Por Denis Aguilar
daguilar@lahora.com.gt

Acción Ciudadana (AC) presentó esta mañana una tacha contra el juez y aspirante al cargo de Fiscal General, Franc Armando Martínez Ruiz, por haber emitido en noviembre de 2017 una resolución que prohibió a vecinos de San Pedro La Laguna, Sololá, criticar al Concejo Municipal de ese municipio.

La organización considera que lo dictado por el juez contraviene la Constitución Política de la República al violentar el derecho de la libertad de expresión.

“El 14 de noviembre 2017 el juez resolvió de forma parcial, creemos nosotros, una denuncia que hizo un concejal, de la comuna de San Pedro La Laguna, en el que se denunciaba a vecinos que habían hecho un ejercicio de auditoria social y que habían denunciado a la Municipalidad de San Pedro La Laguna y que en la resolución el juez dictó medida sustitutiva que creemos contraviene la Constitución”, aseguró Eddie Cux, de AC.

En la resolución, el juez prohibió a vecinos manifestar a través de cualquier forma contra el Concejo Municipal de San Pedro La Laguna.

“Esta es una grave restricción a la libre expresión del pensamiento, por lo que creemos que con base en eso la persona que está aspirando a Fiscal General no es idónea, puesto que en sus resoluciones se está criminalizando la lucha contra la corrupción y también la auditoria social de estos, quien en base al acceso a la información pública han denunciado a la comuna de San Pedro La Laguna”, agregó.

Cux señaló que por el momento hay una investigación abierta contra el juez, por lo que cabe la posibilidad de que sea sancionado.

JUEZ RESPONDE

El juez Franc Martínez habló con La Hora al respecto de la tacha que fue presentada en su contra y aseguró que respeta la decisión pero que no la comparte. Explicó que la resolución fue emitida debido a que los vecinos atentaron contra la moralidad de los miembros del Concejo Municipal.

Martínez explicó los motivos que lo llevaron a emitir una resolución contra los vecinos de San Pedro La Laguna.

“Lo que pasa es que ahí supuestamente se hizo una inversión de una estructura de construcción, creo que era una cancha de baloncesto, entonces ellos ya tienen el dictamen de la Contraloría General de Cuentas y en ese dictamen determina la Contraloría que no hay ninguna malversación o una sobrevaloración, pero ellos están equivocados porque hacen hincapié en la construcción, pero ahí está también la compra del terreno”, aseveró.

El juez explicó que los vecinos que se manifestaron contrarios al proyecto son quienes perdieron las elecciones a la alcaldía contra la actual administración y aseguró que detrás hay un “interés mezquino” al cometer agravios directos contra el Concejo Municipal.

Martínez asegura que hay una “manipulación abierta” en este caso ante el temor de las medidas de coerción que se les impuso a los vecinos, que era no emitir publicaciones hasta no determinar un procedimiento sobre el caso.

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