Por Denis Aguilar
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Esta mañana, diputados de Congreso de la República aprobaron el acuerdo 11-2018, para que se cree una Comisión Extraordinaria que cumpla con lo ordenado por la Corte de Constitucionalidad (CC) para reformar el delito de financiamiento electoral ilícito en el Código Penal.
Este acuerdo fue aprobado con 114 votos a favor, 5 en contra y 39 ausentes, luego de que la CC notificara a los diputados para hacer modificaciones respecto al financiamiento electoral ilícito.
El presidente del Congreso, Álvaro Arzú Escobar, informó esta semana que ya recibieron la notificación de la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) que insta a los diputados a modificar el inciso “N” del artículo 407 del Código Penal, el cual se refiere al delito de financiamiento electoral ilícito.
En el 2017, diputados del Congreso aprobaron cambios polémicos en el delito de financiamiento electoral ilícito, en donde prácticamente salvaban a cualquier político involucrado, lo cual generó una movilización ciudadana que obligó a los diputados a recular ante tal decisión.
Las reformas del año pasado salvaban a algunos de los funcionarios denunciados por financiamiento electoral ilícito, entre quienes resaltan el mismo presidente Morales, los diputados Orlando Blanco y Roberto Villate, además del alcalde capitalino Álvaro Arzú, padre del actual presidente del Congreso, Álvaro Arzú Escobar.
Para dar cumplimiento al contenido del acuerdo aprobado hoy, en la siguiente sesión plenaria el Congreso deberá nombrar al diputado que presidirá la Comisión Extraordinaria, quien tendrá cinco días hábiles para nombrar al resto de legisladores que la integrarán.
Dicha Comisión tendrá un plazo máximo de 45 días hábiles, contados a partir de la creación de la misma, para dar a conocer aspectos y los cambios sugeridos por el máximo Tribunal.
PECADO ORIGINAL
El año pasado, el titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, se refirió al delito del financiamiento electoral ilícito y aseguró que este es el “pecado original” de la democracia guatemalteca.
Además, el Comisionado ha indicado en más de una ocasión que “el financiamiento electoral ilícito es la puerta al círculo vicioso de la corrupción”.
