Por Grecia Ortíz
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Luego del anuncio de la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés) del Departamento de Seguridad Nacional para personas beneficiarias de El Salvador, el Comité TPS Dallas Texas Camino a la Residencia, manifestó que recibieron la noticia con asombro y tristeza, por lo que piden a congresistas promover una ley que les otorgue permanencia legal en Estados Unidos.
En un comunicado los migrantes, integrantes del Comité TPS Dallas Texas Camino a la Residencia en conjunto a la Red Nacional de la Alianza TPS, recordaron que en la actualidad son más de 190 mil los salvadoreños beneficiados por el TPS que fue otorgado durante el gobierno del presidente George W. Bush como una muestra de solidaridad a ese país, tras los terremotos ocurridos en 2001.
Para los firmantes del documento, los salvadoreños que tienen TPS han trabajado respetando y contribuyendo de diferentes formas al país, donde los aportes son visibles para el público, por lo que han trabajado a lo largo de los años desarrollando empresas, creando fuentes de empleo, y sobretodo pagando impuestos.
“El 97% de los salvadoreños que tenemos TPS somos población económicamente activa (tienen 25 años de edad o más); del 95% de la población ocupada, casi la tercera parte trabaja en el área de servicios y un 22% en construcción; 53% de los hogares salvadoreños poseen alguna hipoteca; 69% de la población reside en viviendas de su propiedad”, señalaron.
Al mismo tiempo destacaron que como comunidad, la noticia de la cancelación del TPS la recibieron con tristeza, puesto que la prórroga otorgada únicamente les da 18 meses de permanencia en ese país, lo que significa que al finalizar ese tiempo quedarán sin protección y se les expondrá a una eventual deportación.
CONDICIONES QUE LOS MOTIVARON A MIGRAR NO HAN CAMBIADO
Los salvadoreños señalan que siempre han sido respetuosos de la Ley e indican que aunque respetan la decisión del Presidente de los Estados Unidos, no la comparten por diversos motivos. El primero porque consideran que las condiciones que los motivaron a dejar su país ya no existen y que más bien ahora priva la inseguridad.
“No es correcto ya que con los terremotos perdimos nuestras propiedades y a raíz de estos acontecimientos se han generado condiciones sociales de inseguridad que actualmente golpea fuertemente a El Salvador”, expresaron.
A la vez, apuntan a que al tomar la decisión no se analizó el aporte que cada beneficiario del TPS hace a Estados Unidos, porque han sido responsables de empleos, son propietarios de casas, empresas, fungen como empleadores y pagan millones en impuestos.
Consideran que deportarlos traería más pérdidas económicas que beneficios, “consideramos que la cancelación del programa no hace ese reconocimiento que nosotros los salvadoreños hemos ganado a pulso y haciendo méritos correspondientes, viviendo en este país, algunos incluso por más de 20 años”.
En el comunicado también recuerdan que Estados Unidos es un país de inmigrantes, cuyo crecimiento actual se debe en gran medida a la mano de obra extranjera.
CONSIDERAN QUE EL SALVADOR NO ESTÁ PREPARADO
Otro temor es que sin la protección del TPS quedan expuestos a ser deportados a su país de origen, el cual consideran no está preparado para manejar adecuadamente el retorno de personas que en la actualidad residen en Estados Unidos bajo esa protección.
“No estamos preparados para sumergirnos en esa realidad, nuestros hijos que han nacido y crecido en este país tampoco están preparados para retornar a un país con estas características donde 6 de cada 10 personas son jóvenes y donde 4 de cada 10 salvadoreños tienen empleo formal”, enfatizaron.
Finalmente muestran su solidaridad con el resto de países que gozan del programa TPS, especialmente con migrantes de Honduras y Nicaragua, por eso solicitan que se reconsidere la decisión que ha cancelado el programa y solicitan a congresistas tomen una decisión seria y con profundo sentido humano y solidario.
Su petición es que congresistas aboguen por su situación y busquen una ley que les permita obtener un ajuste migratorio que les otorgue un estatus de residencia legal permanente en Estados Unidos.
