POR MARIELA CASTAÑÓN
mcastanon@lahora.com.gt
Según la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP), un total de 30 internos murieron por causas asociadas a la violencia, en las diferentes cárceles del país, además, 6 adolescentes fallecieron en los centros correccionales por posible asfixia por suspensión, en 2017.
De acuerdo con la DGSP, las causas de muerte de reos están relacionadas con traumas o golpes, por otro lado, algunos casos dan cuenta que murieron por heridas de arma de fuego o arma blanca.
En tanto, la Secretaría de Bienestar Social (SBS), que tiene bajo su resguardo los cuatro centros de detención para adolescentes, informó que el año pasado murieron seis jóvenes en conflicto con la ley penal en los diferentes correccionales.
Los casos están bajo la investigación del Ministerio Público (MP) y del Departamento de Delitos Contra la Vida de la Policía Nacional Civil (PNC).
CIDH SE PRONUNCIA POR MUERTES EN CENTROS
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su preocupación por las muertes violentas de tres personas privadas de libertad. Los hechos ocurrieron en el Centro de Detención Preventiva para Hombres de la zona 18 y en el Centro Juvenil de Detención Provisional (Cejudep) o Gaviotas, este último cuenta con medidas cautelares otorgadas por la CIDH en junio de 2017.
“De acuerdo con información de público conocimiento, el 6 de diciembre de 2017 fueron encontrados tres cuerpos de personas privadas de libertad, quienes habrían fallecido por asfixia. Dos de ellas, Jonathan Daniel Rivera Díaz y Edgar Porón Pérez, se encontraban en el Sector 11 del Centro Preventivo para Hombres de la zona 18. Asimismo, Alexander Avalos Escalante, de 19 años de edad, habría perdido la vida en el Centro Juvenil Gaviotas”, informó en un comunicado la CIDH.
La CIDH también ha manifestado su preocupación por las precarias condiciones en los centros de privación de libertad para adolescentes, entre ellas la situación de hacinamiento, insalubridad, violencia, inseguridad, motines y fugas, las cuales no suponen hechos aislados sino situaciones estructurales y endémicas.
Por otro lado, esa instancia resalta que las investigaciones que se realicen de los casos deben establecer la responsabilidad de los autores materiales, intelectuales y de las autoridades.
“La Comisión recuerda que los Estados, como garantes de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad, tienen el deber jurídico ineludible de adoptar acciones concretas para garantizar los derechos a la vida, integridad personal y seguridad de los reclusos. Esta obligación incluye la obligación de investigar de oficio y con la debida diligencia todas aquellas muertes de personas que se encuentran bajo su custodia. Estas investigaciones no sólo deben estar orientadas a establecer los responsables materiales de los hechos, sino también a los posibles autores intelectuales y a aquellas autoridades que pudieran ser responsables por acción u omisión”, destacó.
