Por Sonny Figueroa
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Según el Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas, el actual jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Juan Francisco Solórzano Foppa debe continuar en el cargo hasta el 2020, ya que así quedó establecido en las reformas a la Ley Orgánica de la SAT.
Rodas dijo que ante el riesgo inminente de la remoción del Superintendente Solórzano Foppa, presentó un amparo ante una sala de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo constituida en tribunal de amparo.
“El motivo fundamental fue que el Estado para el cumplimiento de sus fines debe contar con recursos y la recaudación tributaria sirve para eso, y ante un riesgo inminente de que sea removido el Superintendente, se accionó, a pesar que el artículo 64 transitorio dice claramente que la evaluación de la meta no será tomada en cuenta a partir del 2020”, explicó Rodas.
El amparo, presentado el lunes 15 de enero dice: “El agravio que motiva la presente acción de amparo, lo genera el riesgo de la posible remoción del Superintendente de Administración Tributaria, ya anunciada prácticamente por el Directorio de la SAT, ya que se ha contemplado por no llegar a la meta de recaudación”. En la explicación se agrega que la decisión puede fomentar la corrupción.
A pesar que la destitución de Solórzano Foppa no está confirmada, el amparo presentado por el Magistrado De Conciencia toma como referencia las declaraciones del ministro de Finanzas y presidente del Directorio de la SAT, Julio Héctor Estrada, quien dijo a diferentes medios que se evalúa la continuidad del jefe de esa institución: “Si llega –al cumplimento de las metas–, está bien, y la verdad que sería bueno tener continuidad en los equipos, y si no llega, pues no, y la ley se hará cumplir y tocará buscar una nueva persona, nuevo talento”.
El actual Superintendente fue nombrado por el presidente Jimmy Morales el 9 de marzo del 2016 y en abril se propuso la iniciativa de ley que le quitaba el poder al mandatario de remover al Jefe de la SAT en caso no cumpliera con las metas de recaudación. Esta ley fue aprobada en julio de ese año y detalla que el Directorio deberá evaluar las metas del jefe de la SAT.
