POR JOSÉ DEL ÁGUILA
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Nueve empresarios de la construcción sindicados en el Caso Construcción y Corrupción, los Negocios del Micivi llegaron a un acuerdo con la Fiscalía, que consiste en aceptar los hechos que se les imputan a cambio de resolver su situación jurídica mediante un “procedimiento abreviado”, informó Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI).
Los sindicados con los que se llegó al acuerdo son: Álvaro Mayorga Girón, Juan Luis Tejada Argueta, José Luis Rodrigo Agüero Urruela, Raúl Eduardo Cuevas Alvarado, Rafael Ángel Díaz Fión, Rafael Ángel Díaz Samos, Jesús Augusto García Ibáñez, Pedro Luis Ramón Rocco Arrivillaga y Allen Robert Krebs Wickfors.
El jefe de la FECI explicó que dentro del acuerdo, regulado en el Código Procesal Penal, se establece que la pena a imponer a los empresarios no será mayor a cinco años de prisión. Sin embargo, la titular del juzgado de Mayor Riesgo “D”, Erika Aifán, aún debe decidir si acepta o no el acuerdo al que llegaron ambas partes.
En tanto, la Fiscalía solicitó un procedimiento común para otros 24 acusados.
Los nueve empresarios fueron ligados a proceso penal el pasado agosto por el delito de cohecho activo, según resolvió la jueza Aifán durante la audiencia de primera declaración.
PRESENTAN ACUSACIÓN
La solicitud de los procedimientos abreviados se presentó hoy junto con la acusación formal contra 33 personas sindicadas en este caso. Carlos Vides, fiscal a cargo de la investigación, explicó que el escrito de acusación cuenta con 10 mil folios, aproximadamente.
Ahora, la jueza Aifán deberá fijar una fecha para la audiencia de etapa intermedia, en la que las partes discutirán si existe o no fundamento para que los sindicados enfrenten un juicio oral y público por los hechos que se les imputan.
CASO
Según las investigaciones del MP y de la CICIG, Alejandro Sinibaldi, exministro de Comunicaciones, tenía a su servicio un grupo de tres empresas de cartón (Constructora Benelli S.A., Constructora Agua Azul, S.A. y Agropecuaria El Florido, S.A.) que le servían para captar sobornos de empresarios de la construcción.
A cambio, Sinibaldi les ofrecía a los constructores el pago de una deuda de arrastre que les debía el Estado o la concesión de obra pública. Los sobornos suman más de Q69 millones, según la Fiscalía.
Por este caso se encuentra prófugo de la justicia Sinibaldi y el exembajador de Guatemala en Washington, Julio Ligorría. Este último, según el MP, asesoró a la empresa Telgua para que otorgara un financiamiento electoral ilícito al Partido Patriota, por medio de las sociedades de Sinibaldi, a cambio de no pagar una deuda de 300 millones de dólares a Tigo.
