POR JOSÉ DEL ÁGUILA
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Desde el viernes 8 de diciembre, “La Hora” solicitó al departamento de Comunicación Social del Organismo Judicial (OJ) el listado de magistrados y magistradas que votaron por rechazar “in limine” el antejuicio que promovió el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) contra el juez Mynor Moto. Sin embargo, hasta la fecha no ha habido respuesta alguna.
Ese mismo viernes, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó, por unanimidad, las sindicaciones que se hacían contra el juez Moto, titular del Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal, por prevaricato y retardo de justicia. Al consultarle al portavoz del OJ, Ángel Pineda, los nombres de los togados que participaron en el pleno, indicó que no los tenía, pero que podía averiguar.
Durante la semana pasada se requirió al portavoz de forma insistente, pero dijo que aún no contaba con la información solicitada.
La Hora ya requirió los nombres por medio de una solicitud de acceso a la información pública.
Según la Ley de Acceso a la Información Pública, el OJ deberá responder a la solicitud en un plazo máximo de diez días. En su respuesta podría entregar la información requerida o negarla argumentando que es de carácter confidencial o reservado. También podrá pedir una prórroga en caso “el volumen y extensión de la respuesta así lo justifique”, según establece la ley.
Al momento en que la información sea remitida, se informará a los lectores los nombres de quienes optaron por no retirar la inmunidad a Moto.
OJ DEBERÍA FACILITAR INFORMACIÓN
Silvio Gramajo, experto en temas de acceso a la información pública, dijo que, por la naturaleza de la información solicitada, el OJ no debería de tomarse el plazo máximo de diez días para proporcionarla.
“Una forma de trabajar en pro de la transparencia es que los plazos para la entrega de información pública se reduzcan al mínimo, eso es ser coherente”, dijo.
Asimismo, Gramajo indicó que el OJ, con miras a la transparencia, debería anticiparse a subir los nombres de los magistrados y no esperar a que sean requeridos vía información pública.
“¿Por qué tienen que esperar a que esa resolución la pidan por información pública y por qué no la suben a la página web? Eso es ser transparente. (…) Desde la perspectiva comunicacional, lo que estamos enfrentando es un Organismo que trabaja de manera opaca, porque si no favorece el trámite de la información hacia sus fuentes es porque no le interesa informar”, puntualizó.
CASO
El MP y la CICIG buscan investigar al juez Moto por presuntamente haber beneficiado, de forma arbitraria, a sindicados en el Caso Bufete de la Impunidad, entre quienes figura la jueza Marta Sierra de Stalling.
