Por Sonny Figueroa
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Durante una reunión de la Comisión Extraordinaria que elaborará una iniciativa de ley para reformar el delito de financiamiento electoral ilícito en sus modalidades de anónimo y no registrado, se presentaron propuestas que penalizan con un máximo de cinco años esas actividades, lo que significan que son conmutables. Analistas consideran que es una estrategia de impunidad de los diputados para proteger a sus financistas.
Para Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana, esas reformas son lógicas partiendo que quienes están analizando esas modificaciones son políticos y saben la importancia de los financistas en sus organizaciones políticas.
“De alguna manera ellos –los diputados- están usando una medida acorde a sus intereses, que es no ahuyentar a sus financistas. La perspectiva de la instituciones que buscan penalizar ese delito es otra y piden una medida que conlleve a cárcel. Se está haciendo un falso dilema para que se crea que el financiamiento electoral anónimo y no registrado no es tan malo como el financiamiento electoral ilícito, donde se recibe recurso del crimen organizado, y sí es malo”, dijo Marroquín.
A decir del analista político independiente Jorge Wong, que en las propuestas las penas sean conmutables era una acción de esperarse de los congresistas. Agregó que es importante que las penas sean mayores.
Esto es una posición clara de los diputados de querer seguir tapando el sol con un dedo para seguir teniendo beneficios que han tenido hasta el día de hoy dijo Wong, quien agregó que es elemental que las penas sean más altas y que no sean conmutables.
La sociedad civil tiene que ver que se haga la ley, pero no la trampa. Lo bueno es que ya salió a luz la trampa y la sociedad debe exigir cambios sin abusos. Si ellos –los legisladores- aprueban esos cambios seguiremos como estamos porque protegerán a sus financistas, expresó el experto.
DIPUTADOS APROVECHAN PARA GARANTIZAR IMPUNIDAD
Las penas del financiamiento electoral anónimo y no registrado se modificarán por exhortación de la Corte de Constitucionalidad. A decir de Renzo Rosal, analista político, hay una mayoría de diputados en el Congreso que lo que buscan es aprovechar esa orden para hacer reformas que garantizar impunidad.
“Se crea una reforma que regule el contenido, pero se hará en una pena conmutable. Lo que está haciendo el Congreso es jugar, haciendo que lo que dice la CC pero sacan ventaja. Los diputados están haciendo un proceso a su conveniencia y no a lo que demanda la ciudadanía. Lo ideal es que haya una pena que no sea conmutable”, expuso Rosal, quien agregó que también debe existir una inhabilitación.
Para Ricardo Barreno, experto en temas políticos, históricamente se ha demostrado que la política se ha conformado por el financiamiento anómalo. En términos generales, es preocupante la ruta que están tomando estas sanciones penales porque resguardan el estatus quo que ha funcionado a través del financiamiento ilícito, concluyó Barreno.
