POR JOSÉ DEL ÁGUILA
jaguila@lahora.com.gt
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó dos recursos legales que interpusieron los diputados Orlando Blanco, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), y Gustavo Medrano, independiente, quienes enfrentan solicitudes de antejuicio por distintos casos, durante la celebración de un pleno extraordinario.
Según la Cámara de Amparos y Antejuicios, se rechazó una inconstitucionalidad que presentó el diputado Blanco. De tal cuenta, el juez pesquisidor de su antejuicio, Eduardo Galván Casasola, integrante de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, deberá citarlo por sexta ocasión a la judicatura para que presente sus pruebas de descargo.
De igual forma, la CSJ rechazó una recusación que interpuso el diputado Gustavo Medrano Osorio contra el juez pesquisidor Jorge Antonio Valladares Arévalo, magistrado de la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, con la cual buscaba separarlo del trámite del antejuicio, pero el mismo fue rechazado.
Ambos recursos fueron resueltos en un pleno extraordinario al que fueron convocados los magistrados ayer, pero del cual no se brindaron mayores detalles.
TRÁMITE SE RETRASA
El trámite de los antejuicios de Blanco y de Medrano se ha retrasado considerablemente debido a que ambos congresistas han interpuesto gran cantidad de recursos legales, los cuales han sido rechazados por frívolos e improcedentes.
En el caso de Blanco, el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) presentaron el antejuicio el pasado 24 de agosto debido a que tienen sospechas de que el congresista incurrió en el delito de financiamiento electoral ilícito mientras fue secretario general de la UNE en 2015.
Las investigaciones señalan que entre el 1 de enero de 2015 al 9 de enero de 2016, la UNE incumplió con reportar aportes dinerarios destinados al pago de servicio de transporte aéreo.
Hasta la fecha, el diputado no ha acudido frente al juez pesquisidor para presentar sus pruebas de descargo.
En tanto, el MP y la CICIG interpusieron el antejuicio a Medrano desde el 26 de julio pasado por los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero. Los entes encargados de la investigación vinculan al diputado al caso “Municipalidad de Chinautla, un Negocio de Familia”, en el que también está sindicado su padre, Arnoldo Medrano, exalcalde de esa misma comuna.
Según la Fiscalía, entre 2008 y 2012 una estructura criminal, conformada por la familia de Medrano, se apropió de más de Q100 millones de fondos municipales.
La estrategia consistía en colocar en el Concejo Municipal a personas que tenían parentesco con María Luisa Osorio Vásquez, esposa del exjefe edil, para que éstos aprobaran la adjudicación de proyectos a favor de empresas mercantiles de interés.
