POR JOSÉ DEL ÁGUILA
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La defensa del expresidente Otto Pérez Molina insiste una vez más en separar a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) del Caso “La Línea”. Según el registro de la Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo, esta semana ingresó una apelación del exmandatario, en la que se busca revocar la resolución del juez Miguel Ángel Gálvez, en la cual se confirmó a la Comisión como querellante en el proceso penal.
Durante la audiencia de etapa intermedia, el 5 de septiembre pasado, la abogada defensora de Pérez Molina presentó un recurso legal denominado excepción de falta acción, en el cual señalaba que la CICIG no tenía la “legitimidad” para actuar dentro del proceso penal.
Esto, debido a que, según la defensa, el acuerdo en el que se prorrogó el mandato de la CICIG carecía de los requisitos legales para su validez. No obstante, el mismo fue rechazado por el juez Gálvez.
Ante esta resolución, la defensa del procesado presentó una apelación y la misma aún no ha sido resuelta por los magistrados que integran la Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo.
AMPARO
Esta no es la única vía por la que el exmandatario ha buscado que se separe a la CICIG del caso. En septiembre, su defensa lo intentó mediante un amparo que fue trasladado por Gestión Penal del Organismo Judicial a la Sala de Apelaciones de Femicidio.
Este amparo fue interpuesto días después de que el juez Gálvez rechazara el recurso de excepción de falta de acción. Sin embargo, hasta la fecha, aún no hay una resolución provisional.
La Sala de Femicidio se ha caracterizado en múltiples ocasiones por beneficiar a varios sindicados en casos de corrupción. Entre estos se encuentra Gustavo Alejos y Blanca Aída Stalling.
ENVIADOS A JUICIO
El pasado 27 de octubre, el juez Miguel Ángel Gálvez envió a juicio a 28 personas, entre quienes se encuentra Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti, sindicados de conformar una estructura de defraudación aduanera, en la cual también participaron funcionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
Pérez Molina y Baldetti fueron enjuiciados por los delitos de asociación ilícita, defraudación aduanera y enriquecimiento ilícito. Este último delito fue modificado por el juez por el de cohecho pasivo.
De momento, el caso se encuentra a la espera de que el Juzgado programe la audiencia en la que la Fiscalía presente todas las pruebas que serán utilizadas durante el juicio. Sin embargo, antes de que esto suceda la Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo deberá resolver un recurso interpuesto por Pérez Molina con el cual señala que el juez Gálvez no es competente para conocer el proceso en su contra.
