Por Sonny Figueroa
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Por casos de posibles violaciones a los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH- otorgó una serie de medidas cautelares a favor de guatemaltecos en 2017, con el propósito que se resguarde su integridad. Uno de los casos más recordados fue el del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, donde la Comisión pidió que el Estado adopte medidas necesarias para proteger la vida e integridad de los menores de edad.
Después de la tragedia del Hogar Seguro Virgen de la Asunción donde fallecieron 41 niñas y 15 resultaron gravemente heridas por causa de un incendio que se registró en dicho centro de abrigo temporal, la Comisión solicitó al Estado de Guatemala que aplique las medidas adecuadas para apoyar y asistir a las familias de las niñas para facilitar su reintegración. Además, pidió que los hogares estatales sean adecuados para garantizar la integridad de los menores.
El 12 de junio, la CIDH otorgó medidas cautelares a los adolescentes que se encuentran en los cuatro centros juveniles de menores en conflicto con la ley penal, esto para que se mejoren las condiciones en infraestructura de los centros, se refuerce la atención en materia de salud para los menores y se tengan planes de seguridad ante posibles casos de riesgo.
El 8 de septiembre, la Comisión aprobó medidas cautelares a favor de los pobladores de la Comunidad Laguna Larga, San Andrés, Petén. Aproximadamente 100 familias de la región fueron desalojadas de un área protegida y tuvieron que trasladarse a México. En su resolución, la CIDH ordena que se logre un acuerdo con los pobladores.
En agosto, fueron otorgadas estas medidas a favor de la magistrada de la Corte de Constitucionalidad (CC), Gloria Porras. La petición la hizo la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), aduciendo que la magistrada fue objeto de intimidaciones y hostigamientos. A esta petición se agregó que se presentaron antejuicios en contra de la togada que pretendían impedir su trabajo.
Luego de su labor para evitar la expulsión del jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas fue blanco de amenazas. Por tal motivo, la CIDH le otorgó medidas cautelares. «Conmina al Estado guatemalteco a adoptar medidas necesarias para preservar su vida e integridad, y que se garantice pueda desarrollar su labor sin intimidación», dice la resolución.
En el último caso, la CIDH decidió solicitar la adopción de medidas cautelares a favor de Paulina Mateo Chic esposa de Macario Pu Chivalán, presunta víctima por desaparición forzada. Por su avanzada edad se pide al Estado que le brinde la atención médica adecuada.
ESTADO PRINCIPAL AGRESOR
A decir de Jorge Santos de la Unidad de Protección a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de Guatemala (Udefegua), la solicitud de una medida cautelar por parte de la CIDH deja ver “que el Estado se está convirtiendo en el principal agresor de personas y es de los actores que está violando la integridad y vida de las personas”.
Santos agregó que en el momento que la Comisión otorga medidas cautelares, el Estado no debe limitarse a brindar seguridad, sino a reparar los daños causados como en el caso de las niñas del Hogar Seguro. “La justicia sería el mejor ente reparador”, anotó.
Para conocer el cumplimiento de estas medidas, se llamó a Jorge Luis Borrayo, presidente de la Comisión Presidencial coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de los Derechos Humanos (Copredeh), pero se informó que se encontraba en una reunión.
