Por Douglas Cuevas
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El pasado lunes se celebró la primera reunión de la Comisión de Postulación para designación del nuevo Fiscal General que dejó como uno de sus primeros puntos despejar el camino para que cualquier persona que enfrente a la justicia, sin tener sentencia condenatoria firme, pueda participar en el proceso. Para Carmen Aída Ibarra, del Movimiento Pro Justicia, esto atenta contra la honorabilidad y la ética.
El texto aprobado por los 15 profesionales liderados por el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), José Pineda Barales, fue redactado de la siguiente manera: “Los señalamientos no podrán fundamentarse únicamente en denuncias, demandas o procedimientos que tengan los aspirantes en su contra en los tribunales de justicia o en la vía administrativa, sino cuando exista una resolución definitiva o condenatoria no pendiente de recurso o notificación alguna”.
Ibarra hace referencia a que la Comisión, con ese punto, está tomando una postura que solamente compete a los jueces de tribunales de sentencia, “lo del principio de presunción de inocencia sí es una garantía para los imputados pero eso pertenece al ámbito de la justicia penal, la Comisión es una entidad político administrativa, entonces no tiene porqué comportarse como si fueran un tribunal de sentencia”, refirió.
La representante recordó el caso del exmagistrado de CSJ, Erick Álvarez, a quien vetaron por conductas alejadas de la ética al utilizar fondos públicos para un viaje a Brasil, caso que no llegó a la vía penal por la que jamás existió una sentencia firme.
“Este tipo de vetos como el que yo le mencionó no tendrían cabida porque no es un asunto judicial y no tiene sentencia firme, es simplemente algo que se dio, una investigación periodística sacó a luz el hecho, la Contraloría actuó…es decir, se quedó en el ámbito administrativo”, indicó Ibarra.
La entrevistada agregó que con esto “nos enfrentamos a la situación que están eliminando otros ámbitos de veto; por ejemplo todo lo relacionado con lo ético, moral, honorabilidad”, puntualizó.
DEBE PREVALECER LA INOCENCIA
Para María Fernanda Galán, analista en seguridad y justicia de ASIES, es acertada la decisión de la Comisión puesto que no pueden excluir a nadie de un proceso como este, pero refiere que ese tipo de antecedentes como denuncias no serían favorables en otras etapas del proceso.
“Aunque ya en una fase anterior donde se llegue a presentar las tachas existen mecanismos de depuración para que esas personas que tienen proceso penal abierto no pasen a la siguiente fase, pero excluirlas desde un inicio no se me hace una decisión apegada a derecho” señaló.
Galán aclara que no ve viable que una persona con sospechas de conductas delictivas lidere el MP, aunque añade que adelantarse a esos extremos en este momento sería únicamente especular.
La próxima sesión de la Comisión está fijada para mañana.
