POR DOUGLAS GÁMEZ
dgamez@lahora.com.gt
Dos exministros de la Defensa han sido ligados a proceso por investigaciones relacionadas a casos de corrupción en los últimos años, militares y militares retirados han sido capturados en operativos antinarcóticos; la semana pasada levantó revuelo que el general Erick Fernando Melgar Padilla evitara su captura bajo el argumento que poseía inmunidad al presidir un Tribunal Militar.
El año pasado, el coronel Edgar Rubio fue sometido a una Junta de Honor por publicar un libro y el Ejército otorgó un bono de Q50 mil mensuales a partir de 2016 al presidente Jimmy Morales, que luego debió devolver, aunque por esa acción el exministro de la Defensa, Williams Mansilla fue ligado a proceso penal hace unas semanas; son varias las anomalías en las que integrantes de las Fuerzas Armadas se han visto involucradas y que ponen en debate, según el experto David Martínez-Amador, la necesidad de modernizar esa institución bajo la premisa de que deben sujetarse a las mismas reglas del resto de entidades, es decir, la transparencia.
David Martínez-Amador es profesor universitario y columnista de prensa, miembro de la Red de Investigadores por la Paz y la Democracia “Insumisos”, con sede en México, y sus áreas de estudio se relacionan a la temática de seguridad, derechos humanos, entre otros.
En esta oportunidad otorgó una entrevista por medio de correo electrónico a La Hora, en la cual expone su visión sobre la imagen y comportamiento del Ejército de Guatemala durante los últimos años, debido a que algunos de sus integrantes se han visto involucrados en anomalías o acciones criticadas por diferentes sectores, ya que han evidenciado falta de transparencia en el actuar público y poca voluntad para la rendición de cuentas.
¿Cómo evaluar el hecho que algunos miembros del Ejército de Guatemala se vean envueltos en investigaciones penales o ilícitos? Por ejemplo, la autorización de un bono de responsabilidad para el presidente, Jimmy Morales, miembros vinculados a ilícitos; la implementación de una Junta de Honor al coronel Edgar Rubio por escribir un libro o el actuar del general Erick Fernando Melgar Padilla, entre otros casos.
El Ejército al ser parte constitutiva del Estado no es ajeno a los vicios de clientelismo, corporativismo y corrupción que caracterizan al Estado de Guatemala. El proceso de transición a la democracia pareciera que sólo generó una reforma cosmética en la institución armada, pero no la alejó de los viejos vicios.
Pareciera que nadie fiscaliza el actuar de las Fuerzas Armadas ¿Se puede percibir así?
La transición a la democracia estipula un rol para las Fuerzas Armadas: tienen cabida en sociedades democráticas y en vías del posconflicto. Pero, esa existencia estipula con claridad que sean sumisas al poder civil. Lo que implica, entre otras muchas cosas, poderles fiscalizar como a cualquier otro entorno público. Si para el caso de Guatemala resulta que la Contraloría General de Cuentas es un ornamento cuando de fiscalizar a otras instancias, basta imaginar lo que sucede con el Ejército.
Con el involucramiento de integrantes del Ejército en anomalías, el rol de esa institución en el Conflicto Armado Interno, que ha sido señalada la participación de militares en el narcotráfico ¿Es necesario debatir cambios y reformas para las Fuerzas Armadas?
Tiene que profundizar el proceso de modernización institucional del Ejército. Esa modernización incluye aceptar que esta institución (como todas las demás) no es superior a la ley y está sujeta a jugar por las reglas de la transparencia, la apertura, etc. Esto debería ser un elemento ya incorporado en el “ADN” institucional de los militares y, sobre todo, en la jerarquía. Pero pareciera que, a nivel de los liderazgos, el tiempo no ha pasado. Luego, yo añado un error de implementación reciente: poner al Ejército en tareas de combate al narcotráfico. Los ejércitos no están diseñados para combatir el narcotráfico y menos si carecen de controles internos para fiscalizarse. El resultado fue, la colusión con el narcotráfico.
¿Se puede decir que se percibe que esa institución contempla la impunidad?
Por un lado, los hechos relativos al conflicto armado empujan esta percepción. Pero en los últimos meses, esa idea con respecto a que el Ejército puede ser la reserva moral de una nación se empaña cuando contabilizamos tres ministros de la Defensa involucrados en graves casos de corrupción- Ulises Anzueto, Manuel López Ambrosio, Williams Mansilla (ligado a proceso por los delitos de abuso de autoridad y peculado por sustracción). El arresto del coronel que transportaba droga, la colusión con el narco por parte del exministro del Interior -Mauricio- López Bonilla (fue miembro del Ejército de Guatemala) y el último caso relacionado al general Melgar Padilla. Todo esto mancha a la institución terminando por confirmar una cosa muy interesante: En Guatemala derecha e izquierda, civiles y militares roban y tuercen la ley por igual. Ningún entorno puede aducir superioridad moral.
¿Qué nos demuestra que el Ejército no maneje ante la opinión pública los temas de igual forma?, lleva a juicio militar a un Coronel por publicar un libro, pero en otros casos como el comportamiento de Melgar Padilla no se pronuncia de igual manera.
Es difícil que los ejércitos muestren tolerancia frente a discursos críticos de su propia realidad. Incluso ejércitos profesionales y teologizados como el israelí (que son realmente el epítome del Ejército del pueblo) son muy duros al momento de juzgar a quienes rompen el voto de silencio ante excesos que se cometen. Si en algún momento el Ejército de Guatemala mostraba menos una composición granítica (un bando de institucionales contra otro bando de los “Rambos”), los procesos por sentar sentencia judicial en relación con el conflicto armado los vuelve a unificar en la defensa del cuerpo completo. La misma existencia de CICIG (Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala), tiene tal efecto porque, no hay que olvidar, el mandato de CICIG antes que ser investigación de corrupción de alto nivel está centrado en los “CIACS” (Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad). Y la esencia del CIACS está vinculada a la deformación institucional de los ejércitos pues allí es donde surgen las primeras estructuras paralelas. El temor a la fiscalización parece que nos hace retornar a posiciones mentales previas a la transición democrática.
Entonces, ¿qué papel está jugando el Ejército en tiempos de paz en Guatemala?
Hay que hacer esta pregunta ¿Dónde están los militares que al mismo de ser militares son demócratas, porque democracia significa no sólo “dejar votar en libertad” sino, además, transparentar la cosa pública? (incluidos ellos). ¿Dónde están? Todo esto que está sucediendo es, además, injusto para la oficialidad joven (que tiene otros esquemas mentales).
Además, aún vemos al Ejército involucrado en labores de seguridad civil, se ha dicho que su labor debería ser combatir al narcotráfico, el cuidado de las fronteras, ¿está cumpliendo con alguna de estas funciones?
El simple hecho que EE. UU. no haya levantado el embargo de armas al Ejército de Guatemala (mientras países como Brasil, México están surtidos de armamento estadounidense) demuestra la percepción de una falta de confianza. El hecho que hoy la política exterior de EE. UU. (vía el Plan Alianza) apueste por una seguridad civil, demuestra que, no hay confianza en ellos. La confianza sólo puede reconstruirse si el mismo Ejército, al tiempo que cumple con las funciones para las cuales existe, también comienza su propio proceso de depuración.
¿Cuáles son las consecuencias para un país como Guatemala que miembros del Ejército tengan comportamientos así y señalamientos ante la justicia? Sobre todo, tomando en cuenta el papel que deberían jugar en la época posconflicto.
Por lo menos debería de alguna forma ayudar a desmitologizar la figura del Ejército para colocarla en una percepción razonable: tanto los militares como los civiles son dados a coludirse con el crimen organizado, generar estructuras paralelas y sucumbir al vicio de la corrupción. Si al menos esa percepción de moderación se construyera, de algo servirían estos escándalos. Pero no sucede.
Aun así, algunas personas defienden la participación del Ejército en labores de seguridad ciudadana ¿Qué dice eso de nuestra sociedad?
Cada sociedad es producto del contexto histórico y sus condiciones. Si, al igual que Guatemala, también la sociedad estadounidense y la sociedad israelí tienen una fascinación por los militares. Pero los militares de otras latitudes supieron adaptarse a los cambios que los tiempos requerían. La transición a la democracia en Guatemala tomó lugar como acto político visible pero no se internalizó en la mente de muchos ciudadanos que siguen comprendiendo la realidad desde lógicas propias del conflicto armado. Y lo mismo parece, le sucede a un sector importante en los liderazgos del Ejército. Quizá esto no es más que reflejo de que la transición a la democracia en el caso guatemalteco fue una transición inconclusa: Cuando se debería ya haber incluso debatido tener ministros de la defensa civiles (cómo sucede en Israel, en EE. UU. o en Chile) la discusión parece seguir enfrascada en esquemas bipolares de 1980.
El Ejército al ser parte constitutiva del Estado no es ajeno a los vicios de clientelismo, corporativismo y corrupción que caracterizan al Estado de Guatemala.
Profesor David Martínez-AmadorEsa modernización incluye aceptar, que, esta institución (como todas las demás) no es superior a la ley y está sujeta a jugar por las reglas de la transparencia
Profesor David Martínez-AmadorEl temor a la fiscalización parece que nos hace retornar a posiciones mentales previas a la transición democrática
Profesor David Martínez-AmadorSi para el caso de Guatemala resulta que la Contraloría General de Cuentas es un ornamento cuando de fiscalizar a otras instancias, basta imaginar lo que sucede con el Ejército.
Profesor David Martínez-Amador
