POR JOSÉ PABLO DEL ÁGUILA
jaguila@lahora.com.gt
Para que la justicia sea justicia, es vital que sea pronta. Sin embargo, uno de los principales factores que impiden que este presupuesto se cumpla es la recurrente suspensión de audiencias en los Juzgados y Tribunales del país. Según estadísticas del Organismo Judicial (OJ), en los últimos 3 meses, múltiples causas han provocado la suspensión de 14 mil 976 audiencias en órganos jurisdiccionales del Ramo Penal.
Los números demuestran que la suspensión de audiencias, un problema que genera gastos y vulneración de derechos para los sujetos involucrados en el proceso penal, es una constante. El Sistema de Gestión de Tribunales contabilizó durante enero un total de 5 mil 200 audiencias suspendidas. En diciembre, la cifra fue de 4 mil 867 audiencias y en noviembre de 4 mil 909, lo que deja de manifiesto la magnitud del problema.
El jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, quien conoce todos los casos de alto impacto en los que participa la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), asegura que la cancelación de audiencias es una “situación muy común” en los tribunales. Las causas que provocan ese problema, según el Fiscal, son que muchas veces la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no dota de los recursos necesarios a los Juzgados, principalmente a los de mayor riesgo, para llevar a cabo sus diligencias con celeridad.
“Le doy el ejemplo de la judicatura de Mayor Riesgo “D” (a cargo de la jueza Erika Aifán). Ni siquiera tiene sala de audiencias y muy difícilmente le asignan una sala, no debido a actitud del tribunal, sino que la CSJ no le dota de las condiciones necesarias. Por ejemplo, en el caso Odebrecht y en el caso Caja de Pandora, por no contar con Sala, en muchas ocasiones se suspendieron las audiencias”, dijo Sandoval.
El fiscal agrega que, además de la falta de recursos, las audiencias también suelen suspenderse por problemas sobrevenidos, como por ejemplo la falta de traslados de privados de libertad por parte del Sistema Penitenciario a la Torre de Tribunales o porque no comparecen a las citas judiciales alguno de los sujetos involucrados en el proceso.
Al ser consultada la magistrada de la CSJ, Delia Dávila, quien integra la Cámara Penal, reconoce que gran cantidad de las audiencias se suspenden por falta de inmuebles, tales como salas de audiencias, lo que limita a los jueces para celebrar con celeridad las diligencias. No obstante, asegura que esto se debe al escaso presupuesto que anualmente se le otorga al Organismo Judicial para cubrir sus gastos de operación.
“La ley establece plazos que deberíamos cumplir, pero es materialmente imposible cuando no tenemos las condiciones. La cantidad de jueces que deberíamos tener conforme al estándar internacional son 15 jueces por cada cien mil habitantes y tenemos 6”, indica la magistrada, quien, además, señala que este último dato se agrava en el ramo penal, donde únicamente se cuenta con 3 jueces por cada cien mil habitantes.
La magistrada señala que para el 22 de febrero se tiene previsto la inauguración de una segunda Sala de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal de Procesos de Mayor Riesgo y de Extinción de Dominio, la cual ayudará a agilizar la resolución de todos los recursos legales que se planteen contra las resoluciones emitidas por los Juzgados de Primera Instancia Penal y Tribunales de Sentencia de Mayor Riesgo.
“Los jueces contralores tienen sobrecarga laboral y ellos no pueden limitar el tiempo de la exposición a abogados de la defensa ni al Ministerio Público, entonces una forma de desfogue es empleando más juzgados, o como lo que hemos hecho, convertir los juzgados en pluripersonales y eso ha agilizado que estén simultáneamente varios jueces en un mismo juzgado atendiendo audiencias. Por ejemplo, ahorita el juez Gálvez tiene otro juez que le está ayudando porque es demasiada la carga laboral”, señala la jurista.
LOS COSTOS PARA EL SP
Cada vez que los Juzgados y Tribunales programan una audiencia los jueces convocan a los sindicados para que se apersonen a la sala de la judicatura. Si éstos gozan de una medida sustitutiva, llegan por sus propios medios, pero si se encuentran guardando prisión preventiva, como es el caso de muchos, el responsable de trasladarlos al órgano jurisdiccional es el Sistema Penitenciario (SP), lo que genera gastos en combustible y en la custodia.
Información proporcionada por la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) da cuenta de que, durante noviembre del 2017, se gastó en combustible a nivel nacional un total de Q165 mil 100. Dentro de este rubro están contemplados todos los recorridos que hicieron las unidades móviles (pick up, camión, vehículos no rotulados, etcétera) de presidios.
En diciembre del 2017, el gasto en combustible fue de Q183 mil 700, informó el SP. Para el mes de enero, al cierre de este reportaje, aún no se tenía contabilizado cuál era el monto erogado.
De tal cuenta, si el volumen de audiencias que se suspende va en aumento, también irán en aumento los gastos para el SP, pues habrá necesidad de realizar más traslados de privados de libertad a la Torre de Tribunales.
Además, según datos del SP, cada privado de libertad requiere una inversión de Q54 diarios (aproximadamente) por la custodia. Aquí se contemplan todos los gastos necesarios para el funcionamiento institucional de todos los centros de detención, dentro de los cuales se incluye transporte, servicios varios (agua, luz, teléfono, etc.), carburantes, insumos, alimentos, entre otros.
Hasta el 14 de febrero de 2018, el Sistema Penitenciario contabiliza 23 mil 310 privados de libertad, 12 mil 030 de forma preventiva y el resto sentenciados.
PIDE MEDIDAS SUSTITUTIVAS
El abogado David Pineda, quien ha ejercido la defensa de varios sindicados en casos de mayor riesgo, como a implicados en IGSS-Pisa, TCQ o Plazas Fantasma, asegura que una de las soluciones para disminuir los costos a la DGSP es que los jueces brinden más medidas sustitutivas a los sindicados y privilegien la libertad, tal como establece la Constitución Política de la República.
“El principal paliativo, desde mi punto de vista, es que se observe la Constitución y que se privilegie la libertad. La experiencia de las personas que gozan de medida sustitutiva es que sí cumplen con las medidas sustitutivas. Si hay más personas con medidas sustitutivas, el sistema se va a aligerar y el Sistema Penitenciario va a tener que hacer menos traslados y se van a poder enfocar en casos más importantes. A mí no se me viene a la mente nadie que haya rehuido de una medida sustitutiva. La gente que tiene medida sustitutiva la cumple. Un ejemplo es el caso IGSS-Pisa, desde que se les dio medida sustitutiva a todas las personas que estuvieron casi 3 años presas, nadie ha faltado a las audiencias”, dijo.
Sin embargo, el fiscal Juan Francisco Sandoval ha reiterado que los jueces únicamente pueden beneficiar con medidas sustitutivas a los sindicados cuando se haya determinado que no existen “peligros procesales”, como el peligro de fuga o el riesgo de que el procesado pueda obstaculizar el curso del proceso penal, ya sea interfiriendo en testigos, eliminando pruebas o buscando influir en operadores de justicia para que el caso sea resuelto a su favor, entre otras.
