Por Sonny Figueroa
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Un total de 22 decretos fueron aprobados durante el año por los diputados del Congreso de la República, de los cuales dos fueron derogados, ya que esos reformaban el Código Penal, con el afán de eliminar la responsabilidad de los Secretarios Generales de los partidos políticos relacionados al financiamiento electoral ilícito, a su vez reformaban los supuestos en los que una persona cometía financiamiento electoral ilícito y permitían la conmutación de penas.
La consolidación del Pacto de Corruptos podría considerarse lo más recordado por los ciudadanos sobre el trabajo del Congreso de la República en 2017, ya que durante una sesión, 107 diputados votaron a favor de leyes proimpunidad. Otro tema por el cual quedó marcado el Legislativo, fue por proteger al presidente Jimmy Morales puesto que al no retirarle la inmunidad que goza, no se pudo profundizar en las acusaciones que el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), le hicieron por delitos electorales.
INMUNIDAD DEL PRESIDENTE
El presidente Jimmy Morales fue señalado por el Ministerio Publico (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de la posibilidad de haber incurrido en el delito de financiamiento electoral ilícito durante las elecciones de 2015. Tal anuncio se hizo el 25 de agosto.
Los entes investigadores solicitaron el retiro de inmunidad de Morales para investigarlo, ya que durante el proceso electoral de 2015, mientras él era Secretario General del partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), no se reportaron por lo menos Q6 millones al Tribunal Supremo Electoral (TSE), según los entes investigadores.
El 10 de septiembre, la Comisión Pesquisidora integrada por los diputados: Julio Ixcamey, Eva Monte, Dolores Beltrán, Juan José Porras y Gabriel Heredia, recomendaron retirarle la inmunidad al Presidente para que fuera investigado por la Fiscalía a cargo de las indagaciones sobre delitos electorales.
Sin embargo, en lo resuelto por la Comisión, también se detalló que no observaron pruebas suficientes sobre la participación de Morales en el manejo de las finanzas de la agrupación FCN-Nación.
Un día después, el 11 de septiembre, 129 diputados conocieron el documento de la Comisión Pesquisidora y decidieron no retirarle la inmunidad al presidente Jimmy Morales. En total 99 diputados votaron para no retirarle el derecho de antejuicio al mandatario. Las agrupaciones que respaldaron a Morales fueron: FCN-Nación, Alianza Ciudadana, PAN, VIVA, MR, algunos de la UNE y de TODOS.
Solo 25 diputados votaron para retirarle la inmunidad a Morales, los otros 5 legisladores decidieron no votar. Los diputados que estuvieron de acuerdo con la investigación al Presidente integran las bancadas: Encuentro por Guatemala, Winaq, Convergencia, Fuerza y URNG.
El 21 de septiembre, luego de un paro nacional, en el cual entre otras cosas se exigió reactivar el antejuicio contra Morales, los diputados votaron de nuevo para retirarle o no la inmunidad al mandatario, y por segunda ocasión el Congreso salvó a Morales. De 112 diputados presentes, 70 votaron por retirarle la inmunidad y los otros 42 en contra. Ese día, 46 congresistas no llegaron a trabajar.
Como no hubo 105 votos en ninguna de las decisiones, el informe fue archivado, pero podría volverse a discutir a pedido de algún diputado.
PACTO DE CORRUPTOS
El 13 de septiembre, los diputados llevaron a cabo la Sesión solemne por el 196 aniversario de Independencia. Jimmy Morales, durante su discurso, les dijo “legislen” y cuando la Sesión terminó, los legisladores se quedaron en el Congreso de la República para una sesión ordinaria que pasó a la historia por la aprobación de reformas a favor de la impunidad.
Ese día, el Congreso aprobó de urgencia nacional, con 106 votos a favor, una reforma al artículo 50 del Código Penal que permitía la conmuta a penas de prisión, con lo cual personas con sentencias de 5 a 10 años podrían recobrar la libertad.
Con dicha modificación se pretendía beneficiar condenas de por lo menos 400 delitos, entre ellos los que enfrentan exfuncionarios por casos de corrupción, por ejemplo, hubiera beneficiados a exdiputados de la actual legislatura vinculados con el Caso Plazas Fantasma.
Otra reforma aprobada de urgencia nacional y que tuvo el apoyo de 105 diputados fue la modificación del artículo 407 inciso O del Código Penal, que se refiere al delito de financiamiento electoral ilícito. En dicha reforma se trasladaría la obligación judicial del secretario general de un partido político hacia el contador de la agrupación.
Esa modificación beneficiaba a diputados con solicitud de retiro de inmunidad por ese delito como Orlando Blanco de Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), y Roberto Villate, secretario general del extinto partido Libertad Democrática Renovada (Lider).
Otro cambio realizado al Código Penal fue quién cometía el delito de financiamiento electoral, señalando que incurrían en esa ilegalidad únicamente aquellos que recibieran fondos del narcotráfico o del crimen organizado.
Esos decretos de reformas fueron presentados e impulsados por diputados de las Bancadas de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y Frente Convergencia Nacional (FCN-Nación), entre otros.
La aprobación de esas modificaciones generó el rechazo de varios sectores de la sociedad hacia los 107 diputados que las apoyaron. Miles de guatemaltecos tomaron las calles y manifestaron durante dos días consecutivos su inconformidad ante lo sucedido.
La presión de la ciudadanía generó que los diputados sesionaran el 15 de septiembre, Día de la Independencia, y aprobaran con 130 votos un acuerdo donde suspendían el proceso de formación de Ley de los Decretos aprobados.
DIPUTADOS ENCERRADOS
A pesar de que los diputados suspendieron las reformas proimpunidad, las personas seguían molestas con el actuar de los legisladores. Por diez horas los parlamentarios fueron encerrados en el Palacio Legislativos. Los ciudadanos bloquearon los accesos del recinto y únicamente con el actuar de la Policía Nacional Civil (PNC) fue que los diputados pudieron salir.
Para las 14:00 horas fue convocada la Sesión de ese viernes 15 de septiembre y los diputados pudieron salir hasta pasada la medianoche. Cientos de guatemaltecos ocuparon la 8ª. y 9ª. avenida entre 9ª. y 10ª. calle de la zona 1. Durante esas horas de manifestación, las personas solicitaron la renuncia de los diputados a sus curules.
Al llegar la medianoche, agentes de la PNC equipados con trajes antidisturbios retiraron a un grupo de manifestantes que aún permanecía en el lugar y evacuaron a los diputados y trabajadores que se encontraban dentro del Congreso.
Organizaciones ciudadanas y estudiantiles como Justicia Ya y Usac es Pueblo, entre otros, indicaron en su oportunidad que se utilizó mecanismos innecesarios, pues la manifestación se realizaba de forma pacífica. Por aparte, el ministro de Gobernación Francisco Rivas, indicó que actuaron en conformidad con la legislación y los protocolos contemplados por las fuerzas de seguridad. No hubo muertos ni heridos de gravedad.
FRENTE PARLAMENTARIO
Con el propósito de denunciar y oponerse a las acciones a favor de la corrupción que pretendan impulsar los diputados a fin al Pacto de Corruptos, seis parlamentarios crearon el Frente Parlamentario por la Transparencia y la Democracia.
Los diputados Raúl Romero (Fuerza), Erwin Enrique Álvarez, Sandra Morán y Leocadio Juracán (Convergencia), Andrea Villagrán y Paul Briere (TODOS) integran el grupo que busca impulsar una agenda que responda a las demandas sociales.
Dicho Frente anunció que para enero estarán presentando una iniciativa de Ley que regula un mecanismo para que, si un funcionario es condenado por delitos vinculados con corrupción, no podrá postularse a un cargo público o trabajar en el Estado durante veinte años.
Ese proyecto también involucrará a las empresas cuyos representados legales hayan sido relacionados en casos de corrupción. El período de suspensión para ser contratista del Estado sería de veinte años.
INTEGRACIÓN DE JUNTA DIRECTIVA
Una de las últimas acciones del denominado Pacto de Corruptos fue el intento de elegir a la Junta Directiva para el 2018. Sin embargo, la propuesta del jefe de bancada de FCN-Nación, Javier Hernández no fue apoyada por los legisladores.
Aunque varias planillas figuraron para dirigir el Legislativo el próximo año, en el último intento, Hernández y la bancada oficial buscó colocar como presidente del Congreso al diputado Francisco Tambriz, como vicepresidentes a Felipe Alejos, Javier Hernández Ovalle, Alejandra Carrillo y como secretarios a Estuardo Galdámez, Jorge Arévalo, Juan Ramón Lau, Vivian Preciado y Marco Aurelio Pineda.
Sin embargo, la propuesta fue improbada con un total de 65 votos a favor y 38 en contra. Se necesitaban 80 votos para que la planilla consiguiera su objetivo. El diputado Javier Hernández Franco, atribuyó al egoísmo de los diputados la no aprobación de la JD de 2018.
La Embajada de los Estados Unidos en Guatemala ha dicho que seguirá el proceso de elección de la nueva Junta Directiva del Congreso.
PRESUPUESTO 2018
Durante 2017 el oficialismo perdió batallas, una de estas fue el Presupuesto de ingresos y egresos del Estado 2018. El Ejecutivo solicito un Presupuesto de Q87 mil 900 millones, sin embargo, la bancada Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) no consiguió el apoyo necesario para aprobar ese Presupuesto y su jefe de bancada, Javier Hernández, fue el gran señalado. El Presupuesto continuará funcionando con el de 2017.
NOMBRAMIENTOS PENDIENTES
Este año los diputados no cumplieron con su trabajo en hacer varias designaciones. En 2018, los legisladores tendrán que elegir al Secretario y Subsecretario del Consejo Nacional del Migrante de Guatemala (Conamigua), representantes titular y suplente del Congreso antes la Junta Montería. Además, tendrá que designar a tres relatores titulares de la Oficina Nacional de la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Proceso de antejuicio
Los diputados que enfrentan procesos de antejuicio
Claude Hermelindo de león – Falsedad Ideológica.
Héctor Melvin Rivera – Flagrancia por no reportar dólares y joyas en aeropuerto.
Orlando Blanco – Financiamiento electoral ilícito.
Roberto Villate – Financiamiento Electoral ilícito.
Gustavo Arnoldo Medrano – Lavado de dinero.
Mike Ottoniel Mérida Reyes – Delitos tributarios cuando trabajó en SAT en 2010.
Diputados sin inmunidad
Julio Juárez Ramírez – Asesinato de periodistas.
Mario Velásquez Pérez – Contratista del Estado.
Fernando Linares Beltranena – Discriminación.
Arístides Crespo – Plazas Fantasma.
José Conrado García – Transacciones sospechosas.
Diputados que perdieron su curul
César Fajardo – medida sustitutiva – Plazas Fantasma.
Manuel García Chutá – medida sustitutiva – Plazas Fantasma.
Christian Boussinot – prisión preventiva – Plazas Fantasma.
Roberto Kestler – prisión preventiva – Negociantes de la Salud.
Carlos Enrique López Girón – prófugo de la justicia – Plazas Fantasma.
Edgar Justino Ovalle – prófugo de la justicia – Creompaz.
