REDACCIÓN LA HORA
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Los magistrados de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, encargados de conocer el antejuicio contra el alcalde Álvaro Arzú, enfrentan una solicitud de antejuicio por presuntamente reunirse con fiscales del Ministerio Público y varios jueces para acordar “pedir remuneraciones” a cambio de otorgar beneficios “penitenciarios” a personas privadas de libertad.
El antejuicio fue promovido contra los magistrados Jaime Amílcar González Dávila, Beyla Adaly Xiomara Estrada Barrientos y Zonia de la Paz Santizo Corleto, integrantes de dicha Sala de Apelaciones.
La solicitud para retirarle la inmunidad a los togados se deriva de una denuncia que presentó la relatora de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura, Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, Silvia Lucrecia Villalta Martínez, el 21 de noviembre del 2017.
En la denuncia, la relatora indica que fiscales de la Fiscalía de Ejecución del Ministerio Público, los magistrados de la Sala y varios jueces del Juzgado Primero de Ejecución Penal “se reunieron en varias ocasiones y concertaron pedir una remuneración económica a cambio de otorgar y no apelar u oponerse a beneficios penitenciarios a personas privadas de libertad».
“La entidad denunciante señaló que existen quejas directas de personas amenazadas y/o extorsionadas supuestamente por los fiscales y Magistrados (sic) denunciados”.
La Sala Tercera de la Corte de Apelaciones es la encargada de resolver el antejuicio contra el alcalde Álvaro Arzú por los delitos de peculado por sustracción y financiamiento electoral ilícito.
