Por Kimberly López
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El titular de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (SAAS), Orlando Ramírez, aseguró que esta semana varios representantes de la institución presentarán pruebas y argumentos de descargo a la Contraloría General de Cuentas (CGC), en respuesta al informe remitido por dicha institución en el que solicitaban devolver una cifra en gastos no justificados o, bien, presentar sus pruebas de descargo en un plazo de quince días por la compra de artículos de uso personal para el presidente, Jimmy Morales. Ese período está a punto de cumplirse.
Ramírez explicó que en vez de devolver la cifra requerida, los aludidos en el informe de la CGC presentarían la justificación legal de los gastos realizados. Entre estos gastos figuran compras de artículos personales para uso del Presidente, accesorios, ropa deportiva, bebidas alcohólicas y obsequios.
El subcontralor de calidad de gasto de la CGC, César Elías, explicó que el plazo para que la SAAS responda dicho informe vencerá el 23 y 27 de febrero. Hasta el momento se han elaborado dos informes provisionales de cargo. El primero vence el 23 de febrero, dijo Elías.
Semanas atrás, el Subcontralor manifestó que la entidad analizó el gasto realizado en la SAAS para objetos personales que utilizó el presidente Jimmy Morales. El monto requerido inicialmente fue de Q385 mil, pero según Elías, la cifra podría aumentar debido a que aún falta entregar un nuevo informe.
PETICIÓN DE LA CGC
El requerimiento realizado en el informe que envió la CGC a la SAAS fue que el Secretario y los responsables del manejo de los recursos financieros realizaran el reintegro por la cantidad de Q358 mil en un plazo de quince días o que en esos quince días presentaran su argumentación jurídica.
De no ser aceptada dicha justificación, los auditores tendrían que presentar una demanda al Tribunal de Cuentas por el reintegro del dinero.
En el análisis realizado por la CGC, el presidente Jimmy Morales no figuró como responsable de la erogación de estos gastos, en vista de que la Ley de Presupuesto establece que los responsables del manejo de ingresos y egresos de las entidades son las autoridades superiores.
En ese caso la autoridad superior es el Secretario y las catorce personas encargadas del área financiera, según el análisis.
