Por Kimberly López
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El abogado Alfonso Carrillo Marroquín presentó ante la Corte de Constitucionalidad (CC) un amparo en contra del Congreso de la República. El recurso fue presentado ayer, luego de que el 14 de febrero el presidente de la Fundación Contra el Terrorismo, Ricardo Méndez Ruiz, fue recibido en el Congreso por algunos integrantes de la Junta Directiva en donde pidió la integración de una comisión que investigue a cinco magistrados de la CC por haber emitido resoluciones supuestamente ilegales, y, consecuentemente, para que se les destituya de su cargo y se les procese penalmente por haber emitido resoluciones en el ejercicio de su cargo.
AMENAZA INDEPENDENCIA DE CC
Según Carrillo, la petición de Méndez Ruiz atentaría contra la independencia del máximo órgano institucional.
El abogado considera que existe amenaza de que ante esta solicitud se proceda a investigar a los magistrados por haber emitido resoluciones en el ejercicio de sus funciones, se pretenda destituirlos y se les procese penalmente por haber emitido resoluciones en el ejercicio de su cargo.
A decir del profesional, varios artículos contenidos en la Constitución Política y en la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad amenazan con ser infringidas, de darse trámite a alguna acción para remover a los magistrados.
Según la normativa del país, la CC es un Tribunal permanente que actúa con independencia del Congreso de la República. Además, los magistrados no pueden ser perseguidos por opiniones expresadas en el ejercicio de sus actos.
PIDE TOMAR ACCIONES
La petición del abogado es que se ordene “el cese de la amenaza de que el Congreso de la República, por cualquier medio o conducto, altere el orden constitucional y viole la independencia de la Corte de Constitucionalidad”.
Además, solicita que se rechace el escrito presentado por Méndez Ruiz a los diputados del Congreso que se reunieron con él en la referida fecha.
El amparo de Carrillo advierte que deben rechazarse escritos o peticiones que tengan por finalidad la integración de una Comisión que atente contra el orden constitucional y la independencia de la Corte de Constitucionalidad. Tampoco deben admitirse acciones para perseguir a los magistrados de la Corte por las decisiones expresadas en el ejercicio de sus funciones.
