POR JOSÉ DEL ÁGUILA
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La jueza titular del Juzgado Quinto de Primera Instancia Penal, Judith Secaida, nombrada como pesquisidora en el antejuicio contra el alcalde capitalino Álvaro Arzú, tiene como fecha límite para entregar su informe pesquisidor antes del 17 de febrero, informó la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal.
Secaida se encuentra dentro del plazo de 60 días que le confiere la ley para elaborar un informe en el que indique a los magistrados de la Sala si recomienda levantar el derecho de antejuicio al jefe edil para que sea investigado por posible financiamiento electoral ilícito y peculado por sustracción.
La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público interpuso el antejuicio contra Arzú desde el pasado 10 de octubre. Sin embargo, el plazo antes mencionado actualmente se encuentra detenido porque la jueza Secaida comenzó su período vacacional el 7 de diciembre y retoma labores el próximo martes 9 de enero.
El pasado 27 de octubre, el abogado defensor del alcalde, Francisco Gallardo, acudió al Juzgado para presentar, por medio de un memorial, las pruebas de descargo de su defendido.
Según el personal de la Sala, la fecha de vencimiento de los 60 días se encuentra entre el 13 y el 17 de febrero, aunque no pudieron precisar cuál es el día exacto.
RESOLUCIÓN
Tras elaborar su informe pesquisidor, la jueza Secaida deberá remitirlo a la Sala Tercera para que los magistrados que la integran analicen el resultado de las pesquisas.
La Sala, presidida por el magistrado Jaime Amílcar González Dávila, podría acatar la recomendación de Secaida, o bien, tomar una decisión contraria a lo que indique el informe.
CASO
Según la investigación del MP y de la CICIG, la Municipalidad de Guatemala adjudicó de forma irregular a Torre Fuerte, una cooperativa que administraba el reo Byron Lima desde la prisión, varios artículos destinados a la campaña electoral para las elecciones de Alcalde y Corporaciones Municipales de Guatemala, período 2016-2020.
Entre los bienes adquiridos a Torre Fuerte se encuentran gabachas, playeras, balones, trofeos, contratación de modelos, lapiceros, pachones y toldos, entre otros. Algunos de estos productos tenían los logos del partido Unionista y de sus aliados.
Iván Velásquez, titular de la CICIG, dijo que la irregularidad consiste en que la Municipalidad alteró facturas para encubrir los gastos de campaña a favor del Partido Unionista.
Además, la Fiscalía señala que desde 2007 la comuna capitalina otorgó dos plazas fantasma bajo el renglón 011 a favor de Alejandra Reyes Ochoa, viuda de Lima Oliva, y de su mamá, Elizabeth Ochoa Barrios, en Emetra.
Una tercera plaza fantasma se otorgó a la viuda de José Obdulio Villanueva (a cargo de la seguridad de Arzú cuando este fungió como Presidente de la República), según el MP.
