POR MARIELA CASTAÑÓN
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La Dirección del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP) informó que cuenta con un total de 357 abogados defensores a nivel nacional, lo cual implica que un abogado podría atender hasta 50 casos mensuales, en tanto, la demanda es alta, muestra de ello, es que en el año 2017 brindó un promedio de 70 mil asesorías.
Nydia Arévalo, directora del IDPP, explicó que debido a la cantidad de casos a atender necesitan contratar a más personal, pero esto representa un desafío porque el presupuesto asignado es de Q200 millones con ampliación presupuestaria.
Arévalo indicó que en los últimos años tuvieron una asignación de Q125 millones anuales, en tanto, el año pasado lograron Q200 millones y Q5 de un préstamo con Banco Interamericano del Desarrollo (BID), con este último se realizaron dos construcciones.
De acuerdo con la entrevistada, en 2017 solicitaron Q350 millones, pero únicamente lograron Q200 millones, lo cual limita la contratación de más abogados defensores.
Según Arévalo, de 23 mil 135 privados de libertad que están en las 21 cárceles del país (datos de la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP), asisten el 50 por ciento de 11 mil 847 personas que están en condición preventiva y el 97 por ciento de 11 mil 288 que están en situación de condena.
Mientras que atienden el 98 por ciento de casos de adolescentes en conflicto con la ley penal. Según la Secretaría de Bienestar Social (SBS), en los cuatro centros correccionales hay 858 jóvenes detenidos.
ASESORÍAS, AUDIENCIAS Y LIBERTADES
Por otro lado, el IDPP informó que entre otras asesorías que brinda destacan 1 mil 539 casos a través de la Coordinación Nacional de Enfoque de género a nivel nacional, 30 mil 176 llamadas recibidas a la unidad de enlace para Atención Jurídica de Emergencia a Mujeres Víctimas y sus familiares a la línea 1571.
Asimismo, señaló que cubrió un total de 162 mil 445 audiencias, 241 casos atendidos con pertinencia cultural y 1 mil 410 atenciones con pertinencia lingüística.
En el caso de la Coordinación Especializada de Mayor Riesgo, tiene 525 casos activos con 430 privados de libertad; en la Coordinación Departamental Nacional atendió 19 mil 019 audiencias, entre las que se encuentran primeras declaratorias, etapa intermedia, anticipos de prueba, competencia ampliada y suspensión condicional de persecución penal, entre otras.
En la Coordinación Nacional de Ejecución se lograron 1 mil 79 libertades, 976 en el Juzgado de Ejecución de Guatemala y 101 en el Juzgado de Quetzaltenango.
