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POR DOUGLAS GÁMEZ
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El abogado Alfonso Carrillo presentó varios recursos ante la Corte de Constitucionalidad (CC), en primera línea para evitar que el presidente, Jimmy Morales o el Congreso expulsen a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) o bien promuevan acciones que afecten el trabajo de la entidad.
Carrillo presentó este miércoles varias solicitudes ante la CC, para que el mandatario y el Congreso se abstengan de modificar, denunciar, derogar o dar por terminado el Acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala que da vida a la Comisión.
La intención de los recursos es evitar alguna acción “que pudiera tener incidencia en el nombramiento, las facultades o en la persona del Comisionado Iván Velásquez, o que plantee reformas a marcos legales como la Ley Orgánica del Ministerio Público o el Código Procesal Penal para limitar la participación de la CICIG y/o del Ministerio Público en los procesos penales”, indica el profesional en un comunicado de prensa.
Según el comunicado, las acciones presentadas son un amparo y la reiteración de tres amparos provisionales planteados en 2017.
“Se sustentan en la amenaza que constituye que tanto el Presidente como el Congreso de la República utilicen el poder que le confiere el ejercicio del cargo o empleo en las entidades del Estado, autónomas o descentralizadas, para tomar, participar o influir en la toma de decisiones en beneficio personal o de terceros, (Artículo 18 b) de Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios Públicos) en vista del claro conflicto de interés que existe cuando tanto familiares del Presidente como Diputados del Congreso forman parte de procesos penales planteados por el Ministerio Público y la CICIG”, explicó.
Además, recalcan que el acuerdo que da validez al funcionamiento de la CICIG, se determina que está actuará con absoluta independencia funcional en el desempeño de su mandato.
Según el comunicado, el amparo presentado hace solicitudes expresas para que el Presidente de la República cese “inmediatamente” de todo acto, comunicación o petición dirigida de forma personal o mediante alguno de sus funcionarios al secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres o “a los representantes de la comunidad internacional que atenten contra el mandato de la CICIG o a las funciones del Comisionado Iván Velásquez, y en ese mismo contexto se abstenga de emitir cualquier decisión, disposición reglamentaria, Acuerdo o Acuerdo Gubernativo, o de presentar ante el Congreso de la República cualquier iniciativa de ley”.
De igual forma se refiere al Congreso de la República, al solicitar que se abstenga de ejecutar cualquier acto o decisión de presentar o conocer iniciativas de ley, así como pronunciamientos, puntos resolutivos entre otros, que busque limitar, alterar o dar por terminado el Acuerdo que da vida a CICIG.
“O, bien, incidir negativamente en el ejercicio del mandato de la CICIG o en la persona del Comisionado Iván Velásquez para provocar su remoción, alteración o limitación de sus facultades”, finaliza el pronunciamiento.
Las acciones del abogado Alfonso Carrillo, se dan en el contexto de un intensificación de las acciones oficiales y quejas sobre el comisionado Velásquez y el actuar de CICIG.
