Por Sonny Figueroa
sfigueroa@lahora.com.gt
Durante este año, trabajadores de la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) se han visto relacionados en casos de asesinato, fugas o intentos de ingresar ilícitos a las cárceles. Según una especialista en seguridad, un factor importante que impulsa a los trabajadores a involucrarse en actos anómalos son las amenazas que reciben por parte de reclusos y el bajo sueldo que perciben.
De enero a la fecha, 26 trabajadores del Sistema Penitenciario han sido detenidos por usar sus puestos para cometer ilícitos. En el 2016, fueron 36 los servidores públicos de la DGSP que fueron aprehendidos y llevados frente a la justicia. Rudy Esquivel, portavoz de la institución penitenciaria dijo que en la mayoría de ocasiones son los guardias quienes se ven involucrados en ilegalidades.
“Algunos -guardias- han sido detenidos por ingreso, facilitación de medios para el ingreso, tenencia de artículos prohibidos que se los entregan a los privados de libertad y en menor caso por órdenes de captura”, explicó Esquivel.
SEÑALADOS EN INVESTIGACIONES
El 11 de mayo fueron capturados el Alcaide, el jefe de seguridad y seis guardias del Sistema Penitenciario que estaban asignados a la cárcel Mariscal Zavala. A ellos se les vincula de ayudar a Marixa Lemus Pérez alias La Patrona a fugarse de ese recinto.
Recientemente, el 4 de diciembre, tres agentes penitenciarios fueron capturados sindicados de haber coordinado con pandilleros la muerte de José María Pérez Corado, director de la cárcel de máxima seguridad El Infiernito, en abril pasado. Las investigaciones preliminares dan cuenta que Pérez Corado no permitió privilegios a los reclusos y estos ordenaron su muerte la cual se concretó con la ayuda de los guardias.
AMENAZAS Y BAJO SUELDO SON LA CAUSA
A decir de Lorena Escobar, experta en temas de seguridad de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), uno de los problemas que incide en que los guardias cometan delitos es que se ven amenazados por los privados de libertad, en su mayoría pandilleros. La analista agrega que otro factor es el bajo sueldo de los agentes, lo cual influye en que acepten recibir dinero a cambio de cometer delitos.
“Existe una escasa carrera profesional dentro de la institución. No existe una evaluación del desempeño, pero sobre todo no hay alicientes económicos. Además, los guardias están expuestos por las amenazas que reciben”, anotó Escobar, quien dijo que se necesitan acciones de parte de la institución penitenciaria que brinden mejores condiciones a los guardias. Agregó que no es necesario reformar la Ley del Régimen Penitenciario, sino implementar normas que mejoren los controles de seguridad.
LLAMADAS DESDE LAS CÁRCELES
En dos años -2016 y 2017-, la Dirección General del Sistema Penitenciario ha consignado a 49 privados de libertad por tener artículos prohibidos dentro de las cárceles, en su mayoría relacionados con objetos de comunicación como chips o teléfonos celulares.
En declaraciones pasadas el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Nery Ramos dijo que el 90 por ciento de las llamadas por extorsión salen de los centros carcelarios. Sobre eso el Ministro de Gobernación, Francisco Rivas solicitó a las empresas de telefonía que cumplieran su labor social bloqueando las llamadas que provienen de las prisiones.
Actualmente el Gobierno está trabajando en un nuevo modelo penitenciario. Sin embargo, este no apunta a reformar la Ley Orgánica del Régimen Penitenciario o presentar proyectos que obligue el bloqueo de señal telefónica en los centros carcelarios.
