Por Denis Aguilar
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La titular de la Procuraduría General de la Nación (PGN), Anabella Morfin, informó hoy que no pidieron un monto de indemnización en la solicitud de nulidad del contrato de concesión a favor de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), conocida ahora como APM Terminals, ya que no son expertos en el tema; además advirtió que podría haber una demanda contra el Estado por el caso.
A principios de este mes, la Sala Quinta de lo Contencioso y Administrativo declaró la nulidad del contrato de usufructo oneroso para la concesión de un área de Puerto Quetzal, suscrito en el 2012 entre el gobierno del extinto Partido Patriota (PP) y TCQ, por considerarlo ilegal.
“PGN no es experta en determinar el daño, por esa razón se le pidió a la Corte que hiciera la condena en costas que esa deviene de la propia nulidad del contrato, es la consecuencia lógica de una nulidad absoluta del contrato y se le había pedido que ese monto se definiera por expertos”, expresó Morfin.
Sin embargo, Morfin recordó que aún no existe una nulidad total del contrato, además, explicó que un tribunal manifestó que no tiene competencia para definir un monto por los daños y perjuicios, lo cual la PGN calificó como “absurdo”, añadió la Procuradora.
“Lo que estamos planteando –es– una aclaración y ampliación y si es necesario nos iremos a casación, pero esto es algo que era lógico como consecuencia de la declaratoria de nulidad”, indicó.
La PGN explicó que cuando la sentencia quede firme todos los bienes en uso de parte de TCQ serán revertidos, ya que esa es otra de las consecuencias de la declaratoria de nulidad.
Morfin aseguró que esperan que la Sala amplíe la sentencia para que los daños y perjuicios de la empresa contra el Estado tengan competencia y paguen una reparación económica de acuerdo al análisis de expertos portuarios.
La PGN resaltó que también se podría presentar un recurso de casación ante la Cámara Civil de la Corte Suprema de Justicia, para agotar todos los procedimientos legales y asegurar una indemnización de parte de la empresa.
RIESGO DE DEMANDA INTERNACIONAL
Morfin comentó que se corre el riesgo de una demanda internacional, sin embargo, aseguró que la PGN defenderá al Estado si se llegar a dar, y recordó que el proceso de concesión es considerado ilegal, al no seguir los pasos que se establecen en la ley.
“Se hizo un usufructo oneroso que no es la figura jurídica que de conformidad con la ley corresponde, y por esa razón habíamos propuesto a la empresa que ella pagara una reparación al Estado por haber actuado de una manera ilegal”, reiteró.
Asimismo, destacó que la empresa intentó revertir disposiciones que se tenían en el contrato, como por ejemplo que el Estado de Guatemala recibiera al final del plazo unas grúas y la contratación de una máquina de Rayos X para evitar el contrabando en los puertos.
