POR SONNY FIGUEROA
sfigueroa@lahora.com.gt
Los menores de edad que viven con sus madres en prisión en Guatemala no tienen garantizada la alimentación durante sus primeros cuatro años de vida, tiempo en el que, por ley, pueden mantenerse juntos dentro de algún centro carcelario. Ninguna institución del Estado se encarga de proveer alimentos a estos niños, porque tampoco la legislación existente los obliga hacerlo. Esta situación ha provocado casos de desnutrición en algunos de los menores de edad recluidos junto a sus progenitoras, uno de ellos, según un informe de la Procuraduría General de la Nación -PGN-, murió en 2015 a causa de desnutrición aguda.
El 20 de mayo de 2015, un menor de 6 meses que vivía con su madre en el Centro de Orientación Femenino (COF), falleció a consecuencia de la desnutrición. Esto fue confirmado por la Procuraduría General de la Nación y la Dirección General del Sistema Penitenciario. El menor fue llevado el 14 de mayo a un centro asistencial donde se quedó internado y regresó con su madre un día después, luego tuvo una recaída y fue internado de nuevo, pero falleció.
Además, en noviembre de 2016 la organización Red de Radiodifusión Cristiana hizo una evaluación a los niños del Centro de Detención Preventiva para Mujeres Santa Teresa y se detectó que diez menores de edad presentaban problemas de talla y peso.
La alimentación de los menores que hasta los 4 años viven con sus madres en las cárceles del país no está garantizada en ninguna ley de Guatemala, y las instituciones encargadas de velar por la niñez tampoco cuenta con una partida presupuestaria destinada a alimentar a los niños que crecen en las prisiones. Sus madres son quienes deben encontrar la manera de comprar comida dentro de las prisiones y poder alimentar a sus hijos.
La Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 51, establece que “el Estado protegerá la salud física, mental y moral de los menores de edad. Les garantizará su derecho a la alimentación, salud, educación y seguridad y previsión social”.
La Ley del Régimen Penitenciario, que rige a la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP), no obliga a esta institución a hacerse cargo de estos menores, a pesar de ser la más cercana con los niños y que hacen uso de sus instalaciones. Las cárceles deben tener guarderías y personal que cuide a los niños, según el artículo 52 de dicha Ley. Pero en ningún momento se menciona la palabra alimentación.
¿QUÉ ES LO QUE COMEN?
Dos chorizos, frijoles, arroz y cuatro tortillas es la comida que le sirven a las reclusas el día en que La Hora realizó la visita en el Centro de Orientación Femenino, lugar en el que hay 27 niños bajo cuidado de privadas de libertad. Las madres reciben la comida y empiezan a cocinarla de nuevo. Le echan cebolla picada a los frijoles y consomé al arroz para que le dé otro sabor. Luego se ponen a comer con sus hijos. Las reclusas cocinan otra vez la comida porque no confían en cómo es preparada.
Mientras cocina el almuerzo y cuida a su hija de 2 años y 10 meses, Joseline Edith López, una joven madre, explica que, cuando no se cuenta con dinero para comprar comida, las internas comparten el rancho –así llaman al alimento– con sus hijos.
“Nos toca compartir la porción con los niños. Muchas dificultades pasamos acá adentro. Las personas que tienen dinero no se comen el rancho y se lo dan a otra reclusa, de esa manera se tiene el suficiente alimento para que coma una madre y un niño. En la comida dan cuatro tortillas y a veces les damos dos a los niños. Entonces, ni los niños ni las madres comen bien”, contó López.
A decir del doctor Roberto Cabrera, quien trabaja en la organización Save the Children, el Ministerio de Salud y la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional deben tener control para cuidar la nutrición de los niños, ya que la comida que les dan a las privadas de libertad no es saludable para los menores de edad, y eso les genera a los niños problemas de distinta índole a temprana edad.
“El alimento de las reclusas tiene una precariedad nutricional. Una mala alimentación puede llevar a los niños a la desnutrición, no solo aguda, sino crónica. Que un niño sea mal alimentado genera efectos a corto plazo, como disminución de sus defensas, y son más propensos a enfermarse¨, dijo Cabrera.
La subdirectora de Rehabilitación Social del Sistema Penitenciario, Paola Rivera Rosemberg, explicó que presupuestariamente la institución no tiene recursos para alimentar a los menores. “No hay un renglón para comprar comida para los niños porque no pertenecen al Sistema Penitenciario. Los niños no están detenidos, ellos cohabitan con sus madres”, dijo Rivera
La funcionaria agregó que el Sistema Penitenciario busca donaciones a través asociaciones y organizaciones. “Hay gestiones que se hacen con Organizaciones no Gubernamentales o grupos religiosos para cubrir la alimentación. Esta ayuda la buscan las trabajadoras sociales”, explicó Rivera, quien agregó que el apoyo que dan a los niños es paliativo y asistencialista.
DESNUTRICIÓN DENTRO DE LA CÁRCEL
El registro al 17 de octubre de la Dirección General del Sistema Penitenciario contabiliza a 105 niños menores de 4 años que viven con sus madres en algunas de las prisiones habilitadas para mujeres. Los menores se concentran, en su mayoría, en dos cárceles: el Centro de Orientación Femenino (COF) y en el Centro de Detención Preventiva para Mujeres Santa Teresa. Estos niños no tienen garantizada su alimentación durante cuatro años y eso podría representar un problema a su salud.
Las madres privadas de libertad entrevistadas para este reportaje no quisieron revelar los delitos por los cuales fueron condenas o por el que están siendo señaladas, pero algunos guardias penitenciarios comentaron que la mayoría están vinculadas a casos de extorsión.
Tras la muerte del menor en 2015, la PGN abrió un expediente para investigar el incidente. Según notas publicadas, luego de conocido el caso, el menor solo tomaba agua de masa porque la mamá no tenía para comprar alimentos. Sin embargo, se desconoce de la implementación de acciones institucionales para prevenir otros casos de desnutrición en las prisiones. La muerte del niño fue otro número más a la estadística de afectados por la desnutrición en el país.
El Procurador de la Niñez y Adolescencia, Harold Flores, ligado a proceso por su posible responsabilidad en un caso penal, dijo que desde 2015 a la fecha no se ha tenido otro deceso, pero sí casos de niños con desnutrición. “Cuando nos reportan casos, hacemos el rescate y nos ponemos en contacto con el Sistema Penitenciario para poder trasladar a esos niños a un lugar para su recuperación”, explicó.
En agosto pasado, la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) elaboró un estudio sobre los menores que viven con sus madres en las cárceles. El documento reveló que la última vez que el Ministerio de Salud hizo una jornada de control de peso y talla de los niños fue en noviembre de 2016.
Esos informes fueron requeridos al Ministerio de Salud a través de una solicitud de acceso a la información. La respuesta fue que esa institución no era la encargada de trasladar esos documentos. Se hizo otra vez la solicitud a través del viceministro de Atención Primaria, Rubén González, quien se comprometió a solicitar los informes y trasladarlos, pero al finalizar el reportaje, dos meses después, esos documentos no llegaron.
Por su parte, la organización Red de Radiodifusión Cristiana por sus siglas en inglés (CBN) alimenta y mide el peso y talla de los niños que están en la cárcel Santa Teresa. En noviembre de 2016, se detectó que de 25 niños que evaluaron, ocho estaban en riesgo de presentar retardo en peso y talla, y otros dos ya presentaban retraso de peso y talla.
ENTRANDO A OTRO MUNDO
Al ingresar en el área de maternidad de la cárcel Santa Teresa puede verse ropa de niño tendida en lazos, madres cargando a sus hijos recién nacidos y niños jugando. Los dormitorios están separados por módulos donde caben dos literas y las madres duermen en la misma cama que sus hijos; hasta cuatro reclusas y sus hijos duermen en un módulo. Al entrar, un grupo de seis niños se acerca y empieza a preguntar por la cámara y grabadora. Mientras se entrevista a sus madres, los niños jugaban alrededor del reportero.
Una de estas madres es Leida Mendoza, de 28 años, quien tiene un aspecto de cansancio. Ella está terminando de lavar ropa de otras reclusas en una de las dos pilas habilitada en ese sector, un lugar que no se da abasto, ya que hay más de 60 madres en el área de maternidad que hacen turno para lavar.
“Aquí trabajo lavando ropa y trastes. A mí no me vienen a ver y tengo que ver cómo consigo dinero para la comida de mi hija. Me levanto a las seis de la mañana y empiezo a hacer esos lavados”, relató Mendoza, quien todos los días se levanta desde tempranas horas para lavar, ya que es la única opción que tiene para comprar la leche y alimentos que necesita su hija de 6 meses.
Al igual que Mendoza, para obtener dinero y comprar alimentos para sus hijos, las madres que se encuentran en las cárceles de Guatemala recurren a oficios como lavar ropa y trastos de otras privadas de libertad. A cambio de eso, les pagan a la semana un máximo de Q35 “por lavar ajeno”, como le llaman ellas, y Q5 por lavar trastos.
Entre las madres que se encuentran con niños en prisión, se observan diversos escenarios: por un lado, el caso de reclusas que reciben visitas de familiares, quienes les llevan alimentos; y por otro lado, hay privadas de libertad que tienen familia pero que, por sus condiciones de pobreza, no pueden llevarles comida. Hay otro grupo de mujeres menos afortunadas: las que no reciben visitas, porque sus familias se olvidan de ellas o porque no tienen.
Estefanía Leiva, una reclusa de 50 años, vocera y encargada de las madres que se encuentran en el Centro de Orientación Femenino, dijo que la mayoría de las privadas de libertad tienen que trabajar para conseguir alimentos. “Es una situación difícil porque el 70 por ciento de las mujeres que están acá no recibe visita y consiguen dinero por trabajos de limpieza que hacen. A fuerza de su trabajo ellas –las reclusas– consiguen dinero para darles de comer a sus hijos”, agregó Leiva.
En cuanto a la responsabilidad paterna, las estadísticas de la Dirección General del Sistema Penitenciario detallan que el 40 por ciento de los niños registrados en los centros carcelarios del país tienen a sus dos padres en prisión. Algunas madres reclusas son solteras y los padres de sus hijos nunca llegan a visitarlos, eso complica más la tarea de conseguir alimentos. En medio del encierro, algunos niños no han aprendido a distinguir a un guardia de un padre. Ellos llaman “papá” al guardia que ven todos los días, le piden que los cargue para jugar un momento.
SIN LUGAR PARA COCINAR Y COMER
Cuando las reclusas consiguen dinero para comprar la comida para sus niños, se enfrentan al reto de cocinarla. Las cocinas en ambas cárceles se encuentran en condiciones de abandono. En Santa Teresa, las reclusas usan estufas eléctricas que compran. En el Centro de Orientación Femenino usan estufas convencionales, pero las madres deben comprar el gas. Cuando no tienen dinero fabrican estufas improvisadas. Estas son armadas con un block, un cable con espiga y resistencia. Las conectan a la corriente y así preparan los alimentos para sus hijos.
“Una situación difícil es cuando no tenemos para cocinar. Acá hay unas estufas que funcionan con gas, pero a veces no tenemos para el gas. Entonces nos toca hacer unas estufas hechizas que funcionan con electricidad, pero corremos el riesgo de que los guardias nos la quiten y nos llamen la atención”, comentó Joseline Edith López, quien añadió, como otro de los problemas, que a veces no hay agua potable para preparar los alimentos.
Algunas madres tienen recipientes plásticos donde guardan leche, atol, cereal u otro tipo de alimento para sus hijos. Estos productos los compran o provienen de donaciones. Como una medida para apoyarse entre ellas, hacen ollas de atol todos los días y lo reparten entre los niños.
Ana Alvarado López, es la madre de Ezequiel y Emanuel, dos gemelos de un año y dos meses. Ella cumple condena en el Centro de Orientación Femenino y en ese lugar juega y ve crecer a sus hijos. Mientras ve a sus pequeños dormir, ella contó que se imagina todos los días que en algún momento tendrá que decirles adiós, pues cuando cumplan 4 años no podrán permanecer a su lado.
Ella es originaria de San Marcos y asegura que su familia es de escasos recursos, por eso encuentran dificultad para trasladarse a la capital y visitar. La opción que ella ha encontrado para alimentar a sus hijos, es dedicarse a hacer trabajos manuales.
“Yo no lavo porque mis niños están muy pequeños y no los puedo dejar solos, tengo que ver cómo consigo dinero. Por el momento, estoy elaborando unas muñecas de trapo. Por cada una me pagan 15 quetzales y espero sacar tres a la semana para hacer 45 quetzales y comprar comida para mis niños”, contó López.
En ambos centros carcelarios hay tiendas que pertenecen a privadas de libertad. Ellas piden permiso al Sistema Penitenciario para instarlas y vender. Cuando las madres logran tener dinero y comprar comida para sus hijos, tienen que pagar un precio elevado por los alimentos. Al preguntar por los precios de los productos, se pudo verificar, que en su mayoría, se venden al doble de cómo se encuentra fuera de prisión.
LA RESPONSABILIDAD DE OTRAS INSTITUCIONES DEL ESTADO
La Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (SOSEP) se encargaba de alimentar a estos niños, pero dejó de hacerlo en 2012, cuando finalizó un convenio de cooperación entre la Secretaría y la institución penitenciaria. Este no se renovó porque no se garantizaba la seguridad en las cárceles de las trabajadoras de la Secretaría, no existía una distribución adecuada de los alimentos de parte del Sistema Penitenciario y porque las reclusas no cooperaban, según la Subsecretaria de Obras Sociales, Ingrid Divas.
La funcionaria dijo que la SOSEP tiene como obligación, ya que así lo establece su mandato, atender a los niños de 0 a 6 años que se encuentran desprotegidos. Sin embargo, explicó, se debe asistir a los menores que están en las cárceles a través de un régimen especial, porque necesitan el permiso del Sistema Penitenciario.
La subsecretaria dijo que por la falta de coordinación entre ambas instituciones no se ha atendido a los niños y que se está revisando el convenio de cooperación para que entre en vigor a inicios del 2018. En la primera semana de febrero se hizo la consulta a la SOSEP sobre los avances en este convenio, pero no dieron los detalles e indicaron que se comunicarían para dar la información, al cierre de este reportaje no lo habían hecho.
Otra de las dependencias del Estado responsables de velar por la nutrición es la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesan), encargada de la política de atención a los menores y evitar casos de desnutrición. Sin embargo, entre sus planes no se ha programado la atención los niños que viven con sus madres en las cárceles. German González, hasta hace poco titular de esta dependencia, explicó que esperaban resolver el tema en 2018.
“A esa problemática se le conoce como temas olvidados, porque hay otras prioridades dentro del Estado que toman más relevancia. Los niños en las cárceles es un tema importante que se planteará ante el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional para encontrar una solución en los primeros meses del próximo año”, destacó González.
Se hizo las consulta a dicha Secretaría, para confirmar si se continuaría con la línea de González bajo la nueva administración, sin embargo, no atendieron las consultas requeridas y se limitaron a decir por medio del departamento de Comunicación que la alimentación de los niños en los centros carcelarios es jurisdicción del Ministerio de Gobernación y que en los ejes de la política nutricional, los niños que están en las cárceles no están incluidos en la población prioritaria que deben atender.
El informe elaborado por la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) reveló que ninguna institución se está haciendo responsable de cubrir la alimentación de los más de 100 niños. Andrea Aldana, Defensora de Seguridad Alimentaria de la Procuraduría, dijo que los menores no tienen garantizado el derecho a la alimentación y que eso los hace doblemente vulnerados. Añadió que como institución esperan que el Estado empiece a resolver esta problemática.
CON APOYO DE DONACIONES
Mientras las instituciones se ponen de acuerdo sobre las responsabilidades y las acciones que tomarán para brindar la alimentación, los niños tienen que alimentarse con lo proporcionado por medio de donaciones.
Patricia Hernández, reclusa, madre y vocera de las madres del Centro de Detención Preventiva para Mujeres Santa Teresa, mencionó que una ayuda importante para las reclusas, son las papillas que donan diversas organizaciones sociales.
“A veces viene ayuda de fuera. En algunas ocasiones, mandan papillas para que los niños suban de peso. El alimento vital de un niño es la leche materna, entonces, las madres, para asegurar la leche, pasan tomando atol todo el día. Ese atol también es una donación que reciben las privadas de libertad. Con eso, ellas aseguran que, si el niño no tiene comida, al menos tiene la leche materna”, contó Hernández.
La Red de Radiodifusión Cristiana tiene 9 años ayudando alimentariamente a los niños del Centro de Detención Provisional para Mujeres Santa Teresa. CBN brinda tres tiempos de comida a los niños: desayuno, almuerzo y una refacción. Además, cuentan con una guardería donde estimulan a los menores a través de actividades educativas.
Leslie Sipac, trabajadora de CBN y encargada de cuidar a los niños dijo que el proyecto inició porque se dieron cuenta que las autoridades no tomaban en cuenta a los niños en temas alimentarios. Explicó que cada 6 meses se evalúa a los niños y en el caso de los menores que registran un bajo peso se les da un suplemento alimenticio. Para que los niños tengan estos beneficios las madres tienen que cocinar una vez al mes al grupo de menores.
En los centros carcelarios hay 33 mujeres embarazadas que pronto serán trasladas al área de maternidad del Centro de Orientación Femenino o al Centro de Detención Provisional para Mujeres Santa Teresa. 33 niños se sumarán a ese grupo de menores a quienes se les han violentando sus derechos porque en los últimos cinco años, no han recibido ayuda alimentaria de parte del Estado.
DESNUTRICIÓN EN GUATEMALA
La Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil 2014-2015 (ENSMI) da cuenta que en Guatemala un millón 52 mil 69 niños y niñas padecen desnutrición crónica. Esto representa que, el 46.5 por ciento de los menores de 5 años sufren de esa condición.
La Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesan), registró en 2017, un total de 12 mil 430 casos de desnutrición aguda en niños menores de 5 años. Los niños fallecidos por esta condición fueron 111, aunque no se han reportado los datos de la última semana del año que culminó.
