FOTO JOSÉ CASTRO/ARCHIVO
Por Sonny Figueroa
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La Comisión Extraordinaria que presentará al pleno de diputados una iniciativa de ley para reformar el delito de financiamiento electoral ilícito en sus modalidades de anónimo y no registrado. De momento, expusó un anteproyecto, el cual establece una pena máxima de 4 años para los que cometan este delito. Por aparte, otros diputados presentaron propuestas que dejan en cinco años la pena máxima.
En su propuesta, los asesores de la Comisión Extraordinaria suprimen el segundo párrafo del artículo 407 “N” del Código Penal que se refiere al financiamiento electoral anónimo y financiamiento electoral no registrado y agregan los artículos 407 “O” y 407 “P” que quedan de la siguiente manera:
Artículo 407 “O” Financiamiento electoral no registrado. Quien reciba de forma directa aportación dineraria o no dineraria, para la realización de actividades electorales o permanente de las organizaciones políticas y no las reporte para su respectivo registro contable a la organización, será sancionado por el delito de financiamiento electoral no registrado con prisión de seis meses a cuatro años y multa de veinte mil a cuatrocientos mil quetzales.
Artículo 407 “P” Financiamiento electoral anónimo. Quien realice aportación dineraria o no dineraria con el objeto de financiar actividades electorales o permanentes de las organizaciones políticas o sus candidatos y no contare con el respectivo comprobante de donación legalmente emitido por organización política, será sancionado por el delito de financiamiento electoral anónimo, con prisión de seis meses a cuatro años, y multa de veinte mil a cuatrocientos mil quetzales.
OTRAS PROPUESTAS
El diputado independiente Oliverio García presentó una propuesta de reforma al segundo párrafo del artículo 407 “N” y sanciona el financiamiento electoral anónimo y el no registrado hasta con cinco años de cárcel:
“La persona individual o jurídica, que tenga la responsabilidad de administrar los fondos, aportaciones o contribuciones o registros de ello, de cualquier organización política, y no registre las mismas teniendo conocimiento, sean dinerarias o no, recibidas por la organización política o sus candidatos, con motivo de actividades permanentes, de campaña o eventos electorales, comete el delito de financiamiento electoral ilícito y será sancionado con prisión de tres a cinco años y multa de veinte mil a cincuenta mil quetzales e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por un periodo de cinco años.
La persona individual o jurídica que aporte o contribuya en forma dineraria o no a las organizaciones políticas o sus candidatos, para actividades permanentes, de campaña electoral o eventos electorales, y no diere aviso al Tribunal Supremo Electoral y a la organización política, será sancionado con prisión de dos a tres años y multa de diez mil a veintiuno mil quetzales”.
La bancada Convergencia también presentó una propuesta y esta busca inhabilitar a las personas para optar a cargos públicos y para ser contratista o proveedor del Estado:
“También comete este delito la persona que aporte, reciba o autorice recibir contribuciones en forma anónima y las que no se registren en el libro contable de la organización política. En este caso, el responsable será sancionado con prisión de tres a cinco años. La sanción se incrementará en dos terceras partes cuando el delito sea cometido por quien ejerza empleo, cargo público o cargo de elección popular, además de la pena impuesta se le inhabilitará para optar a cargos públicos y para ser contratista o proveedor del Estado”.
Las tres propuestas serán entregadas a todos los diputados integrantes de la Comisión Extraordinaria y serán analizadas para llegar a una propuesta final.
PENAS CONMUTABLES
El artículo 50 del Código Penal establece que con conmutables “la prisión que no exceda de cinco años. La conmuta se regulará entre un mínimo de cinco quetzales y un máximo de cien quetzales por cada día atendiendo a las circunstancias del hecho y a las condiciones económicas del penado”.
