POR MARIELA CASTAÑÓN
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Ocho personas fueron capturadas hasta el cierre de esta nota, por su presunta participación en un caso de corrupción en el Ministerio de Gobernación (Mingob). Las detenciones corresponden a una segunda fase de investigación por el arrendamiento anómalo de vehículos blindados, durante la gestión del exministro Mauricio López Bonilla.
La Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP) realizaron 22 allanamientos para detener a algunos exfuncionarios de la cartera del Interior. Los delitos varían para cada persona y son por: fraude, cohecho activo, lavado de dinero u otros activos, asociación ilícita, testaferrato y abuso de autoridad.
Entre los detenidos están: Felipe Estuardo Ozaeta Castellanos, exasesor del Mingob; Dino Fabricio Quatrinni Gómez, quien era encargado de transportes del Mingob; Raúl Arturo Valdez Castillo, exdirector de la Dirección de Servicios de Administración y Financieros, y Maura José Ortiz Estrada, quien participaba en el control de los vehículos.
También, Iliana del Carmen Tager Castellanos, esposa de Felipe Ozaeta; Manuel Efraín Castellanos Góngora, propietario de Multi Servicios Exclusivos; Ana Patricia Monge Cabrera, exdirectora de la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada (Digessp) y madre del actual Director General de Aeronáutica Civil. Además, Cinthia Lisbeth Villatoro Villatoro, asesora de la coordinación de compras.
SEGUNDA FASE DEL CASO
Según el MP, la primera fase de la investigación se operativizó en enero de 2017. El Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, dictó auto de apertura a juicio en contra del exministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla; el exviceministro Administrativo, Manfredo Pacheco y el exdirector de la PNC, Walter Vásquez.
Esas pesquisas determinaron que durante los años 2014 y 2015 se arrendaron vehículos blindados por medio de casos de excepción, cuando lo que correspondía era una licitación pública.
Stuardo Campo, fiscal Regional Metropolitano, indicó que en la segunda fase de la investigación siguieron la ruta del dinero; determinaron que un grupo delictivo organizado operaba a lo interno del Mingob y con la coparticipación de algunos funcionarios crearon un plan para beneficiar a la empresa Multi Servicios Exclusivos, propiedad de Manuel Castellanos.
Un total de Q28 millones pagaron a esa empresa por el arrendamiento de los vehículos, a través de 9 contratos. El dinero habría sido distribuido entre varias personas; algunos de ellos detenidos hoy. En otros casos recibieron algún tipo de “dádiva”.
En el caso de la exdirectora de la Digessp, ella habría suscrito los contratos administrativos por medio de los cuales se arrendaron los vehículos para esa dirección específica. El delito contra ella es abuso de autoridad.
