POR DELIA BONILLA
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Varias organizaciones sociales han manifestado que la iniciativa 5385, “Ley de Creación de Procedimientos para Delitos de Violencia Sexual, Explotación Sexual y Trata de Personas”, la cual ya superó su segunda lectura en el Congreso de la República, podría generar condiciones de impunidad y retroceso en las garantías a favor de las víctimas en casos relacionados a esos delitos; en tanto el diputado Leonel Lira, ponente del proyecto, señala que la misma busca brindar justicia pronta y darle mayor participación a la víctima.
La Articulación de representantes de diversas Organizaciones de Mujeres para el avance de la agenda legislativa, Organizaciones de Derechos Humanos, Organizaciones de Niñez y Adolescencia, Organizaciones de Mujeres, de Mujeres Indígenas y Feministas, se pronunciaron ante la iniciativa 5385: “Ley de Creación de Procedimientos para Delitos de Violencia Sexual, Explotación Sexual y Trata de Personas”.
Dichas organizaciones manifestaron su preocupación porque consideran que de ser aprobada la iniciativa bajo la excusa de superar la “mora judicial”, se podría generar condiciones de impunidad y retroceso en las garantías de protección a favor de las mujeres, niñez y adolescencia víctimas de violencia sexual, explotación y trata de personas.
Las organizaciones consideran que esta ley representaría un retroceso, ya que se estaría beneficiando al agresor y desprotegiendo a la víctima lo que generaría un debilitamiento de la justicia especializada haciendo una “apología del delito” (justificar acciones de dudosa legalidad o ilegales) para los agresores sexuales.
Otto Rivera, de la Coordinadora Institucional de Promoción por los Derechos del Niño (Ciprodeni) indicó que “la iniciativa de ley plantea que si un tratante, un agresor o un violador reconoce su delito se le puede reducir la pena”.
Asimismo, hizo mención de la preocupación que les genera ver las altas tasas de embarazos en menores de edad, las cuales no reflejan todos los casos de violencia sexual, pero sí de actividades contrarias a ley, convirtiéndose en un referente para sancionar y no tener consideración con los agresores.
“En los embarazos en niñas y adolescentes las tasas más altas están en Alta Verapaz, en Quetzaltenango, Huehuetenango, San Marcos y la forma de violencia sexual, pero sobre todo la modalidad de trata se incrementa mucho más en municipios y departamentos fronterizos”, expuso Rivera.
Según datos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, en el año 2017 se registraron 90 mil 899 embarazos de niñas y adolescentes en las edades de 10 a 19 años, siendo 4 mil 195 niñas menores de 14 años. El departamento de Alta Verapaz es el que registra mayor incidencia con 627 embarazos.
“Si bien es cierto que las denuncias aumentan, los casos de persecución y sanción legal son menos, aquellos que tienen sentencia siempre son apelados y las sentencias condenatorias son las mínimas”, manifestó Rivera.
MIJ: EXHORTA A CONOCER EL TEMA
Por su parte, el abogado, Juan Manuel Aquino de la Misión Internacional de Justicia (IJM, por sus siglas en inglés) entidad que acompaña la promoción de esta iniciativa, expresó que no tienen ninguna postura que hacer sobre los señalamientos a la iniciativa, ya que ha sido una crítica directa hacia el trabajo de la Comisión de Reformas al Sector Justicia quienes la dictaminaron, “entonces tendrá que ser la Comisión la que decida si se va a pronunciar o no al respecto”.
Sin embargo, como IJM exhorta a las distintas organizaciones a conocer del tema, a analizar el contenido de la iniciativa y si está dentro de sus facultades y sus deseos, promover soluciones para los problemas relacionados a las víctimas de violencia sexual.
“Basta con ver el contenido de la iniciativa, yo desconozco si estas instituciones han hecho el estudio correspondiente, me imagino que sí para emitir un pronunciamiento tan serio, pero en el propio contenido de la iniciativa marcamos cuatro momentos fundamentales en los cuales se establece que se está visibilizando a la víctima como sujeto de derechos”, explicó el abogado de IJM.
El abogado comentó que el objetivo de la iniciativa es reducir la impunidad y la mora judicial que son los factores que están retardando más, según él, la restauración de las víctimas, pues un caso dura alrededor de seis años para resolverse, y actualmente hay 79 mil expedientes en espera de ser resueltos a los que se suman 800 nuevos cada mes, “la idea es que el agresor no tenga que esperar tanto para una sentencia ni estar tanto tiempo en prisión preventiva sin una condena”, comentó.
“La iniciativa propone que al agilizarse el proceso y resolverse con una menor cantidad de audiencias existe una reducción aproximada del 60 por ciento de los casos”, “se pretende que de once audiencias, un caso se pueda resolver y sentenciar en dos audiencias”, declaró Aquino.
El abogado manifestó que la preocupación de quienes adversan la iniciativa son los límites de la pena que están entre 5 años la mínima, y 32 años la máxima, y agregó que la normativa no permite que las sanciones se reduzcan más de lo establecido por las leyes del ramo vigentes.
Sin embargo, si al momento de cometer el delito no hay embarazo, no hay muerte de la víctima ni dinero de por medio y es la primera condena del agresor, este puede optar a una reducción que no exceda la tercera parte de su condena.
En esos casos, el Ministerio Público es quien pide que se aplique el beneficio o el incentivo y el juez debe considerar que los daños se han resarcido suficientemente, asimismo, debe tomar en cuenta el apoyo del agresor para la averiguación de la verdad, argumentó el abogado.
“Es un conjunto de condiciones muy extensas y de requisitos indispensables para poder otorgar el beneficio”, “no se está inventando nada en prejuicio de la víctima, esta figura no promueve la impunidad como si sería un descuento automático de la pena que empodera completamente al agresor”, resaltó.
LEONEL LIRA: INICIATIVA BUSCA BRINDAR JUSTICIA PRONTA
Por su parte el diputado Leonel Lira Montenegro, ponente de la iniciativa, indicó que la base fundamental de la iniciativa es brindar justicia pronta y darle mayor participación a la víctima en todo el proceso.
Explicó que el Código Procesal Penal vigente tiene un proceso abreviado en donde la víctima no tiene voz y con la iniciativa se establece que la víctima aunque no sea querellante adhesivo tiene derecho a emitir su opinión y a que sea tomada en cuenta, así como la condición de que todas las penas se convierten en no conmutables.
“No se hace una reducción de pena automática ni conciliación, sino que se abre y se corre el límite inferior una tercera parte para que el juez a partir de allí empiece a condenar, por ejemplo un caso de violación tiene la pena mínima de 8 años, entonces la tercera parte de ocho es 2.4, significa que la pena quedaría en 5 años con 6 meses y a partir de allí empezaría el juez a tomar en cuenta el parámetro para condenar”, puntualizó.
El diputado también añadió que se ha reunido con varias organizaciones que se han pronunciado a favor o en desacuerdo con la iniciativa, ambas partes han expuesto sus posturas, sin embargo, manifestó ha solicitado que se le entregue un documento con observaciones, explicaciones y argumentos de las fallas que ellos ven en la misma y no ha recibido recomendación o postura para ser analizada por la Comisión.
“Esta iniciativa llevó mucho tiempo de discusión, no se armó en ocho días ni mucho menos, es una iniciativa que se trabajó por más de un año”, “si me presentan documentos y argumentos válidos yo estoy dispuesto a que trabajemos las modificaciones que sean necesarias”, destacó.
“Lamentó que estén haciendo estas actividades antes de enviar un documento con las observaciones, pero ellos tienen derecho a emitir su opinión, yo no tengo nada que decir al respecto más allá de eso”, finalizó Lira.
