Representantes de la sociedad civil ven con preocupación las decisiones que ha tomado el Ministro y señalan que no hay claridad del rumbo al que orientará la Cartera del Interior, tampoco hay certeza de su intención por combatir la corrupción y la impunidad. Por su parte, la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies) opina que aún es difícil evaluar a una persona en tan corto tiempo.
La repentina salida del exministro Francisco Rivas, el inmediato nombramiento de su sustituto, Enrique Degenhart y las acciones tomadas sin mayores justificaciones y explicaciones, han generado dudas y preocupación en el Centro de Estudios de Guatemala (CEG) y Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro (FADS), que indican que no hay claridad sobre el rumbo a donde Degenhart orientará el Ministerio de Gobernación (Mingob), ni tampoco, certeza para combatir la corrupción y la impunidad.
El mismo 26 de enero, día cuando fue juramentado, el Ministro de Gobernación convocó a los medios de comunicación para dar a conocer sus ejes de trabajo, ese día se le consultó si haría cambios de los titulares de las direcciones adscritas a su cartera, pero dijo que realizaría una evaluación. El 5 de febrero se le reiteró la pregunta sobre los posibles cambios en la cúpula de la Policía Nacional Civil (PNC), pues ya se conocía de sus intenciones; también lo negó.
REMOCIONES EN LA PNC Y LOS CUESTIONAMIENTOS
El primer cambio que Degenhart realizó fue en una de las unidades más importantes de la PNC, la Subdirección General de Apoyo y Logística (SGAL), encargada del manejo de dinero y la adquisición de bienes y servicios.
El 12 de febrero, el Ministro nombró al oficial I Jesús Valentín Pineda, como jefe de la SGAL, sin embargo, en ese puesto se requiere a un comisario general en servicio activo. El 4 de octubre de 2017, la PNC difundió en sus redes sociales un video donde se observó al oficial Pineda explicando un procedimiento en la recepción de llantas, pues para entonces era jefe del Departamento de Material Móvil y aún no contaba con los rangos previos al puesto para el que fue nombra después.
Los cursos de ascenso en la PNC demoran 6 meses y debe existir un promedio de 2 años entre cada curso. El Ministro de Gobernación no explicó el proceso para otorgarle tres rangos a Pineda (subcomisario, comisario y comisario general), únicamente se limitó a responder que todo se hizo “en ley”.
El artículo 22 y 23 de las reformas a la Ley de la PNC que entraron en vigencia el 30 de enero de 2018, demandan que el director general adjunto y los subdirectores generales debían ser nombrados a propuesta del director de la PNC (en esa fecha aún estaba en el puesto Nery Ramos) y debía tener el rango de comisario general en servicio activo. Ninguno de los dos aspectos fue respetado.
Esa fue la razón por la que un extrabajador de la PNC interpuso una denuncia contra Degenhart ante la Fiscalía de Delitos Administrativos del MP, el pasado 26 de febrero. Los delitos por los que se le señala es abuso de autoridad y nombramientos ilegales.
El 27 de febrero, el ministro destituyó a la cúpula de la PNC, integrada por Nery Ramos, que tenía el puesto de director; Erwin Mayen, que fungía como director general adjunto y Stu Velasco, quien tenía el cargo de subdirector general de Investigación Criminal.
Los cambios provocaron pronunciamientos y cuestionamientos de diferentes sectores, entre estos del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), el Movimiento Pro-Justicia y la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH). Un día después, el propio Degenhart admitió que no hubo razón para remover a los exfuncionarios. (Lea el recuadro ministro remueve a excúpula a pesar del descenso en criminalidad).
El 26 de marzo, el exsubdirector de la SGAL, Ramsés Rosales, con apoyo del abogado Alfonso Carrillo, presentó un amparo en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en contra del titular del Ministerio de Gobernación, por haber nombrado a tres cargos directivos en la PNC que a su consideración eran ilegítimos y arbitrarios. Las personas nombradas fueron el director Erwin Tzi, el subdirector de Investigación Criminal Nery Hernández y el subdirector de Apoyo y Logística, Valentín Pineda.
Ayer, el ministro removió del cargo al director adjunto Rony Espinoza a quien ascendió a ese cargo el 3 de marzo. También a Valentín Pineda, jefe de la SGAL.
En la noche, se conoció que también fue notificado de su remoción Cleotilde González Lima, quien fungía como jefe de la División de Protección a Personalidades (DPP) de la PNC.
El comisario González Lima tenía más de 25 años en la institución policial. Durante varios años realizó análisis de riesgo y asignó seguridad a las personas que “realmente lo ameritaban”, según fuentes oficiales.
Según se conoció, Enrique Degenhart habría requerido seguridad a González cuando ocupó el puesto de Interventor de Migración, durante la gestión de Álvaro Colom, pero su solicitud no fue aceptada, debido a que no llenaba las características para que se le brindara lo requerido.
La Hora se comunicó con Degenhart para conocer su postura al respecto, pero no respondió a las llamadas realizadas a su teléfono celular.
ARZÚ, LOS CONTRATOS Y EL RETIRO DE PNC
El pasado 26 de marzo, se cuestionó a Degenhart por la relación con el alcalde Álvaro Arzú, admitió que son amigos desde hace 30 o 40 años. Negó que fuera colocado en el puesto por sugerencia o petición del jefe edil, y reiteró que quien lo nombró fue el presidente Jimmy Morales.
Cuando se le intentó preguntar por un contrato que tuvo en la Comuna que evidenció una investigación del programa radial Con Criterio, y que supuestamente mantuvo aun en febrero cuando ya era Ministro, dejó de responder las preguntas del gremio periodístico, fue escoltado por sus guardaespaldas, ingresó a un despacho de la Dirección General de la PNC y cerró la puerta.
Días antes de esa entrevista, el Ministro dispuso retirar a once miembros de la PNC que estaban asignados a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
El 20 de marzo, la CICIG confirmó el retiro de los policías y un día después el ministro justificó que había “una excelente relación” entre los órganos nacionales y extranjeros y que no tenía intención de “debilitar a un socio estratégico como la CICIG”, por lo que devolvería a los policías.
Luego el ministro envió una carta a la CICIG donde indicaba que devolvería a los policías. En otro documento, le pedía su apoyo para combatir a las pandillas y su posible incrustación en la PNC.
Iván Velásquez, jefe de la CICIG, respondió en otra carta el 4 de abril a Degenhart, en la cual indicó: “Le propongo mantener una primera reunión de trabajo, con participación del Ministerio Público, para explorar áreas de interés mutuo y de cooperación, incluyendo la actividad de las pandillas y su posible infiltración en instituciones del Estado”.
Por otro lado, el gremio periodístico enfrenta varias dificultades para entrevistar al Ministro y para tener acceso a la información relacionada a la cartera y sus viceministerios, debido a que no responde llamadas, mensajes o solicitudes de entrevistas.
La Hora intentó obtener una postura del ministro para la realización de este reportaje, pero no respondió las llamadas, ni las preguntas enviadas a su WhatsApp. Tampoco se logró la entrevista que se le requirió a Fernando Lucero, vocero del Mingob. (Lea el recuadro Preguntas que el ministro Degenhart no respondió).
SIN CLARIDAD NI CERTEZA
Sandino Asturias, director del CEG, opinó que existen varias situaciones que preocupan del actuar del funcionario, empezando por la forma como se originó la remoción de Rivas y el nombramiento de Degenhart.
“Empecemos por el nombramiento -de Degenhart- y la remoción injustificada del exministro Rivas. En segundo tema las acciones del ministro, hay una coherencia entre las acciones de obstaculizar la justicia y la colaboración con el MP y CICIG. Los cambios que se han visto no han sido en reforzamiento de los temas de seguridad y justicia, hay una preocupación y hace falta ver sí será una tendencia general o son acciones desconexas o una política del Gobierno”, indicó Asturias.
De acuerdo con el director del CEG, no hay claridad de cómo orientarán las políticas de la cartera del Interior, pero sí existiera una intención de debilitar la lucha contra la impunidad y la corrupción, es mejor retirarlo del puesto.
“Esperamos una reorientación de la conducción de las políticas del Mingob o reorientación de las decisiones, es decir sí el ministro representa otra fuerza distinta a favor de la lucha contra la corrupción y la impunidad, esperamos que haya un cambio”, comentó.
Por su parte, Eleonora Muralles, de la organización Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro (Fads), cuestionó algunas las recientes acciones del ministro, al remover a la excúpula de la PNC y colocar a policías que no tenían el rango que demanda la Ley de la PNC.
“-El Ministro- tiene varios señalamientos, lo que correspondería es presentar antejuicio contra él. Algunos de los que asumieron no tienen los grados que demanda la Ley, hay una total infracción, que se tendría que corregir. Lo otro es que no terminamos de entender por qué destituyó a la otra cúpula, porque cuando el presidente de la República dio su informe el 14 de enero lo único que resaltó y era real, era el trabajo efectivo del ministro anterior –Francisco Rivas- y de la Dirección de la cúpula anterior –dirigida por Nery Ramos-”.
A criterio de Muralles, las acciones del ministro “hacen pensar mal” y se sospecha que actuó para perjudicar las investigaciones en curso para proteger al Presidente y a funcionarios señalados de corrupción.
“Pareciera que esto es parte de una estrategia que empezó cuando se declaró non grato a Iván Velásquez y que continúa para debilitar las acciones de la CICIG y el MP”, lamentó.
La profesional demandó que Degenhart sea citado o interpelado en el Congreso, para que aclare las dudas que han surgido por sus acciones.
“Sería muy oportuno que fuera citado al Congreso o incluso interpelado para que dé respuesta a todas estas interrogantes e inquietudes que han surgido hacía él. Necesitamos como población que se aclare el rumbo a dónde quiere llevar el Ministerio de Gobernación, hay cosas que no se ve bien y tenemos temores. Sería una barbaridad que él buscara junto al Gobierno debilitar a estas instituciones que están ayudando a depurar el sistema político y a los funcionarios corruptos”, dijo.
ASIES: MUY POCO TIEMPO
Por otro lado, Lorena Escobar, de Asies, opinó sobre los cambios que Degenhart hizo ayer en la cúpula de la PNC. Dos de las autoridades fueron ascendidas hace un mes en la cúpula y ya fueron removidas.
“No valoraron algunas condiciones necesarias, pareciera que tampoco están evaluando si el perfil se ajusta al cargo que están designando, porque en un plazo de un mes –hacen los cambios”, refirió.
La representante de Asies, agregó que aún es poco tiempo para evaluar a un ministro, que está prácticamente iniciando.
“Creo que cuando hay cambio de ministros, toma su tiempo conocerlos, sobre todo aquellos que no han tenido contacto con las instituciones. Toma tiempo tener el conocimiento y la experiencia necesarios en la dirección de cada Ministerio”, reiteró Escobar.
Preguntas que el ministro Degenhart no respondió
Estas fueron las preguntas que se intentaron plantear al ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, a través de una entrevista, llamadas y mensajes, sin embargo, al cierre de este reportaje no respondió.
1. Representantes de la sociedad civil ven con preocupación los últimos acontecimientos, como la remoción de la excúpula de la PNC sin justificación, una denuncia por nombramientos ilegales y abuso de autoridad en su contra, el retiro de investigadores policiales asignados a CICIG, entre otros. Dudan de su intención de respetar las leyes, la institucionalidad y la lucha contra la corrupción. ¿Qué responde a esto?
2. ¿Siguió la orden del Gobierno, de otra institución o funcionario público para remover a la excúpula de la PNC (brazo operativo del MP y la CICIG en los allanamientos)?
3. ¿Por qué no ha asistido a las citaciones al Congreso para aclarar varios temas, uno de ellos la remoción de la excúpula de la PNC?
4. ¿Tiene disposición para ser interpelado o explicar claramente a la opinión pública por las dudas que han surgido, debido a que habría sido colocado por el alcalde Álvaro Arzú en el puesto? Aunado a varias de las decisiones que ha tomado y por las que se sospecha no tendría disposición de trabajar contra la corrupción.
5. ¿Podría enumerar los tres últimos empleos que ha tenido y en que fechas los tuvo?
6. ¿Cuál es su grado académico y su trayectoria en temas de seguridad?
7. ¿Por qué es tan difícil acceder a declaraciones de su persona y sus viceministros?
