Por Denis Aguilar
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El titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, cuestionó hoy las intenciones del Congreso de la República de reformar las normas que castigan el delito del financiamiento electoral ilícito, señalando que las mismas resultan “escandalosas” para el combate a la corrupción.
Velásquez dio una explicación de cómo el financiamiento electoral ilícito involucra a ciudadanos con el Estado y cómo esa relación puede convertirse en corrupción.
“El financiamiento electoral ilícito causa relaciones perversas entre el ciudadano y el Estado y entre los funcionarios públicos”, aseguró Velásquez.
El titular de la CICIG agregó que el financiamiento electoral ilícito ha permitido que se sostengan estructuras de corrupción de carácter sistémico y con raíces profundas
El Comisionado indicó que hay pretensiones de derogar las normas que establecen y que condenan el financiamiento electoral ilícito, haciendo énfasis en el financiamiento electoral anónimo, lo cual calificó como algo “escandaloso”, sobre todo tras las declaraciones de Juan Carlos Monzón como colaborador eficaz en el Caso Cooptación del Estado.
“Es absolutamente escandaloso lo que hemos venido escuchando y lo que además las investigaciones han venido acreditando”, dijo Velásquez en un conversatorio con estudiantes de la Universidad Rafael Landívar donde se abordó el tema de la cultura de la legalidad.
Velásquez destacó el financiamiento anónimo que han hecho efectivo empresarios, cuando estos aportan dinero a una agrupación política fingiendo la prestación de un servicio o la adquisición de algún bien y habló cómo en algunos casos se extienden facturas por los supuestos servicios.
“Cuando se pide factura y no recibo es porque se está pretendiendo ocultar ese financiamiento. El financiamiento no es ilegal, el financiamiento privado existe en casi todos los países, pero esto de hacer todo debajo de la mesa y hacerlo a escondidas es lo que es ilícito”, dijo Velásquez.
UNA PROHIBICIÓN ADECUADA
Tras calificar como escándalo lo declarado por Monzón ante el juez Miguel Ángel Gálvez, Velásquez indicó que es momento para reivindicar con una prohibición adecuada para el país el financiamiento electoral ilícito.
Además, se refirió a lo requerido al Congreso por la Corte de Constitucionalidad de reformar el artículo 407 inciso “N” del Código Penal, el cual tipifica el financiamiento electoral ilícito anónimo o sin registrarse.
“Siguiendo la directriz de la Corte de Constitucionalidad, que es necesario examinar la proporcionalidad de la ley, para que no sea de los cuatro a los doce años inconmutables que está previsto actualmente, sino que para el financiamiento anónimo para el segundo inciso del artículo 407 “N”, sea por lo menos diferente a la del primer inciso de los primeros ilícitos, lo cual no significa que tenga que ser una pena inferior, muy mínima, porque el delito de financiamiento ilícito anónimo es un delito también de mucha gravedad”, explicó Velásquez.
Actualmente la Comisión Extraordinaria que analiza ese tema y otros diputados han propuesto que las penas en ese inciso se sitúen en 5 años de prisión o menos, es decir, conmutables.
DESESTRUCTURAR LA DEMOCRACIA Y OTORGAR AMNISTÍA
Para Velásquez, el financiamiento anónimo es un delito de gravedad que desestructura la democracia, la cual está en una reconstrucción permanente mediante los certámenes electorales, los cuales son incididos y afectados por ese financiamiento oculto.
“Cuando lo que se pretende en otras de las propuestas es hacer modificaciones, que finalmente lo que resultan es derogando tácitamente ese artículo, como decir decretar una amnistía porque implicaría que la norma anterior no se puede aplicar por cambiar lo supuesto del hecho en la norma que se pretende introducir ahora”, destacó el Comisionado.
Ante esto, Velásquez dijo que debe haber una reflexión esencialmente de los ciudadanos, ya que es un problema que atañe a la ciudadanía guatemalteca.
OTROS TEMAS ABORDADOS
Durante el conversatorio en la Universidad Rafael Landívar, Velásquez dijo que se ha demostrado en los últimos años que la lucha contra la impunidad y corrupción es posible y que además se necesita la respuesta de un Estado fortalecido en el Sector Justicia para hacer frente a la criminalidad.
Velásquez abogó por una cultura de legalidad en el país, la cual vaya aunada con una cultura de las consecuencias y una capacidad de respuesta del Estado.
Sobre la cultura de las consecuencias, Velásquez se refirió a que las personas que cometan actos contrarios a la ley, deben asumir su responsabilidad y responder por sus faltas.
Velásquez dijo que la lucha contra la corrupción y la impunidad no es un fin en sí mismo, sino que es una vía para construir una mejor vida en sociedad en Guatemala.
Sobre la sentencia en el Caso Construcción y Corrupción, el Comisionado indicó que se ve una reparación digna e integral de la justicia y que esta es una señal de que Guatemala camina hacia una cultura de legalidad, agregando que esto se contrasta con los intentos de derogar las normas que combaten al financiamiento electoral ilícito.
Velásquez dijo que para el fortalecimiento de la democracia es importante la participación de la ciudadanía y que esta sea protagonista en asuntos públicos.
