Por Douglas Cuevas
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El pasado 23 de noviembre la Policía Nacional Civil (PNC) ejecutó cinco allanamientos en bienes inmuebles por el Caso Construcción y Corrupción en donde la sede central de la empresa de telefonía Tigo fue el principal escenario. A consecuencia de esa serie de allanamientos, el gerente general de la empresa accionó legalmente en contra del Fiscal Juan Francisco Sandoval, Jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad en Guatemala (FECI).
El representante del ente investigador al ser consultado del tema dijo que apenas ayer se enteró del amparo presentado a nombre de Luis Fernando Valladares. “Se planteó acción constitucional de amparo en mi contra en virtud de que según manifiesta el interponente yo no permití la intervención de abogados en las diligencias de allanamientos que se realizaron en noviembre de 2017”, indicó.
Sandoval afirmó que la misma se encuentra en estudio del Juzgado Cuarto Penal, instancia que tendrá que evaluar los puntos de vista escritos en el documento y contrastarlos con la versión del representante del ente investigador.
Este medio intentó contactar al interponente, Luis Fernando Valladares, por llamadas telefónicas y mensajes de texto, pero no fue posible establecer la comunicación.
ACCIÓN DE ACISCLO VALLADARES EN SALA PENAL
El viceministro de la cartera de Economía, Acisclo Valladares, también accionó debido a que una de sus propiedades fue punto de inspecciones en noviembre pasado por las indagaciones del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Esta acción se encuentra en la Sala Tercera Penal y fue contra el juez de diligencias urgentes que autorizó las órdenes judiciales para que los uniformados tuvieran permiso para inspeccionar un total de cinco bienes inmuebles.
Valladares respondió vía mensaje que estaba dispuesto a conversar del tema, pero en horas de la tarde por mantener una agenda de trabajo muy ocupada.
POSIBLE CORRUPCIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN SINIBALDI
A mediados del año pasado, el MP y la CICIG revelaron una nueva red de corrupción en la que estaría involucrado el exministro del gabinete de Otto Pérez Molina, Alejandro Sinibaldi quien ya acumuló, con este proceso, una segunda orden de captura por actos de corrupción.
Las sospechosas de los investigadores, que se encuentran complementadas con un colaborador eficaz, es que Sinibaldi solicitaba pagos a diversos empresarios de la construcción para cancelarles deudas que mantenía el Estado con ellos.
Por esta investigación también enfrenta una solicitud de extradición el exembajador Julio Ligorría, quien se encuentra en España.
