Por Sonny Figueroa
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El Ejecutivo anunció que insistirá este año en la aprobación de nueve préstamos que están pendientes de ser avalados por el Congreso de la República. Dichos créditos servirían para inversión estatal durante los próximos cinco años. “Estaremos insistiendo porque pasamos el año completo –2017– sin aprobar préstamos. Es una cartera de inversión para los próximos cinco años que estaría garantizada”, dijo el ministro de Finanzas, Julio Héctor Estrada.
Algunos de estos préstamos están orientados para apoyo al presupuesto y otros para financiar proyectos adscritos a ministerios como Comunicaciones y Desarrollo, carteras que han sido cuestionadas por su baja ejecución presupuestaria durante 2017.
Los préstamos también levantan el debate en cuanto a la transparencia y mecanismos para asegurar su adecuada utilización, incluso se menciona que no son aprobados por los legisladores a causa del temor a ser ligados a actividades corruptas por lo sucedido con la constructora brasileña Odebrecht.
El ministro de Finanzas, Julio Héctor Estrada, indicó que hay nueve préstamos pendientes de ser aprobados por los diputados y a consecuencia de eso, se han estancado proyectos de inversión para varios ministerios. Entre ellos, financiamientos para las carteras de Comunicaciones y Desarrollo Social.
También hay préstamos que serían destinados a proyectos para el fortalecimiento del Sistema Penitenciario, Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Sector Justicia, educación y combate contra la desnutrición.
“Tenemos una cartera de $1 mil 300 millones, sin aprobar en el Congreso de la República, de préstamos que han estado desde el 2015, 2016 y 2017… Estaremos insistiendo este año porque nos pasamos el año completo –2017– sin aprobar préstamos y eso realmente es algo que no debería de ser. Es una cartera de inversión para los próximos cinco años que estaría garantizada”, dijo Estrada en una conferencia de prensa ofrecida la semana pasada.
De los nueve préstamos, hay dos créditos de $250 millones cada uno que serían orientados para apoyo presupuestario. Uno de $100 millones para el Ministerio de Desarrollo Social y otro de $45 millones para el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.
En la conferencia de prensa donde dio a conocer esos datos, Estrada indicó que la inversión para este año está condicionada en parte por los préstamos pendientes de aprobarse en el Congreso.
Según el funcionario, estos serían clave para generar una cartera de inversión en los próximos cinco años. Punto que también mencionó como uno de los factores que influyó para que el déficit fiscal del 2017 se situara en Q7 mil 700 millones.
ARGUMENTO INGENIOSO, PERO NO VÁLIDO
Para Ricardo Barrientos, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), el argumento del Ministro de Finanzas es “ingenioso” pero no válido. Agregó que, si bien es cierto la no aprobación de préstamos es determinante para aumentar la inversión en varias carteras, se debe reconocer que muchas de las unidades ejecutoras han evidenciado serios problemas para utilizar el presupuesto que tienen asignado.
Con estas deficiencias, según el analista, las autoridades demuestran cierta ineficiencia en la capacidad de inversión en la administración del actual gobierno.
“El ministro es una persona inteligente y muy hábil. Uno de los factores que afecta la inversión en infraestructura es la no aprobación de préstamos, eso es verdad. Pero no es la única ni la razón principal, es verdad que ese es un factor que afecta, pero hay una manipulación ingeniosa del ministro que le echa la culpa al Congreso de la baja inversión. Que el Congreso no apruebe los préstamos es un factor, y es importante, pero no sé si el más importante, pero hay más importantes. Yo destacaría que es la incapacidad de las unidades ejecutoras”, argumentó el analista.
Ricardo Barrientos puso como un ejemplo de incapacidad, las declaraciones de Aldo García Morales, ministro de Comunicaciones, quien, en diciembre pasado, dijo que “ya le agarró la onda a la Ley de Contrataciones”, después de tener veintitrés meses en la cartera. El entrevistado manifestó que ese es un problema fundamental, que los funcionarios no conozcan la Ley.
“El Ministro de Comunicaciones reconoció que no entendía la Ley de Contrataciones, este señor reconoció que el problema no es la ley, sino que no la entendían. Entonces todo el mundo le echa la culpa a la Ley de Contrataciones, cuando en ese momento el ministro reconoció que sus unidades ejecutoras no conocían la Ley de Contrataciones. Ese es un contraargumento para lo que dice el Ministro de Finanzas. Ya los ministros reconocen que no hay planificación, que no entienden y que no han usado la Ley de Contrataciones. La incapacidad es un gran problema”, concluyó.
MALDONADO DE FCN CULPA A CGC
El artículo 1 de la Ley de Contrataciones del Estado establece que cuando una institución usa recursos de un préstamo externo, deberá aplicar los procedimientos establecidos por los entes financieros –bancos– y que lo establecido en la Ley de Contracciones se aplicará de forma complementaria, siempre y cuando no contradiga los procedimientos del banco emisor del crédito.
“En los procesos de adquisiciones que se realicen con recursos de préstamos externos provenientes de operaciones de crédito público o donaciones a favor del Estado, sus dependencias, instituciones o municipalidades, se aplicarán las políticas y los procedimientos establecidos por los entes financieros o donantes considerándose estas disposiciones como norma especial. Se deberá aplicar de forma complementaria, las disposiciones contenidas en la presente Ley, siempre que estas no afecten o contradigan las políticas y procedimientos de adquisiciones establecidos por los entes financieros o donantes”, dice el artículo.
El diputado de FCN-Nación y presidente de la Comisión de Finanzas, Adim Maldonado, dijo que el bloque oficialista buscará reactivar la aprobación de los préstamos y explicó que uno de los problemas para la ejecución de los préstamos, son los criterios de la Contraloría General de Cuentas (CGC), que, al momento de auditar la ejecución de los préstamos, exige que se aplique la Ley de Contrataciones.
“Hablando como oficialismo, estos préstamos se deben reactivar, porque de lo contrario los bancos vendrán y dirán, si Guatemala no los quiere, pues tal vez Honduras o Chile los quieren. El problema de la ejecución no es de Jimmy Morales o del Congreso, es un problema que está afectando a todas las entidades de gobierno, en ese sentido veo la urgencia de cambiar la Ley de Contrataciones del Estado. El artículo uno de la Ley de Contrataciones es claro, que la normativa aplicable a los préstamos internacionales es la normativa del banco internacional, pero viene el auditor, de la Contraloría, y cuando llega a fiscalizar el préstamo, quieren que se cumpla la Ley de Contrataciones. Entonces ante esa incertidumbre hay denuncias que atrasan la ejecución”, explicó Maldonado.
Carlos González, analista económico de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), dijo que el Gobierno no debe escudarse en la Ley de Contrataciones, ya que la no ejecución de los préstamos se debe a una incapacidad de las unidades ejecutoras. Agregó que los créditos son importantes para la inversión, pero reiteró que la ineficiencia en las instituciones no permite el desarrollo de las obras.
“Guatemala no debe desaprovechar la aprobación de préstamos, las condiciones para la contratación de préstamos son favorables. La baja ejecución es por la ineficiencia del Gobierno, todo está ligado a que no somos eficientes. Las unidades ejecutoras no son eficientes en desarrollar la obra, ese es un asunto interno que se debe mejorar, el Gobierno debería mejorar esa ejecución. No hay que escudarse en la Ley de Contrataciones, eso es una incapacidad de ejecución, más que obstáculos de tipo legal”, expresó González.
¿QUÉ DICE LA CGC?
El Subcontralor del Gasto Público, César Elías, indicó que la Contraloría hace las auditorías en base a la Ley de Contrataciones y que ahí se establece que los préstamos externos se ejecutan de acuerdo con las normas de las entidades bancarias emisoras del mismo, y que el problema en la ejecución de los préstamos externos se encuentra en las unidades ejecutoras, por la falta de conocimiento y cambio constante del personal.
“La Ley de Contrataciones vigente establece que se debe ejecutar en base a las normas de las entidades que otorgan los préstamos. Otro de los factores que hemos encontrado es la falta de conocimiento de las personas que tienen a cargo la ejecución de esos recursos en el tema de la Ley de Contrataciones. Las personas cambian a los equipos y estas personas tienen que aprender y ejecutar”, explicó.
Elías comentó que este año estarán auditando la ejecución de los préstamos para verificar si se están utilizando con eficiencia y puso como ejemplo un crédito otorgado al Estado en 2012 y que aún no se ha ejecutado a su totalidad.
“Estamos practicando una auditoría de desempeño a crédito público porque necesitamos saber si los préstamos se ejecutan con eficiencia, eficacia y economía, porque hay algunos préstamos que ya se tienen desembolsados y no se han ejecutado, y esta auditoría lo que pretende es encontrar las razones del por qué no se han ejecutado, porque cuando dan un préstamo ya están corriendo intereses. Hay préstamos del 2012 que no se han ejecutado al 100 por ciento y la auditoría busca determinar por qué no se están ejecutando”, concluyó.
PRÉSTAMOS NO SE APRUEBAN POR CORRUPCIÓN
Ricardo Barrientos, de ICEFI, dijo que otro factor que evita la aprobación de los préstamos son los casos de corrupción, el más emblemático: Odebrecht. En ese sentido, comentó que, si los legisladores aprueban préstamos millonarios, la ciudadanía está más atenta y los diputados buscan evitar una reacción negativa porque debido a lo sucedido con la constructora brasileña, se relaciona el tema de los créditos con actos de corrupción.
“La corrupción lo que genera es la desconfianza. Que el Congreso no apruebe los préstamos es un factor, pero viene la pregunta ¿Por qué será que el Congreso no aprueba un préstamo?, los diputados lo que ven es que, si aprueban un préstamo, la opinión pública se los harta, porque están aprobando deuda en medio de un ambiente de corrupción. El otro problema es que la ciudadanía reaccione negativamente por la contratación de deuda pública, porque hay un convencimiento de que el destino de la deuda será la corrupción”, anotó Barrientos.
Ante tales declaraciones, se le preguntó a Barrientos si él no estaba usando argumentos “ingeniosos” pero no válidos, toda vez que el tema Odebrecht conlleva altas sospechas de sobornos pagados a diputados para la aprobación del préstamo y las consecuencias legales (si las hubiere) no devendrían de mala ejecución sino de un posible delito al momento de la aprobación y esto fue lo que dijo:
“Entiendo que… todavía se conoce muy poco de la investigación de Odebrecht, pero entiendo que la principal anomalía no se produjo en la aprobación del préstamo, la aprobación original, sino la modificación que se le hizo en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, esto no tengo mucha base para sustentarlo porque en realidad habría que esperar las investigaciones, pero hay que recordar que ese préstamo sí efectivamente lo aprobó el Congreso y el Ministerio de Comunicaciones le hizo una modificación importante, entonces es posible que la principal anomalía se haya producido en ese tema. Luego el argumento creo yo que, trata de hacer una lectura de la conducta de los diputados… sino lo que pasa es que a qué tipo de situaciones son a las que responden los diputados, cuáles son los factores que terminan determinando los discernimientos de los diputados”.
Además, mencionó como ejemplo un préstamo que la Comisión de Finanzas Públicas del Congreso, bajo la presidencia del oficialista Adim Maldonado, emitió dictamen favorable para un préstamo, el cual había sido sustentado favorablemente con argumentos técnicos, sin embargo, al pasar al pleno ni siquiera el oficialismo votó a favor.
“Mis declaraciones tratan de entender ese fenómeno, porque normalmente si la Comisión de Finanzas está presidida por el oficialismo, cuando el préstamo llega al pleno, normalmente el oficialismo respalda el dictamen de la comisión oficialista, pero en estos casos ni siquiera los diputados oficialistas respaldaron al ministro de Finanzas… está prevaleciendo un sentimiento fuerte de aversión a la deuda. Y entonces, ahora en medio de los señalamientos de corrupción en la lógica, que no estoy diciendo que sea la correcta, lo que interpreto en la lógica de los diputados… ahorita paso también con el presupuesto, con tanto cuestionamiento, con tanta desconfianza, terminamos votando a favor del presupuesto o a favor de los préstamos, la opinión pública los va a castigar más duramente”, agregó.
El diputado Adim Maldonado agregó que el caso Odebrecht creó desconfianza en la aprobación y ejecución de préstamos. “El mayor factor que ha hecho que los préstamos no se ejecuten son los daños que vino a dejar el caso Odebrecht que fue la desconfianza en la ejecución de los préstamos, pero si nos ponemos a pensar, no es una desconfianza en el préstamo sino en la ejecución pública en todo su conjunto”, puntualizó.
