POR REDACCIÓN LA HORA*
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Manejo de propiedades, negocios, distribución de plazas dentro de entidades estatales, incluso, la gestión de un dragado para una propiedad de la narcotraficante Marllory Chacón con fondos públicos y detalles de la retribución con el erario a financistas de campaña, son parte de los detalles ofrecidos por Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de la Presidencia, durante las primeras jornadas de su declaración en anticipo de prueba en el Caso Cooptación del Estado.

Por horas, Monzón ha explicado a detalle cómo el andamiaje gubernamental, pero principalmente sus recursos económicos habrían sido utilizados por la cúpula del gobierno del Partido Patriota (PP), encabezado por Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, para enriquecerse y favorecer a quienes financiaron su campaña política.

A consideración de analistas, miembros de la sociedad civil y diputados consultados por La Hora, las declaraciones del exsecretario privado de la Vicepresidencia confirman los rumores de “pasillos”, sobre cómo es el manejo de los recursos públicos y la utilización del aparato estatal a favor de los gobernantes y financistas de campaña, demostrando, además, la “podredumbre” enquistada en el ámbito público.

PODREDUMBRE ENQUISTADA EN EL ÁMBITO PÚBLICO

Según el analista de la Asociación de Investigación y Estudios Social (ASIES), Luis Linares, es hasta hoy cuando podemos conocer abiertamente rostros y prácticas que, desde hace tiempo, estaban impregnados en el ejercicio político.

“Aquellas personas cuya única motivación para ocupar un cargo era enriquecerse, lo hacían con total descaro sabiendo que no habría consecuencias negativas, sabiendo que en la medida que más acumularan iban a tener una mejor posición y esto llevó al descaro”, indicó el entrevistado.

No obstante, las prácticas corruptas siempre han sido tema de conversación en pasillos y los guatemaltecos han tenido la percepción de que en las instituciones públicas existen personas que abusan del poder de formas nefastas. “Ahora se confirma lo que era tema permanente en pláticas de pasillos”, dijo Linares.

El analista asegura que los procesos de corrupción y, específicamente, los datos brindados por Monzón van poniendo al descubierto “la enorme podredumbre que se había enquistado en el ámbito público con beneficiarios del ámbito público como empresas que se favorecían de estas negociaciones ilícitas”.

Sin embargo, indicó Linares, no se trata de acciones propias del gobierno del PP, sino que este tipo de anomalías se han dado desde gobiernos que ocuparon el poder incluso antes de la era democrática. “Se trata de un sistema que facilita la corrupción”, anotó el entrevistado.

“Y esto sigue en el actual gobierno, quizá un poco aminorado por el temor a las acciones de CICIG -Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala- y MP -Ministerio Público-, pero continúa”, aseguró.

UN SECRETO A VOCES

Por su parte, miembros de la sociedad hacen énfasis en que las declaraciones emitidas por Juan Carlos Monzón ante el juez Miguel Ángel Gálvez, han revelado un secreto a voces sobre la forma cómo actúan los financistas de campañas electorales y funcionarios en el país.

Para Gabriel Wer, del colectivo JusticiaYa, las declaraciones de Monzón son una evidencia con nombres, apellidos, cifras y datos más concretos de la magnitud de la Cooptación que hay en el Estado, la cual es ejercida por varios actores. “No solo de parte de políticos, sino también por parte de empresarios, financistas” indicó Wer.

Wer añadió que esto refleja cómo el Estado se ha puesto al servicio de los financistas, a la vez, hizo énfasis en los casos de financiamiento electoral ilícito que salieron a la luz tras la campaña política del 2015.

“Muchos de esos financistas volvieron a financiar en el 2015 y han estado de alguna manera haciendo negocios con este Gobierno”, afirmó. “Lo de Monzón básicamente está evidenciando algo que ha pasado antes, pasó durante el gobierno del Partido Patriota, pero sigue sucediendo”, agregó.

Mientras que, Helen Mack de la Fundación Myrna Mack, señaló que tal y como lo había dicho Monzón, el Caso La Línea solo era la “punta del iceberg”, ya que la Cooptación del Estado abarca más entidades y no solamente las vinculadas al tema aduanero en referencia a la investigación de La Línea.

Para Mack, la ambición por el dinero y el poder desmedido es lo que ha llevado a Guatemala a hundirse y agregó que la declaración de Monzón se debería de sistematizar para exigir a los diputados reformas para evitar el financiamiento electoral ilícito.

Sin embargo, Mack dijo que los “legisladores están tratando que todo siga igual para seguir haciendo negocios”.

Además, considera que el Estado ha estado al servicio de los financistas y políticos corruptos a través de redes criminales que operan desde el interior de las instituciones estatales y desde afuera de estas.

La activista resalta que las declaraciones de Juan Carlos Monzón deberían generar indignación dentro de la sociedad, además, de que la población no debería volver a votar por las agrupaciones políticas tradicionales, ya que son más de lo mismo.

“Los guatemaltecos tenemos que estar haciendo un ejercicio de no votar por estos que ya sabemos quiénes son y no votar por esos partidos porque si no seguiremos en lo mismo”, lamentó.

¿UN MODUS OPERANDI?

Consultado el diputado del Frente Parlamentario por la Transparencia, Jean Paul Briere, sobre las declaraciones de Monzón, resaltó que esto evidencia un modus operandi, y ante ello, llamó a tomar en consideración las reformas que realiza el Congreso para modificar el Código Penal en cuanto al financiamiento electoral anónimo y sin registrar.

“Obviamente ha sido el modus operandi de muchos partidos políticos para poder financiarse –obtener financiamiento a cambio de favores durante el gobierno-. Estas declaraciones no ayudan a la clase política y hay que tomar en consideración lo que se está tratando de cambiar que son las penas al delito de financiamiento electoral ilícito y que no suceda”, explicó el legislador.

Sobre las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, así como al Código Penal para fortalecer la lucha contra el financiamiento electoral ilícito, Briere opinó: “Se debe hacer y se debe analizar que el financiamiento de los partidos políticos sea estatal para que se evite el financiamiento privado, es decir que al Tribunal Supremo Electoral se le traslade durante el proceso electoral una cierta cantidad de recursos para que eso fuera directamente a la campaña de las agrupaciones. Esta sería una posible solución, algo que debe plantearse sobre la mesa, esta medida sería para que todos tengan las mismas oportunidades y que no exista el cambio de favores”.

En cuanto a la reforma al Código Penal, la Comisión Extraordinaria del Congreso que analiza el tema, ya elabora una propuesta, que, junto al planteamiento de otros diputados, establecería penas que no superan los 5 años de prisión por el financiamiento electoral anónimo o sin registrar, es decir, serían sanciones conmutables.

MONTENEGRO: LA POLÍTICA SE CONTAMINÓ ENORMEMENTE

En tanto, la diputada de Encuentro por Guatemala, Nineth Montenegro, lamentó que la política se contaminó “enormemente en el país” y cómo las campañas millonarias superaron a las verdaderas propuestas políticas, al ser cuestionada sobre la percepción que genera las revelaciones de Monzón.

“En primer lugar, si las declaraciones de Juan Carlos Monzón son ciertas tienen que ir acompañadas de pruebas. Esto demuestra que, efectivamente, la política se contaminó enormemente y de esa cuenta las campañas millonarias fueron las ganadoras, más allá de las que tenían propuestas y personas -idóneas-. Lamentablemente en lugar recónditos del país lo que llega son los mensajes televisión y radiales, y la gente se deja llevar por eso. Esas declaraciones desnudan una realidad que, ojalá, no se repita jamás en el país. Se volvió obscena la política y se perdió el rumbo”, indicó la diputada.

A consideración de Montenegro, varios factores influyen en la búsqueda de favores mediante el pago de campañas políticas, debido a los beneficios que se pueden obtener.

“Pudieron ser por diferentes razones, algunos lo pudieron hacer con el interés de percibir favores y algunos con intereses de mantener la buena relación con los gobiernos, pero efectivamente, los negocios del Estado son deseados, ya que es la empresa más grande hablando en términos mercantiles”, explicó.

Por último, consideró la importancia de que la “verdad” se conozca y que Guatemala se atrevió a permitir el funcionamiento de CICIG, quien junto al MP han develado la mayoría de los casos de impacto relacionados a la corrupción y al financiamiento electoral ilícito.

“No puedo hablar por los demás -diputados- pero se percibe con mucha preocupación, con mucha pena, pero al final es algo que se sabía y que es positivo que se vaya desnudando. El que se sepa la verdad es importante porque va sanando al país. Guatemala es el único país que tiene una Comisión -CICIG- de esta envergadura y le aseguro que, si en Estados Unidos hubiera una Comisión de este nivel, saldrían más casos de financiamiento y favores. El financiamiento electoral ilícito es un fenómeno mundial que Guatemala se atrevió aceptando la presencia de CICIG”, comentó la entrevistada.

MALOUF: “NO DEBEMOS PERMITIR QUE ESTO VUELVA A SUCEDER”

Antonio Malouf, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), indicó que “teniendo tantos recursos el Estado de Guatemala se vean socavados con personas inescrupulosas habiendo tantas necesidades”.

El representante empresarial lamentó que se necesite fortalecer la institucionalidad del país, principalmente por medio de los tributos, pero que no exista confianza de la ciudadanía de que esos recursos se utilizarán adecuadamente. “No es que no debamos pagarlos -impuestos- pero se nota que han sido mal usados”, destacó.

A la vez, indicó que como sector empresarial y a todo nivel se deben hacer cambios, cada uno en su área, “No debemos dejar que esto vuelva a suceder, nos llama a la reflexión”, puntualizó.

En repetidas ocasiones, el titular de la CICIG, Iván Velásquez, ha dicho que el financiamiento electoral ilícito es “el pecado original” de la democracia guatemalteca. Mientras Juan Carlos Monzón continúa detallando la Cooptación del Estado.
*Reportaje conjunto de los periodistas: Denis Aguilar, Kimberly López y Sonny Figueroa.

“Aquellas personas cuya única motivación para ocupar un cargo era enriquecerse, lo hacían con total descaro sabiendo que no habría consecuencias negativas”.
Luis Linares, ASIES.

“Lo de Monzón básicamente está evidenciando algo que ha pasado antes, pasó durante el gobierno del Partido Patriota, pero sigue sucediendo”.
Gabriel Wer, JusticiaYa.

“Los legisladores están tratando que todo siga igual, para seguir haciendo negocios”.
Helen Mack, Fundación Myrna Mack.

“Se debe hacer y se debe analizar que el financiamiento de los partidos políticos sea estatal para que se evite el financiamiento privado”.
Jean Paul Briere, diputado.

“Los negocios del Estado son deseados, ya que es la empresa más grande hablando en términos mercantiles”.
Nineth Montenegro.

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