POR JOSÉ DEL ÁGUILA
jaguila@lahora.com.gt
Luis Fernando Ruiz, presidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), es uno de los delegados para integrar la Comisión que propondrá a seis candidatos a suceder a la Fiscal General y jefa del Ministerio Público, Thelma Aldana, a partir de este año. Ante la inmediación de este evento político y jurídico, el profesional del derecho brindó una entrevista a La Hora, donde declaró su aprobación a la lucha contra la corrupción liderada por el MP y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), aunque tampoco ocultó el escozor que le provocaron algunas acciones de la dupla.
Ruiz recibió a La Hora en la oficina donde se reúne el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Una habitación con una mesa que cuenta con las dimensiones suficientes para acoger a los integrantes del órgano colegiado.
En ese recinto, el Presidente del CANG aseguró que simpatiza con los esfuerzos que Aldana y el titular de la CICIG, Iván Velásquez, han realizado los últimos años para accionar contra las estructuras de corrupción. Sin embargo, en vías no previstas de la conversación, el abogado no vacila en demostrar su inconformidad por aspectos concretos que le han incomodado: el antejuicio contra el presidente, Jimmy Morales, la persecución penal contra el abogado Moisés Galindo y los señalamientos contra el juez Mynor Moto, entre otros.
Su visión del Sistema de Justicia debería ser de relevancia, pues en las próximas semanas se reunirá con decanos de las facultades de derecho, Presidente de la Corte Suprema de Justicia y el Presidente del Tribunal de Honor del CANG, para discutir quiénes serán las seis personas que integrarán la lista de candidatos de las cuales el Presidente elegirá al próximo Fiscal General del MP.
Las investigaciones del MP y la CICIG son reconocidas por gran parte de la ciudadanía y de organizaciones de la sociedad civil y se habla de que representan un resquebrajamiento de las prácticas corruptas que han sido costumbre en múltiples gobiernos, ¿está de acuerdo con esta percepción?
Nunca me he manifestado en contra del trabajo del MP. Lo que he dicho lo sostengo y lo mantengo. Me encantaría como ciudadano, como jurista, como hombre de derecho, saber y conocer y sobre todo respaldar primeramente el trabajo del MP, independientemente de quién lo realice. Me encantaría escuchar que las personas, antes de ir con la CICIG, fueran a buscar a su Fiscal General y no a la inversa como estamos viendo.
Estoy de acuerdo en varios puntos con el trabajo de la señora Fiscal General y también con el Comisionado, creo que negarlos sería un absurdo de mi parte como Presidente del Colegio de Abogados y Notarios de este país, el más numeroso y el más importante. Podemos decir que podemos aplaudir y disfrutar en algunos casos de esos éxitos que ha tenido la señora Fiscal con el acompañamiento de la CICIG.
Tanto la Fiscal como el Comisionado y los fiscales que litigan en los tribunales se quejan de que hay muchos abogados que interponen recursos frívolos con el fin de entorpecer procesos penales ¿Considera que el litigio malicioso es un reto al cual tendrá que enfrentarse la próxima Fiscalía General?
La interposición de acciones procesales es un derecho que tiene el abogado dedicado al litigio. Sería equívoco decir que hay que limitarle ese radio de acción a los abogados para poder defender las causas por las cuales son contratados. La misma posición que tiene un abogado dedicado al litigio, en forma privada o pública, lo tiene el ente persecutor de la acción penal. Sería un equívoco decir que los abogados litigantes entorpecemos los procesos por la interposición de recursos o por la presentación de acciones constitucionales, dígase amparo, por ejemplo. ¿Por qué razón sostengo esto? Porque también los fiscales tienen el derecho de presentarlos y lo hacen.
El tema del litigo malicioso, ese retardo de la justicia tiene una manera de resolverse. La primera es que se respeten los plazos. Esto le corresponde al Sistema de Justicia en general, principalmente al Organismo Judicial. Si se respetasen los plazos y sobre todo que hubiesen políticas específicas de poder enfrentar estas reclamaciones, liminarmente (sin darle trámite) se pueden descartar esos recursos (los que se presenten de forma frívola).
Según entiendo, a su consideración, no es un problema que aqueje al Sistema de Justicia el litigio malicioso.
Es que el litigo malicioso se ha tomado en los medios de comunicación como aquel abogado que quiere entorpecer el buen desarrollo de un proceso. Es decir, entrampándolo, presentando acciones donde no corresponde con el simple hecho de detener el juicio o detener la justicia. Lo que estoy diciendo a usted es fácil de atacar. Si yo fuese un juez y me presentan un (recurso) absurdo, es decir, una acción legal donde no corresponde lo que tengo hacer yo es descartarlo, pero muchas veces lo que ocurre es que le dan trámite. Pero decirle litigio malicioso a utilizar los mecanismos que la ley prevé para hacerlo, eso no es un litigio malicioso a mi juicio…
Un tema manifiesto de la sociedad civil es que sindicados en casos de corrupción estén intentando frenar los casos hasta la expiración del mandato de la CICIG o la salida de la fiscal general Thelma Aldana ¿Ve esto como una realidad?
En todo país, Guatemala no es la excepción, siempre hay pesos y contrapesos. Pero lo que puedo decirle es que, honesta y claramente, siempre hay grupos de poder que quieren tener el propio y puro poder. Es decir, siempre lo hemos vivido y lamentablemente la corrupción y la impunidad es un mal endémico, es decir, hoy se le ataca de esta forma y ya busca la manera de cómo volver a restablecerse y poder tener otros medios o radios de acción diferentes a los que está acostumbrado. Lo que puedo decir es que Guatemala ha cambiado, sería yo incrédulo al decir que Guatemala está en las mismas situaciones. El trabajo de la CICIG ha sido bueno, y yo creo que en un momento ha estado por diez años en nuestro país y creo que el trabajo de la señora Fiscal también lo es –ha sido bueno-.
Algunos abogados opinan que la CICIG y el MP han violado diversos derechos de los sindicados, como la presunción de inocencia o el abuso de la prisión preventiva, ¿comparte estos temores?
Muchas veces los abogados perciben que hay vulneración de la presunción de inocencia porque todo se quiere arreglar con la persecución penal. A mí también me buscan (abogados), como su Presidente, y me dicen: “mira, Luis Fernando, aquí ya no vale la Constitución, ya no vale nada, porque a alguien le montan persecución, investigación y lo declaran culpable”. Yo creo que la ciudadanía está muy preocupada porque en un momento dado ya no hay privacidad, ya no hay intimidad de las comunicaciones, todos andan con pena qué les van a escuchar sus comunicaciones, que los andan buscando, que los andan filmando y hay una psicosis verdadera.
Como Colegio Profesional no vamos a permitir que un abogado que tome la defensa de un cliente sea alineado con el cliente como parte de la estructura criminal.
¿Podría mencionar un caso en el que haya sucedido esto?
He tenido varios. El Caso reciente -Caja de Pandora- fue el de los abogados detenidos por un caso determinado donde estaba involucrado, en un momento dado, el licenciado Moisés Galindo, el caso del licenciado Rosell, el caso del profesional adscrito a nuestro Colegio de apellido Lima… Lo cierto es que el Presidente del Colegio de Abogados hizo actos de presencia en ese juicio, desde inicio a fin ¿por qué? En primer lugar, yo represento la unidad del gremio. Somos ya casi 32 mil agremiados y yo no estoy por gusto. Uno de los agremiados, en el caso del licenciado Galindo, hace llegar una solicitud al seno de nuestro Colegio profesional en sede de zona 15 e ingresan una solicitud a mi persona, a Junta Directiva, (diciendo) que se sentía acosado y en un momento dado amenazado en su vida por el simple hecho de estar defendiendo unas causas. Otros profesionales me pedían a mí que hiciera acto de presencia y que diera acompañamiento del proceso. ¿Podrá imaginarse que hubiera hecho caso omiso a ello?
¿Cuál era el objeto de su visita?
El objeto, lo dije y lo repito, era darles acompañamiento a los colegas, primero moral, porque ellos mantienen su posición diciendo que ellos son objeto de persecución penal por el simple hecho de estar defendiendo la causa de persona que están involucrados en hechos reñidos con la ley. Yo me acerqué a la señora juzgadora y le hice ver que mi presencia no se fuera a tomar como una presión en el proceso, sino un acompañamiento para poder garantizar a mis agremiados el legítimo derecho de defensa y sobre todo el debido proceso.
En todo caso, si existe una sindicación, ¿lo más sano no es que se dilucide en un proceso penal?
Puedo decirle por mis años de experiencia que la prisión preventiva no es un remedio para poder tener encerrada a personas que, en un momento dado, puedan acreditar su buen nombre, pueden demostrar que no hay peligro de fuga ni obstaculización a la averiguación de la verdad. En lo personal, no me pareció que estos profesionales hayan quedado en prisión preventiva…
¿Quiere decir que el próximo Fiscal o la próxima Fiscal debería hacer un uso menos severo de la prisión preventiva? (Es decir que el MP solicite menos ese mecanismo durante los procesos penales)
Hay mecanismos específicos de cómo comprender cuando se puede otorgar una prisión preventiva o un arresto domiciliario. Los abogados tenemos un entrenamiento para poder discernir cuando hay una posibilidad de peligro de fuga o cuando esta persona puede obstaculizar la verdad, entonces la percepción de algunos abogados es que muchos jueces tienen temor a otorgar medidas sustitutivas porque los pueden encausar también.
Los profesionales del derecho sabemos que lo que se debe atacar son las resoluciones judiciales, y no las personas. Aquí puedo mencionar mil casos o varios casos de jueces que han sido perseguidos judicialmente por alguna resolución que no gusta a determinada persona, y no solo se da con la CICIG y con MP, sino con abogados litigantes.
¿Lo dice a propósito del juez Moto?
Ese es uno, pero hay varios.
Pero hay procedimientos que están contemplados en el derecho penal, como por ejemplo la sindicación por el tipo penal de prevaricato (que fue la razón por la que se solicitó antejuicio contra el juez Moto).
Un tipo penal de prevaricato se ha entendido de muchas maneras. Un prevaricato es dictar una resolución contraria a la ley o, en un momento dado, dictar una resolución a sabiendas que es injusta o ilegal. Eso tiene que probarse. Si el MP hace una sindicación, la debe probar.
Se habla de que existe un Pacto de Corruptos, en el que determinados sectores están interesados en elegir a un Fiscal General que sea menos severo contra estructuras criminales. ¿Cree que existe tal Pacto?
Un fiscal debe hacer lo que la ley le marca, ni debe ser menos severo ni más severo, sino aplicar la Ley y proponer las penas cuando tenga un caso fundado. Todo tipo penal está codificado en un repertorio, que en este caso puede ser el Código Penal. Decir que un fiscal va a ser más severo está fuera de lógica.
Pero un Fiscal puede incumplir la Ley. Las estructuras de corrupción tienen vínculos de poder y están interesadas en elegir a un Fiscal que no aplique la Ley como corresponde. ¿Comparte este criterio?
Es probable que haya personas interesadas y máxime aquellas que son perseguidas por la justicia, ni lo dude. Pero insisto, Guatemala ha cambiado. Y puedo asegurarle que hoy, en día estas personas son pocas. Y sobre todo nadie va a querer involucrar en una situación de estas.
Recientemente, los diputados mantuvieron la inmunidad del presidente Jimmy Morales; el MP quería investigarlo por un caso de financiamiento electoral ilícito ¿está siendo el Congreso de la República un obstáculo?
Yo no creo… el antejuicio es una garantía de carácter constitucional para funcionarios de alto nivel. El antejuicio es una garantía y fue concebida para que el funcionario pueda trabajar. El derecho de antejuicio fue concebido para proteger, no a la persona, sino al cargo. El Presidente no puede renunciar al derecho de antejuicio porque es algo inherente al cargo. Entonces, el MP puede investigarlo, si lo ha hecho en otras oportunidades.
Sí lo vemos preocupante porque en ese momento fue el tema del famoso non grato. A mí me entrevistó una vez por radio dos medios de comunicación y no les interesó lo que les estaba diciendo porque yo no estaba de acuerdo con que al Presidente le quitaran el derecho de antejuicio porque había un riesgo de la institucionalidad. Guatemala no está para cambiar Presidente a cada momento y eso sí me preocupa. Si se quita al Presidente de esa manera, en forma abrupta, lo que viene es que suben al Vicepresidente, dura poquito y después nos meten a alguien por quien ni usted ni yo votamos.
¿No tendríamos que darle más importancia al hecho de dilucidar a que alguien que permanezca en un cargo?
No, es que óigame, yo no le estoy diciendo que eso no se deba investigar. Si él -el presidente, Jimmy Morales- cometió un ilícito lo va a pagar. Lo que estoy diciendo es que hay que ponderar en un momento específico las necesidades del país. Estoy diciendo que si el señor Presidente de la República cometió un hecho delictivo tendrá que probárselo el MP.
