Por Sonny Figueroa
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El exprocurador de los Derechos Humanos, Jorge Mario García Laguardia, fue consultado sobre el delito de prevaricato y la manera que ha sido rechazado en el Organismo Judicial, ya que cuando se solicita el retiro de inmunidad de jueces y magistrados por este delito, las peticiones son declaradas sin lugar, usando la Independencia Judicial como argumento.
El Código Penal en su artículo 462 dice: el juez que, a sabiendas, dictare resoluciones contrarias a la ley o las fundare en hechos falsos, será sancionado con prisión de dos a seis años. Si la resolución dictada consistiere en sentencia condenatoria en proceso penal, la sanción será de tres a seis años.
“Todos están de acuerdo en este régimen de corrupción en el que estamos viviendo. De ahí no procede nada, nunca ha procedido un juicio contra un juez o magistrado -por prevaricato-”, dijo García Laguardia, tras consultarle sobre que las solicitudes de retiro de inmunidad contra jueces por del delito de prevaricato no proceden en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que usa el argumento de respeto de la Independencia Judicial.
La semana pasada, la Asamblea General del Instituto de Magistrados de la Corte de Apelaciones del Organismo Judicial emitió un comunicado en el que “rechazan la promoción de antejuicios y procedimientos disciplinarios contra jueces y magistrados sin fundamento alguno, con el argumento de estar en desacuerdo con la decisión jurisdiccional adoptada, pues los mismos constituyen una indebida presión a los juzgadores que violentan directamente su independencia”.
A decir de García Laguardia ese es un argumento totalmente equivocado. Efectivamente debe existir Independencia del Organismo Judicial pero para eso está el Consejo de la Carrera Judicial, quien debe presentar esas denuncias, dijo el experto, quien agregó que el Consejo debe denunciar ante el Ministerio Público a los jueces y magistrados que cometen prevaricato, sin embargo no se hace.
“No tiene que ver una cosa con otra, aparte es la independencia que tiene el Organismo Judicial, que dictan sus sentencias, y otra cosa es la comisión de delito, uno de los cuales es el prevaricato, en el cual el Consejo de la Carrera Judicial tiene por obligación poder denunciar la existencia de ese acto ante el Ministerio Público, que es el que tiene el monopolio de la denuncia”, expresó.
Al cuestionarle a García Laguardia sobre cómo se interpreta que la CSJ rechaza esas peticiones, aduciendo que existe la autonomía judicial, respondió que en el país se eligen malos funcionarios que ejercen sus cargos a cambio de dádivas.
“Esto se interpreta en que en ese país escogen a los malos funcionarios para ejercer el ejercicio de las funciones a cambio de dádivas y esa es la gran crisis, este país hay que cambiarlo totalmente y hay que destituir a todos los magistrados y a todos los jueces y hacer un nuevo país, ese es el problema. Viven ellos haciendo arreglos para seguir haciendo lo mismo, aprovechando las circunstancias para obtener beneficios”, concluyó.
