Por Sonny Figueroa
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Cinco días después de que fuera dictaminada favorablemente por la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales la iniciativa que pretende reformar la Ley en Materia de Antejuicio fue agendada para este día, en su primera lectura. Dicho proyecto es criticado por algunos diputados y analistas que lo consideran como una medida de presión del Legislativo hacia magistrados, Fiscal General y Procurador de los Derechos Humanos.
Carlos Barreda, de la Unidad Nacional de la Esperanza, catalogó las reformas como un mensaje de presión para los funcionarios. “Es una iniciativa que impulsa la bancada oficial y sus aliados, que pareciera mandar un mensaje o presionar a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, Fiscal General y Procurador de la Derechos Humanos. No les gusta el actuar de estas entidades y pareciera que ese es el trasfondo de esta propuesta”, expresó.
A decir de la diputada Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala, las reformas hacen que la Corte Suprema de Justicia se convierta en un tramitador e intentar quitar a los magistrados esa función es violar la Constitución Política de la República de Guatemala.
Para el legislador Raúl Romero del Frente Parlamentario por la Transparencia, si se aprueban las reformas se estaría debilitando el sistema de justicia y los funcionarios podrían ser chantajeados.
“Esa iniciativa debe analizarse y modificarse. Esa iniciativa busca modificar el procedimiento y lo que se hace es debilitar el sistema de justicia. Los antejuicios no tendrían un filtro que les dé un sustento legal y eso es peligroso. Los funcionarios estarían a merced de lo que el Congreso quiera decidir porque se podría prestar a intereses políticos”, dijo Romero.
El analista político independiente, Renzo Rosal, catalogó de extorsión la intención que tiene el oficialismo de aprobar la iniciativa de Ley y que sería un retroceso en la lucha contra la corrupción e impunidad.
“Es una iniciativa peligrosa solo con hecho de presentarla. Es una acción para retomar una agenda regresiva. Estas reformas le quitan una función a la Corte Suprema de Justicia y facilitaría una práctica extorsiva que estaría legalizada, sería una extorsión a toda luz. Esto podría ser la gran puerta para dejarnos en unos condiciones peores”, concluyó Rosal.
Mientras que el diputado Jean Paul Briere, del bloque Todos, dijo que la iniciativa causa una preocupación dentro del mismo Congreso. Es un tema que está sobre la mesa, el Estado ha funcionado con los pesos y contrapesos. El querer controlar o manipular a los órganos (Corte de Constitucionalidad y Corte Suprema de Justicia) no es conveniente, veo la iniciativa con preocupación, expresó.
La organización Justicia Ya, a través de redes sociales, manifestó su rechazo a los cambios que se pretenden hacer. “Corramos la bola para que la vergüenza popular detenga otro intento de jugarnos las vuelta. Los diputados quieren garantizarle impunidad a Jimmy y amedrentar a otros funcionarios públicos”, indicaron el pronunciamiento.
